La marcha por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia de este 24 de marzo reunió a cientos de miles de personas en Plaza de Mayo y en distintos puntos del país, en una convocatoria que diversas organizaciones coincidieron en calificar como una de las más masivas de las últimas décadas. La conmemoración, atravesada por el 50° aniversario del golpe de Estado de 1976, combinó una fuerte carga histórica con consignas actuales frente al contexto político.
A medio siglo del inicio de la última dictadura cívico-militar, la Plaza de Mayo volvió a ser el epicentro de una movilización que desbordó sus márgenes y se extendió por varias cuadras del centro porteño. Desde temprano, columnas de organismos de derechos humanos, sindicatos, agrupaciones políticas y movimientos sociales comenzaron a concentrarse en una jornada que, por su magnitud, quedó entre las más convocantes del 24 de marzo desde el regreso de la democracia.
Monumental convocatoria de la marcha en Plaza de Mayo.
— El Justicialista (@_Justicialista) March 24, 2026
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La marcha estuvo encabezada por los organismos históricos, que leyeron un documento conjunto con eje en la defensa de las políticas de memoria, verdad y justicia y en la denuncia de retrocesos en materia de derechos humanos. “Que digan dónde están” fue una de las consignas centrales, en referencia a los desaparecidos, en un mensaje que volvió a poner el foco en las deudas abiertas del terrorismo de Estado.
A diferencia de otros años, la movilización combinó una fuerte impronta conmemorativa con una dimensión política más marcada. Diversos sectores cuestionaron el rumbo del gobierno nacional y alertaron sobre discursos negacionistas y medidas que, según señalaron, implican un retroceso en políticas construidas durante las últimas décadas.
El carácter masivo de la convocatoria fue uno de los datos salientes de la jornada. Las imágenes de la Plaza colmada y de avenidas completamente ocupadas por manifestantes reflejaron un nivel de participación que distintos actores compararon con las movilizaciones más grandes de la historia reciente en esta fecha.
Además de la concentración central en la Ciudad de Buenos Aires, hubo marchas en distintas provincias del país, replicando la consigna histórica de “Memoria, Verdad y Justicia” en un contexto que volvió a reactivar la movilización social en torno a la agenda de derechos humanos.
Histórica movilización en Mendoza
Organizaciones de Derechos Humanos, sociales, sindicales y políticas se movilizaron este 24 de marzo en Mendoza, en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, al cumplirse 50 años del Golpe de Estado de 1976.
La convocatoria central tuvo lugar en el microcentro de la Ciudad, con concentración en las inmediaciones del Kilómetro 0 y la Peatonal Sarmiento, desde donde la marcha se desplegó hasta llegar a la Casa de Gobierno.
A las 18.35 los organismos de derechos humanos con la gran bandera con los rostros de los mendocinos desaparecidos comenzó a avanzar lentamente mientras seguían llegando personas a la marcha. Abrazos, encuentros, cánticos, tambores, relevos con las banderas, se mezclaron durante una hora y media que tardó la cabeza de la movilización en llegar a la explanada de la Casa de Gobierno.
Una de las intervenciones más admiradas y aplaudidas fue la de las jubiladas y pensionadas de Jubypen que se sumaron a la iniciativa nacional de bordar a mano los nombres de los desaparecidos durante la última dictadura militar.
La movilización popular en Mendoza resultó también un hecho político. La Asamblea por el Agua de Guaymallén difundió un pronunciamiento bajo la consigna “La Memoria y el Agua No se Negocian”. En el texto, denunció la represión y persecución hacia vecinos y vecinas que defienden el agua frente a proyectos extractivos. “Frente a la represión, la persecución y el amedrentamiento del gobierno de Alfredo Cornejo que ha resultado en 32 presos políticos por defender el Agua, denunciamos las prácticas dictatoriales”, señalaron.
La Asamblea también cuestionó al presidente Javier Milei, a quien acusan de impulsar junto al Ejecutivo provincial un “despojo organizado” en beneficio de empresas mineras, como Minera San Jorge en Uspallata. En ese marco, reivindicaron el derecho legítimo a la protesta y convocaron a movilizarse “en defensa de nuestra Agua, por la Memoria de quienes soñaron un país más justo y fueron asesinadxs y desaparecidxs”.
La consigna “Nunca Más” fue resignificada en clave ambiental: “Nunca más presos por defender el agua. Nunca más terrorismo estatal para silenciar las voces de quienes defienden sus territorios”, remarcaron.
El mismo modelo, las viejas recetas
En Argentina la dictadura cívico militar realizó a sangre y fuego el primer ensayo de las ideas neoliberales desde la década de 1970. El ministro de Economía de la Dictadura del ’76, José Alfredo Martinez de Hoz dijo: “Sabemos que la misma naturaleza de la profunda transformación que estamos llevando a cabo, impide que podamos hacer hoy en esta ocasión, un balance total y global del mismo”.
Esa intentona de tapar el sol con un dedo, la tapó con la enumeración de los 12 puntos fundamentales de su proyecto económico. Es menester prestar atención a la cantidad de veces que dice la palabra ‘libertad’: “En primer lugar la libertad de precios, la eliminación de los controles de precios. En segundo término, la libertad de las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de cambio. Tercero, la libertad del comercio exterior con la eliminación de los monopolios a la exportación, por ejemplo de granos de carnes. Cuarto, la libertad de exportación a través de la eliminación de las prohibiciones y de los impuestos a las exportaciones. Quinto la libertad de importar, con la eliminación de las prohibiciones, cuotas, licencias y en la aplicación de un programa arancelario de reducción gradual sobre un periodo de 5 años”.
Martínez de Hoz seguía: “Sexto la libertad de las tasas de interés y la aplicación de la reforma financiera que abre el sector a la competencia interna y externa. Séptimo la liberación de los alquileres y la eliminación del control que afectaba la posibilidad de la colaboración de la construcción privada para contribuir a eliminar la escasez de viviendas producida por esa misma causa. Octavo, la eliminación de las tarifas políticas de los servicios públicos. Noveno la eliminación de los subsidios y las protecciones excesivas para ciertos sectores privilegiados de la economía que distorsionaban la misma. Décimo, la libertad de las contrataciones de los salarios sobre las bases de los salarios establecidos como mínimos por el Estado. Once la libertad para las inversiones extranjeras bajo reglas justas y sanas tanto para el interés nacional, como para los inversores y doceavo la libertad para la transferencia de tecnología en un marco que promueva y no obstaculice este movimiento fundamental para la modernización de nuestra economía de acuerdo a los más altos intereses nacionales”.
En este discurso de Martínez de Hoz se establecían también ajustes de tarifas que beneficiaron al sector industrial y en detrimento del consumidor particular, además anunció la reducción de aranceles de importación que terminó privilegiando a quienes adquirían insumos industriales y, sobre todo, se informó una liberalización que redujera los costos financieros.
Pero estas políticas fueron también aplicadas por Carlos Menem, por Fernando de la Rúa y luego por Mauricio Macri. La ley de entidades financieras (desregulación de la tasa de interés, liberalización de entrada y salida de capitales, etc), herencia de la dictadura, no fue modificada en lo esencial ni en lo cosmético. En 2010 Cristina Fernández promovió una modificación de la Carta Orgánica del BCRA para ampliar los objetivos y herramientas de la política monetaria, pero en ningún momento se planteó eliminar o modificar la normativa que regula a los bancos.
Por su parte, Javier Milei avanza con medidas similares a las que aplicó Martínez de Hoz, como la liberación de precios, ajuste fiscal, la derogación de la ley de alquileres (DNU) que dio vía libre a las inmobiliarias para aumentar los precios y establecer duras condiciones para los nuevos contratos. Una vez más el FMI respalda el saqueo en curso contra el pueblo argentino.
No hace falta ser un experto en economía para darse cuenta que los intereses de la casta económica que introduciría Javier Milei a nuestro país beneficiaría a las empresas y dejaría a los trabajadores sin poder acceso a un Estado que se ocupe de las necesidades más básicas de los y las argentinas. La sustitución de importaciones y el saqueo de nuestros recursos naturales, generan el cierre definitivo de empresas nacionales, pymes y afecta directamente a las provincias y sus economías regionales. Será tarea de cada uno, encontrar las diferencias entre los planes económicos de Martínez de Hoz y Milei. Memoria Activa!
