El 24 de marzo de 1976 un golpe de Estado inauguró el período más oscuro de la historia contemporánea de Argentina. Durante casi ocho años, hasta diciembre de 1983, las Fuerzas Armadas ejercieron el poder mediante el terrorismo de Estado: secuestraron, torturaron y desaparecieron a miles de personas, operaron una red de más de 800 centros clandestinos de detención y robaron a centenares de niños. 50 años después, repasamos los datos más relevantes para entender la magnitud del terror.
Las Fuerzas Armadas desaparecieron a miles de personas de forma ilegal y clandestina. Pero cuantificar con exactitud el horror nunca ha sido sencillo, más aún sin la información de los propios perpetradores. Ante esa imposibilidad, los organismos de Derechos Humanos estimaron que fueron cerca de 30.000 las personas que nunca aparecieron tras ser secuestradas durante la dictadura. Esa cifra con el tiempo se convirtió en grito, en consigna, en tatuaje y en bandera de la lucha por la memoria y la justicia.
La Justicia argentina probó en diversos expedientes judiciales desde el retorno de la democracia y desde la reapertura de los juicios, en 2006, que la dictadura llevó a cabo un “plan sistemático de exterminio” que incluyó las desapariciones de personas, las torturas, el robo de bebés y la utilización de centros clandestinos de detención.
Sin embargo, no se arribó, ni en los tribunales, ni en los registros oficiales dependientes del Poder Ejecutivo Nacional, ni en los organismos de derechos humanos, a una cifra definitiva y cerrada de la cantidad de personas que fueron desaparecidas.
Esto se debe a que es el propio Estado argentino quien tiene la responsabilidad de decir con exactitud cuántos desaparecidos hubo (y hay) en el país. Fue la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que expresó, en un fallo de 2018, que “el juzgamiento de los hechos perpetrados durante el terrorismo de Estado ha afrontado dificultades excepcionales derivadas, en parte, del dominio de las estructuras estatales que -durante años- tuvieron sus autores, y también de las múltiples medidas que fueron articuladas para evitar represalias futuras y garantizar impunidad”. Es decir, que las Fuerzas Armadas se encargaron de dificultar y negar el acceso a dicha información.
Desde el histórico Juicio a las Juntas en 1985 hasta la fecha, los tribunales argentinos han dictado 361 sentencias, un número que refleja la persistencia de los organismos de derechos humanos y de un Poder Judicial que, pese a las presiones políticas, logró sostener la continuidad de los procesos. Actualmente, el sistema mantiene 12 juicios orales en trámite, una cifra que se percibe escasa frente al volumen de causas pendientes y el avanzado promedio de edad de los imputados.
El saldo cuantitativo de este proceso arroja un total de 1.231 condenados. Sin embargo, la contracara de estas sentencias es la cifra de absoluciones, que ya superan las 200, lo que evidencia el rigor de la prueba exigido en los debates orales y desmiente la teoría oficial de una «persecución ideológica» sin fundamentos jurídicos.
El informe de la Conadep: 8.961 desaparecidos y “una lista abierta”
La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) fue un organismo creado por el entonces presidente, Raúl Alfonsín (Unión Cívica Radical), en diciembre de 1983, a pocos días de asumir, con el objetivo de esclarecer los hechos ocurridos en nuestro país durante la última dictadura.
Durante 9 meses, desde la creación del organismo hasta septiembre de 1984, cuando entregó sus conclusiones, la Comisión que presidió el escritor Ernesto Sábato recibió denuncias y pruebas sobre el destino y paradero de los desaparecidos, aunque no tenía la función de juzgar, sino de presentar la información recopilada a la Justicia para que sea investigada. Esta documentación sirvió de base probatoria para el Juicio a las Juntas.
La Conadep elaboró un listado de 8.961 desaparecidos. Sin embargo, a esa cifra le siguieron muchas aclaraciones del propio organismo: “Es -inevitablemente- una lista abierta. Fue confeccionada sobre la base de las denuncias recibidas por esta comisión -consta el número del respectivo legajo- y compatibilizada a su vez con las ya producidas por organismos nacionales e internacionales”.
Un informe de EE.UU. dice que hubo 22.000 desaparecidos
Pese a haber sido advertido de que en Argentina aumentaría la represión y correría sangre, ex jefe de la diplomacia estadounidense Henry Kissinger pidió a sus funcionarios «alentar» a la dictadura militar en el país, apenas dos días después del golpe de Estado de 1976, indicó un documento desclasificado y difundido ayer en Washington.
La orden de Kissinger figura en una serie de papeles divulgados por el Archivo de Seguridad Nacional, una organización no gubernamental de Estados Unidos, a propósito del 30ø aniversario del golpe militar. El material incluye una estimación de inteligencia chilena según la cual el total de personas asesinadas y desaparecidas en Argentina alcanzaba a 22 mil en 1978.
«Los quiero alentar», dijo Kissinger sobre los golpistas argentinos durante una reunión con su personal el 26 de marzo de 1976, según el acta desclasificada de esa reunión, que ofrece la prueba más temprana sobre la reacción del gobierno de Gerald Ford al quiebre institucional.
El comentario del entonces secretario de Estado norteamericano se produjo apenas después que su adjunto para América latina, William Rogers, le advirtiera sobre los planes violentos de quienes acababan de instalarse en poder argentino. «Tenemos que esperar un nivel considerable de represión, probablemente una buena cantidad de sangre, en Argentina durante de mucho tiempo», pronosticó Rogers.
También anticipó que los militares argentinos «van a tener que caer muy duro no sólo sobre los terroristas sino sobre los disidentes de los sindicatos y sus partidos». «El punto es que en este momento no debemos salir corriendo a abrazar a este nuevo régimen -que dentro de tres o seis meses va a ser considerablemente menos popular con la prensa», advirtió Rogers.
«Pero tampoco debemos hacer lo contrario», replicó Kissinger, según el documento. «Oh, no; obviamente que no», acordó Rogers. Explicó que enviarían una nota formal de reconocimiento a las nuevas autoridades argentinas, pedida por éstas, pero el embajador estadounidense en Buenos Aires, Robert Hill, mantendría «la boca cerrada».
Entonces Kissinger marcó la línea a seguir. «Cualquiera sea la chance que tienen (los militares argentinos), van a necesitar un poco de aliento de nosotros», dijo. «Los quiero alentar, no quiero dar la sensación de que están hostigados por EE.UU.», insistió.
Otro documento divulgado por el Archivo de Seguridad Nacional aporta luz sobre la cantidad de desaparecidos en la dictadura. La cifra nunca fue establecida con precisión y oscila entre los 9.089 contados por la Comisión Nacional sobre Desaparecidos y los cerca de 30 mil que estiman defensores de derechos humanos.
Según la ONG, Enrique Arancibia Clavel, un agente de inteligencia chileno que estaba destacado en Buenos Aires, envió por escrito en 1978 la «lista de todos los muertos» en Argentina, que incluía datos oficiales y no oficiales recabados en el Batallón 601 del Ejército. «Se tienen computados 22.000 entre muertos y desaparecidos, desde 1975 a la fecha», informó el agente bajo el seudónimo de Luis Felipe Alemparte Díaz. El documento fue obtenido en los archivos judiciales argentinos por el periodista estadounidense John Dinges para su libro «Los años del Cóndor».
Las viejas recetas económicos de Martinez de Hoz volvieron con Milei
A 50 años del golpe, el ajuste, la parálisis productiva y el desmantelamiento del Estado no son hechos aislados: configuran un proyecto que impacta sobre el trabajo, la ciencia, las juventudes y la vida cotidiana, en un escenario de creciente desigualdad y disputa por el sentido.
La comparación entre el programa de Javier Milei y el de José Alfredo Martínez de Hoz se basa en una estructura económica que prioriza la apertura comercial irrestricta, la desregulación de mercados y una drástica reducción del gasto público, elementos que críticos y centros de estudio como el CELAG definen como un mismo «ADN» neoliberal.
Ambos modelos comparten la premisa de que el Estado es el principal obstáculo para el crecimiento, promoviendo la eliminación de subsidios, la privatización de empresas públicas y un esquema de endeudamiento externo que sitúa al sistema financiero por encima de la producción industrial nacional.
Nada de esto es casual ni aislado: es parte de un mismo proceso. La crisis productiva, el ahogo de las economías regionales y el deterioro del entramado económico expresan una lógica que avanza sobre el conjunto de la producción nacional.
Pero a ese cuadro se suma algo más profundo: una parálisis creciente de la economía real. En los últimos años, miles de empresas (sobre todo pequeñas y medianas) cerraron sus puertas, mientras cientos de miles de trabajadores fueron expulsados del empleo formal o empujados hacia la informalidad.
Sin embargo, la gran diferencia radica en el origen del poder y la profundidad monetaria: mientras que Martínez de Hoz ejecutó sus reformas bajo el amparo de una dictadura militar utilizando la «tablita» cambiaria, Milei lo hace bajo un mandato democrático con una agenda que incluye la dolarización, una medida que incluso supera en radicalismo a los planteamientos de finales de los años 70.
La historia argentina muestra que los ciclos financieros, los de apertura indiscriminada de importaciones y endeudamiento externo suelen ir acompañados de desindustrialización, caída del salario real y crisis sociales profundas. También muestra que esos procesos rara vez terminan de manera estable.
No fue “homogéneo” el rol de la Iglesia durante la dictadura
El titular de la Conferencia Episcopal Argentina y arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, se refirió al 50° aniversario del golpe cívico-militar y consideró que más allá de la necesaria evocación que haría, el extinto Papa Francisco “propondría una mirada sobre el presente y la necesidad de fortalecer la atención a los más débiles y vulnerables, y de cuidar los extremos de la vida, los descartados, los pequeños”.
“Por el carácter tan práctico y a la vez de tanta iniciativa y proactividad de Francisco, además de una evocación necesaria y justa, nos invitaría a esa siempre más democracia justa”, reforzó en declaraciones a Perfil.
“Tengo que decir que yo tuve la gracia de pertenecer a la diócesis de Quilmes, de un obispo, Jorge Novak, que tuvo una destacada actuación en aquellos años y que fue, por eso, para mí verdaderamente modélico en cuanto a la presencia de una Iglesia que, en medio de la sociedad, escucha, atiende los dolores y necesidades y gestiona ese momento, haciéndose presente en el reclamo, como lo hacía en la formación de organismos como el MED, Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos”, contextualizó el exobispo de Nuevo Orán.
De todos modos, reflexionó: “Lamentablemente sabemos que esto no fue homogéneo. Como parte de la sociedad, se vivieron las contradicciones propias de ese tiempo. La espiral de violencia, la confusión, en muchos casos la irrupción, no solo de un gobierno militar, sino de una política económica, junto con ese gobierno militar, que condicionó severamente la vida argentina para los próximos decenios. Creo que en todos los casos hubo situaciones de silencio, falta de visión, confusión, perplejidad, como decimos; pero hubo también mucha valentía y hasta martirio”.
Acto seguido, evitó emparentar al actual gobierno con el programa económico de la dictadura: “Fundamentalmente sabemos que algunos elementos de las políticas liberales pregonan un libre intercambio, la ausencia o el corrimiento del Estado de algunas funciones esenciales. Es difícil hacer una asimilación completa, porque no corresponde: estamos en un gobierno elegido democráticamente”.
“Pero sí podemos decir que hay medidas que pueden generar más recesión y más pobreza, y eso es lo que nos preocupa. La analogía con los cierres de fábricas de aquel tiempo o de aquellos años, con estas últimas cosas que escuchamos, nos ponen en una atención y en una evocación más dolorosa”, alertó Colombo.
Por último, evaluó que “la crisis, sobre todo la de 2001, y el lugar que la Iglesia ocupó, justamente de la mano de Jorge Mario Bergoglio, pero con otros protagonistas no menos importantes, nos hizo notar que había una misión que desempeñar que, junto a lo estrictamente evangelizador, se concretaba también en una mayor participación en la asistencia, la promoción y en el cuidado de la dignidad de las personas”.
“En este sentido, creo que fueron esos años de mucha fragilidad, una verdadera escuela para renovar las estructuras de servicio de la Iglesia en Argentina”, completó.
