En medio de una relación tóxica que tiene el gobernador Alfredo Cornejo con el gobierno nacional de Javier Milei, los números en rojo se siguen acrecentando en una provincia que no despega.
Desde el comienzo de la Era Milei, el ministro de Hacienda de Cornejo, que conduce Víctor Fayad, viene marcando esta caída de los recursos coparticipables.
En su momento, Fayad informó que la baja para todas las provincias en 2024 fue de $6 billones, mientras que a Mendoza representó un rojo de $220.000 millones, equivalentes al pago actual de dos masas salariales.
El principal motivo de la caída no solamente se traduce en una baja de la actividad económica, sino también en algunas cuestiones «transitorias», tales como el pago que realiza Nación a las provincias del impuesto a las Ganancias, ya que en vez de recibir el 25% como anticipo en junio y luego porcentajes más chicos (8,3%), actualmente se recibe un porcentaje menor (11%) pero equivalente para todos los meses del año.
Pero no es lo único que cayó, ya que el Impuesto al Valor Agregado (IVA), tuvo una baja del 3% en términos reales a nivel nacional en el primer cuatrimestre del año, comparado con el mismo lapso del 2024.
En tanto, la provincia de Mendoza experimentó una caída real en la coparticipación federal durante gran parte del año 2025, a pesar de que los ingresos nominales se mantuvieron estables o crecieron ligeramente. Esta pérdida de recursos se debió principalmente a la alta inflación y a recortes específicos en transferencias discrecionales por parte del Gobierno Nacional.
Aunque la recaudación de Mendoza creció un 1,5% en 2025 en términos nominales, este crecimiento no fue suficiente para compensar la inflación, resultando en una pérdida de recursos reales y un poder adquisitivo menor de los fondos recibidos.
De esta manera, Mendoza enfrentó una caída en las transferencias nacionales automáticas en varios meses, como noviembre de 2025, mientras que otras provincias vieron crecer sus transferencias. En mayo de 2025, la coparticipación nacional registró una significativa caída real interanual del 26%.
Esta reducción afectó la financiación de obras públicas; por ejemplo, la coparticipación vial federal presupuestada para 2025 se redujo drásticamente en comparación con 2024. Para hacer frente a la falta de fondos, el gobierno provincial utilizó los recursos de coparticipación federal como garantía para la emisión de títulos de deuda (bonos TAMAR) para cancelar servicios de amortización de deuda previstos en la Ley de Presupuesto 2025.
A enero de 2026, el Gobierno de Mendoza enfrenta una situación financiera caracterizada por la necesidad de refinanciar deudas significativas para evitar desequilibrios fiscales. Uno de los puntos clave de sus «números» tienen que ver con la refinanciación de Deuda (Roll-over): El gobierno provincial ha iniciado gestiones para postergar vencimientos de deuda por $826.000 millones tras recibir la autorización del Gobierno Nacional. Solo para los vencimientos específicos de 2026, el presupuesto contempla refinanciar $354.000 millones.
Finalmente hoy el Gobierno nacional autorizó a Mendoza a colocar títulos de deuda por un total de $826 mil millones a través del decreto 11 del Ministerio de Hacienda y Finanzas y publicado este lunes en el Boletín Oficial.
Cabe destacar que la letra chica de la reforma laboral del Gobierno esconde un ajuste sin precedentes para las provincias. Gracias a las distintas modificaciones impositivas que contiene el texto, el monto para distribuir entre los distritos se reduciría en $ 1,9 billones, con gobernadores que comenzaron a sacar cuentas y a palpar el verdadero costo fiscal de la iniciativa libertaria. La provincia de Buenos Aires ocupa el primer puesto de las más perjudicadas.
El dato sobre el nuevo golpe a las arcas subsoberanas que ensaya la administración de Javier Milei, tras dos años cargados de ajustes, surge de cifras que recopiló la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (Aefip). Es el sindicato que nuclea a los trabajadores de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) cuyo jefe es Pablo Flores. Se trata de un dirigente de 50 años, integrante del consejo directivo de la CGT y que se caracteriza por tener buenos lazos con todas las tribus sindicales que componen la central obrera. Pero, fundamentalmente, por contar con muy buena materia prima sobre los números de recaudación impositiva.
Ni bien se conoció el texto de modernización laboral, el gremio comenzó a indagar los efectos en términos fiscales y elaboró un documento con esas cifras. Allí se plasman las cuentas de cuánto mermaría la recaudación de impuestos por los cambios tributarios y, por lo tanto, cuánto menos dejará de recibir cada provincia. Conforme a la ley 23.548, en la distribución de la masa coparticipable se le asigna a Nación un 40%, un 1% a los aportes del Tesoro Nacional (ATN) y un 59% para las jurisdicciones subnacionales.
En concreto, la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), una herramienta financiera para que el empleador prevea y afronte obligaciones indemnizatorias, implica 3 puntos de la masa salarial. Esto será financiado gracias a la reducción de 3 puntos en contribuciones patronales. Por lo que en las empresas tiene un impacto neutro, mientras que desfinancia al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el régimen público de reparto gestionado por la Anses.
El artículo 163 del proyecto es el que establece la reducción de Contribuciones Patronales de 20,4% a 17,4% para empleadores del rubro servicios y del 18% a 15% para el resto de los empleadores privados, siempre y cuando tengan trabajadores registrados. Un beneficio para el empleador, pero otra pérdida para la seguridad social.
Se menciona la reducción de Ganancias a sociedades, además de la suma de la derogación parcial de tributos internos, cuya recaudación termina en las finanzas provinciales. Allí se abarcan los de seguros, servicios de telefonía celular y satelital, objetos suntuarios, vehículos automotores y motores, embarcaciones de recreo o deportes, y aeronaves. Por eso el gremio concluye que el proyecto que consiguió dictamen en el Senado en 2025 es en realidad una reforma tributaria encubierta y que generará problemas en los ingresos en todas las provincias. Inconvenientes incluso en Nación, que dejaría de percibir, si el proyecto consigue sanción, casi $ 1,2 billones.
El distrito de Axel Kicillof lidera el ranking de los territorios que quedarían golpeados por la reforma, con una pérdida de reembolsos estimada en $ 397.257 millones. En el entorno del mandatario dicen que Milei siempre “hace demagogia con los recursos de las provincias, nunca tocan ningún impuesto que sea de recaudación nacional”.
El puesto 2 es ocupado por Santa Fe, gobernada por el radical Maximiliano Pullaro, con $ 161.673 millones. En el distrito señalan que la coparticipación no es un tema central en la discusión. Porque la clave pasa por generar un proyecto de “modernización que les permita a las pymes sostener los empleos y que muchas personas que hoy están en negro pasen a estar en blanco”.
Un escalón más abajo aparecen Córdoba, cuyo gobernador es Martín Llaryora, que dejaría de percibir $ 160.628 millones; Chaco, con Leandro Zdero al frente y es un aliado electoral del oficialismo, con $ 90.244 millones, y Entre Ríos, gestionada por Rogelio Frigerio, que resignará si el documento se aprueba $ 88.327 millones. El representante del PRO se reunió con Diego Santilli, el ministro del Interior, la semana pasada y prometió respaldo a la iniciativa.
El ranking sigue con dos provincias de sintonía con la Casa Rosada. Una es Tucumán, con Osvaldo Jaldo, que va a perder $ 86.063 millones, y figura Mendoza, cuyo jefe es Alfredo Cornejo, otro aliado electoral de LLA, con $ 75.435 millones. Natalio Mema, el ministro de Gobierno del distrito radical, desmiente esa cifra y habla de que van a resignar $ 60 mil millones. No obstante, elogió aspectos del proyecto como el referido al empleo joven, en los que trabajó el gobernador como integrante del Consejo de Mayo. Y recalcó que es “momento de ordenar las cuentas como nosotros lo hicimos en los últimos años, rebajando impuestos que ayudan a las inversiones del sector privado”. También anticipó que el distrito, en la discusión parlamentaria, impulsará que los convenios colectivos de trabajo sean regionales, atendiendo a la realidad de cada sector productivo por zonas geográficas y no por actividades, como sucede actualmente.
Los últimos tres puestos del top 10 de la nómina se completan con Santiago del Estero, bajo el comando de Elías Suárez, resignaría $ 74.739 millones; Salta, cuyo líder del Ejecutivo es Gustavo Sáenz, $ 69.338 millones y Corrientes, bajo el liderazgo del radical Juan Pablo Valdés, con $ 67.247 millones.
La Rioja, gestionada por el peronista Ricardo Quintela, se encuentra en estado de alerta ante este proyecto. Frente a la consulta de este medio, remarcaron que “con la posibilidad de esta quita adicional, el panorama es muy complejo. La Rioja ya fue perjudicada con el Presupuesto 2026 cuando por primera vez en más de 20 años no se incluyen fondos compensatorios por el punto de coparticipación del 88”. Sumados a los $ 37.500 millones que dejarían de recibir si se aprueba la reforma laboral, el gobernador reclama cerca de US$ 1.200 millones por coparticipación que históricamente recibió la provincia y que Milei unilateralmente dejó de enviar a los riojanos desde que asumió la Presidencia.
Por su parte, desde la Ciudad de Buenos Aires, que podría perder $ 44 mil millones, no realizaron comentarios. El proyecto también podría costarle a Formosa $ 65.800 millones y a La Pampa $ 34 mil millones de recursos coparticipables. En el caso de Tierra del Fuego, $ 22.310 millones.
¿Qué dicen en Nación frente a estos números? Relativizan el impacto. Si bien fuentes oficiales reconocen el golpe, aunque no poseen precisiones, al mismo tiempo argumentan que este “costo” es una “inversión para formalizar a los 14 millones de argentinos que hoy están fuera del sistema privado formal”.
Con información de Perfil
