Cara de Piedra: Sergio Marinelli, 9 años como «gobernador del agua de Mendoza» y ante el desastre cloacal en el Gran Mendoza dice «La problemática está. Lo que hay que hacer, para mí, es tener un plan a largo plazo»… como opinador que no tiene nada que ver…

Actualidad Mendoza

Así como lo ven, Sergio Marinelli lleva 9 años como Superintendente General del Departamento General de Irrigación de Mendoza, tras asumir originalmente su cargo el 26 de abril de 2017 a través del Decreto 559 firmado por el entonces gobernador Alfredo Cornejo, en su primer mandato. El 4 de mayo de 2022, el siguiente mandatario, Rodolfo Suarez, le tomó juramento para su segunda gestión y hoy sigue vigente en el segundo mandato de Alfredito… es decir… su tercera gestión como «gobernador del agua» de Mendoza, es decir, quién administra el recurso natural vital para el funcionamiento de la agricultura y la minería de la provincia, y principal motor de la calidad de vida de los habitantes.

¿Tiene algo que ver con los caños explotados que se ven en las calles del Gran Mendoza? Si y mucho… porque de esa manera se pierden millones de litros de agua derrochados por mala administración y mantenimiento de la red de caños. Ni hablar de las redes cloacales explotadas que están padeciendo la salud de cientos de vecinos a diario.

El desastre ambiental que tiene en vilo a quienes viven en Los Corralitos, en Guaymallén, tuve una serie de movimientos que podrían derivar en la imputación tanto de Humberto Mingorance, titular de Aysam, como de miembros del directorio.

La contaminación con desechos cloacales comenzó -al menos- hace cinco años en la intersección de las calles Severo del Castillo y 2 de Mayo. Los vecinos de la zona denunciaban que las calles se inundaban con los efluentes cloacales de una colectora obstruida que transporta los líquidos cloacales de más de 600.000 mendocinos (Luján, Maipú, Guaymallén y parte de Godoy Cruz).

Un informe de análisis de agua llevado a cabo por la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) a pedido de los vecinos arrojó resultados que confirman contaminación en las muestras tomadas de las casas.

Las muestras -incorporadas a la causa por la ONG Fiscalía Ciudadana- fueron recolectadas en distintos puntos y los resultados arrojaron conclusiones diferentes. En algunos casos se determinó que el agua era apta para el consumo humano, pero -en otros- lo opuesto. El trabajo lleva la firma del director del Instituto de Procesos Físicos, Químicos y Biotecnológicos, José Alberto Cantero.

El dato del informe que genera preocupación es que no es apta para consumo el agua proveniente de un grifo de cocina de una vivienda situada en la calle de 2 de Mayo. Ocurrió lo mismo con una muestra de un pozo de 30 metros de profundidad en la misma calle, a metro de Severo del Castillo y se detectó Escherichia Coli. A su vez, se detectaron altísimos niveles de contaminación en un canal de desagüe (efluente cloacal) y el canal de riego de Severo del Castillo.

El colapso de la Colectora Máxima Noreste, también derivó en una sanción sin antecedentes recientes contra Aysam. El Departamento General de Irrigación aplicó una multa de $120 millones tras detectar vuelcos clandestinos en canales de riego y descargas de efluentes en la vía pública de Los Corralitos.

La sanción quedó plasmada en la resolución 481, del 11 de mayo, que evaluó el expediente caratulado “Vuelco cloacal Severo del Castillo y 2 de Mayo (Ramo 12)”.

El superintendente general de Irrigación, Sergio Marinelli, habló tras la histórica multa de $120 millones aplicada a Aysam. El funcionario detalló el nuevo esquema de penalidades, le puso plazos a las obras de mitigación para los vecinos afectados y fijó una postura respecto al pedido de imputación penal que pesa sobre Humberto Mingorance, titular de Aguas Mendocinas.

Al explicar los motivos que llevaron al organismo a aplicar una sanción de tal magnitud (100.000 Unidades Fiscales de Agua), Marinelli precisó que responde a las modificaciones de la normativa vigente. “Tenemos un procedimiento que se han fijado multas con aumento. Antes el máximo era de un millón. La ley cambió, se estableció un esquema de unidades que equivalen a pesos y, en la medida que se reitere una problemática, la metodología implica ir escalando en montos”, señaló al medio El Sol.

En ese sentido, argumentó que “si bien es significativa la multa, tiene que ver con un proceso en el cual se dio algo que no estaba permitido, que es el vuelco al Ramo 12, ya que no autorizamos nosotros hacerlo al Pescara”.

Pero lo curioso es que Marinelli, con sus 9 años de Superintendente del Agua catalogó lo ocurrido en Guaymallén como “un problema estructural de muchos años” y marcó distancia de los diagnósticos previos de Aysam: “Mi única diferencia con los criterios que ha tenido Aysam es que acá no hay corto plazo. Ese fue el error. ¿Puede disminuir el problema para esos vecinos? Sí, puede variar, pero también puede volver porque las causas que generan el problema no han desaparecido ya que hay cloacas rotas aguas arriba del colector Tirasso. Eso no ha llegado todavía, la pendiente sigue sin existir y las lluvias van a seguir estando -quizás con mayor intensidad-y se siguen construyendo casas”.

¿El cornejismo, con 11 años al frente de la administración de la provincia de Mendoza podría haber evitado esta realidad de desastre ambiental si hubiera invertido en obras? Claro que sí. Hoy ya es tarde y cada día hay un nuevo colapso por no haber trabajado en la renovación de las redes… un capítulo más de «funcionarios que no funcionan».

Sobre el padecimiento de ruidos, olores y derrames, Marinelli detalló que se articuló una mesa de trabajo junto a Aysam, la Subsecretaría de Ambiente y la Municipalidad de Guaymallén. En lo inmediato, se autorizó el desvío controlado de los efluentes que saturaban el Ramo 12 (calle Severo del Castillo) hacia un campo de derrame ubicado 6 kilómetros al norte, mediante un acuerdo privado de Aysam con propietarios.

“Eso se debe entubar para que no se mezcle con el agua de riego”, remarcó, aclarando que al estar en período de corta no debería haber riego, y que ya se notificó a esas propiedades y canales de aguas abajo (Colonias y Tulumaya) que nadie debe utilizar esa agua.

Como mirando de afuera, detrás de un vidrio empañado, para el opinólogo Marinelli, la crisis actual es el resultado de décadas de desatención generalizada: “Hay que pensar en los intendentes que hubo, todos los profesionales que acompañaron… Quizás los gobernadores, los ministros de obras públicas, los inspectores de cauce y los superintendentes. No tiene sentido hacer esa revisión. La problemática está. Lo que hay que hacer, para mí, es tener un plan a largo plazo”.

Finalmente, al ser consultado sobre el pedido de los fiscales Gabriel Blanco y Sebastián Capizzipara imputar penalmente al presidente de Aysam, Humberto Mingorance -decisión que hoy está bajo análisis del fiscal Gustavo Pirrello-, Marinelli optó por tomar distancia, aunque relativizó el impacto real que tendría una eventual sanción judicial sobre el funcionario.

“Nosotros no tenemos que opinar de eso porque es una cuestión de la Justicia, pero sí puedo decir que la Justicia está en conocimiento y está preocupada por la situación”, introdujo, para luego rematar: “Si imputan a Mingorance, él renuncia o lo echan y viene otro, le va a pasar lo mismo. El líquido está y el problema es estructural. Entonces pareciera que con eso se arregla el problema, pero no. A quien le toque estar ahí va a sufrir las mismas consecuencias”.

Desde la oposición, Mario Vadillo, presidente del Partido Verde señala «Irrigación tiene facultades de policía administrativa sobre los cauces. Puede impedir físicamente el vuelco, clausurar el punto de descarga, retirar los equipos de bombeo, sellar las roturas en la mampostería del canal. Puede también —y debería— articular activamente con la fiscalía ambiental para que la imputación recomendada se transforme en imputación efectiva. Y puede instruir a las inspecciones de cauce para que actúen en tiempo real, no después de que el daño está hecho y los coliformes ya viajaron río abajo».

«La multa máxima a AYSAM es un titular fuerte, pero no resuelve el problema. Lo único que resuelve un episodio de esta gravedad es trasladar la responsabilidad de la persona jurídica a la persona física que decidió, y dejar de mandarle la factura al mismo vecino que tiene la cloaca en la puerta de su casa», argumenta Vadillo.

Sin dudas, el desperdicio y derroche de agua en Mendoza alcanza entre el 60% y el 70% del recurso hídrico disponible debido a una combinación crítica de conductas de consumo e infraestructuras colapsadas. La histórica falta de inversiones estatales y de las concesionarias privadas, sumada a la desproporcionada planificación urbana, mantiene al Gran Mendoza bajo un colapso sistémico de las redes de agua potable y cloacas

Marinelli habla como si no tuviera nada que ver en medio de este desastre y el derroche de agua, no solo en Guaymallén, sino en toda Gran Mendoza. La ineficacia en la gestión cornejista genera graves pérdidas técnicas en las calles y severos conflictos ambientales y sanitarios. Mansita la Mendoza.

Con información de El Sol