Si hay que decir quiénes han hecho tan poco por la discapacidad en la provincia de Mendoza fueron justamente las dos últimas gestiones de Cambia Mendoza. Alfredo Cornejo no solo fogoneó el recorte de fondos nacionales a este sector vulnerable de la sociedad, sino que fue cómplice de no pagar en tiempo y forma los subsidios a los transportistas y coberturas vinculadas a la discapacidad. Ni hablar que ese mismo gobernador tampoco lanzó un plan de inserción laboral para las mendocinas y mendocinos con discapacidad.
Rodolfo Suarez, en cambio, tiene algunos puntos a favor. Como intendente de la ciudad de Mendoza presentó un plan de inserción laboral para ciudadanos con discapacidad, no obstante, fue solo un maquillaje «temporal», ya que una vez que cerraba el ciclo de meses acordado inicialmente, no se le renovaba el puesto quedado descartados y fuera nuevamente del sistema.
Pero Rody también tiene una maldita costumbre de «no dialogar» (a pesar que su slogan mediático sea «Gobierno de Diálogo») y designar los puestos «a dedo» y sin consensos, salvo los que él les impone a sus palomas. Un claro ejemplo de ello es el papelón institucional en el escenario Judicial, violando las mismos artículos de la Constitución de Mendoza, del sketch armado sobre la designación de la «abogada no ejercida» María Teresa Day.
Otro pase nefasto de la comedia mendocina es la permanencia del «ñoqui» de los gobiernos de Cornejo y Suarez, el licenciado Juan Carlos González, que desde hace más de dos años sigue ocupando un lugar que en los papeles legales ya estaba terminado, el «NO cargo» como un fantasmal Defensor de las Personas con Discapacidad de Mendoza. Un cargo que legalmente está vacío, sin gestión, sin designación… pero que el muchacho, sin hacer nada, cobra todos los meses un buen billetín: unos nada despreciable $195 mil mensuales, bancados «solidariamente» por el bolsillo de todos los mendocinos y las mendocinas.
Ahora el Gobierno de Mendoza va en camino a otro papelón institucional gracias al proyecto de ley del senador radical Marcelo Rubio, uno de los legisladores de mayor confianza del gobernador Rodolfo Suarez, y acompañado en la firma por los senadores Fernando Alin, Héctor Bonarrico, Alejandro Diumenjo , Ernesto Mancinelli , Pablo Priore y Juan Carlos Jaliff, que intenta modificar el mecanismo de selección del Defensor de Personas con Discapacidad solicitando que sea el Ejecutivo (en este caso Rody Suarez) quien proponga (a dedo) el cargo y sean aprobados por el voto de simple mayoría en el Senado.
Básicamente plantea que el titular de la Defensoría de las Personas con Discapacidad sea designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado y no a través de la votación de los dos tercios (2/3) del total de los miembros presentes en una Asamblea Legislativa especial convocada con 10 días de anticipación. De esta manera, el radicalismo se jacta, más allá de los méritos del seleccionado, que este método sería más dinámico, inclusivo, accesible y acorde a los tiempos actuales.
Asimismo, también se deroga el proceso de registro para que los ciudadanos postulen a candidatos al cargo, y delega en el Gobernador la facultad de designar a la persona candidata.
No obstante, las asociaciones vinculadas al tema discapacidad en la provincia sostienen que la misma «debe garantizar que la Defensoría funcione como órgano contralor y veedor de derechos ya establecidos sin responder al gobierno de turno. Algo que en la actualidad no sucede».
«Denunciamos el doble discurso por parte del Gobierno Provincial que por un lado dice ‘defender la transparencia y el ingreso por concurso’ pero en esta situación pretende forzar la designación de un Defensor afín a su ideología político-partidaria modificando las normas de elección» sostiene en un comunicado el Colectivo de Personas con Discapacidad .
Lo que se intenta es bloquear la posibilidad de contar con un mecanismo transparente, objetivo y participativo por lo menos de las fuerzas políticas con representación parlamentaria.
El papelón institucional
Juan Carlos González ocupa el cargo de Defensor de las Personas con Discapacidad, desde el 8 de mayo del 2013, fecha en la que fue elegido por la decisión unánime de los legisladores de respetar el orden de mérito determinado por la Comisión Bicameral encargada del proceso de selección.
Según la Ley Provincial 8345, dura 5 años en sus funciones y entre las causales de cese se encuentra el vencimiento del mandato, que ocurrió hace más 2 años.
En el año 2018 se realizó el proceso de selección por una Comisión Bicameral donde todas las fuerzas políticas estaban representadas, se evaluaron antecedentes, avales y se evaluó individualmente a cada postulante con una entrevista donde se planteó la resolución de casos.
En marzo de 2019 Se convocó la Asamblea para ratifique el resultado del proceso realizado con la designación efectiva de Germán Ejarque y Andrea Mohammad, por ocupar los primeros lugares en orden de mérito.
En una sesión atravesada por el escándalo, la Legislatura no alcanzó la mayoría especial y no avanzó en la designación del nuevo Defensor de Personas con Discapacidad, ya que el candidato con mayor puntaje (Ejarque) obtuvo la misma cantidad de votos que el candidato de Alfredo Cornejo (González) que obtuvo el tercer lugar en orden de méritos.
De la Asamblea Legislativa quisieron participar muchas personas con discapacidad y sus familias que pedían se respetase el orden de méritos y denunciaban que González no intervenía en las denuncias cuando quienes vulneran los derechos son funcionarios de su mismo signo partidario, pero el oficialismo ordenó cerrar el recinto.
Germán Ejarque, comentó que antes de la Asamblea representantes del radicalismo ofrecieron llegar a un acuerdo que incluyera a González pero que él lo rechazó al sostener que «Ocupar un lugar donde uno debe estar del lado de los vulnerados por un acuerdo político le quita seriedad y objetividad al organismo».
El entonces presidente del bloque radical en Diputados, César Biffi, declaró a la prensa que no habría otra convocatoria a Asamblea Legislativa de elección hasta que el Frente Cambia Mendoza no consiga los votos que garanticen la continuidad de «el amigo» González.
Hoy «inventan» esta reforma para designar a dedo y conveniencia propia a algún personaje «sin méritos» que se haga cargo de un área tan específica y sensible de la sociedad.
Sin dudas, una reforma que empeora y alienta «al acomodo político» que a gestionar por los más necesitados ¿Eso es un Gobierno de Diálogo y Transparente?
