Un gran apoyo (incluso del mismo PJ) obtuvo en la Cámara de Senadores de Mendoza el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, que busca recategorizar las escuelas de Mendoza con un sistema con un sistema que valorice el trabajo de los docentes. La iniciativa del Ítem Zona logró en la votación de este martes ser aprobada por 30 votos a favor frente a sólo 2 en contra, los legisladores de la izquierda mendocina.
El proyecto tiene por finalidad promover una categorización más justa y equitativa para la zona docente. Desde el Gobierno provincial se propone dar una solución integral a la problemática de las zonas, ponderando el trabajo en las escuelas rurales, urbano-marginales y en contexto de encierro. Por este motivo, serán invertidos 400 millones de pesos para incrementar las zonas y más de 700 millones de pesos para cancelar las deudas e intereses que surgieron de los juicios y reclamos administrativos de 16.000 docentes, que gestiones anteriores nunca le habían dado solución.
La propuesta de esta nueva clasificación de los establecimientos educativos por ubicación desfavorable, estipula que ningún docente verá disminuido su salario, ya que mantendrá la zona por más que se recategorice la escuela.
En cuanto al mecanismo para la categorización se realizará mediante un informe de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), en un plazo de 180 días; y con la observación de la comisión mixta.
La senadora radical, muy vinculada siempre a la problemática educativa de la provincia de Mendoza, Mariana Caroglio, señaló a BienCuyano que la aprobación de dicha ley «Reivindicará una situación salarial importante para 16 mil docentes, dejando atrás años de juicios en relación a las zonas
que estaban parados y que heredamos de las gestiones anteriores».
Caroglio celebró esta media sanción legislativa e invitó a los representantes del SUTE para que su gestión sindical sea más flexible y más dialoguista «Van a tener los docentes una reivindicación salarial importante, que había sido frenada durante años. Pedimos que el sindicato docente nos apoye y dejar de
‘poner palos en la rueda’ por el bien de sus compañeros que representan».
La senadora radical reconoce que aún Mendoza está pasando por un difícil momento económico, que la ciudadanía sea paciente ya que Cornejo está haciendo todo el esfuerzo para salir adelante en los próximos años «Sabemos que aún los sueldos de los docentes son bajos, lo ha reconocido muchísimas veces el mismo gobernador, como también hay un montón de cosas que en Educación hay que cambiar para empezar a ver como repartimos el tema presupuestario».
«Hoy la DGE se lleva el 50 por ciento de la provincia. Es muchísimo, con alrededor de 57 mil agentes ¿cómo se hace para ser justo con todos? Tenemos que entender que no es fácil», agrega.
Caroglio afirma que «El 92 por ciento del presupuesto de la DGE va a sueldos, el resto va en alquileres de establecimientos educativos y en todo el movimiento administrativo. Realmente es un presupuesto en sueldos muy grande. Por eso es tan difícil ser justo en un montón de cosas».
Por eso «Es importante construir consenso, entre los docentes y el mismo sindicato que los representa» concluye la senadora radical que pide paciencia y diálogo para poder mejorar la realidad salarial y las condiciones de trabajo de los docentes mendocinos.
Cabe destacar, que esta media sanción del proyecto de ley a favor de un gran número de docentes transcurre en medio de las avanzadas reuniones paritarias. Tanto el gobierno de Alfredo Cornejo y el SUTE se mostraron “satisfechos” en la última reunión por el futuro acuerdo salarial docente, en la que definieron un cuarto intermedio hasta el mes de febrero y el compromiso mutuo de hacer una oferta (el Ejecutivo) y dar una respuesta consensuada con las bases (el gremio). El diálogo está abierto y ambas partes sentaron las bases para un futuro acuerdo en el marco de la discusión salarial 2018.
Otro de los aspectos importantes es la decisión política del oficialismo de sacar cuanto el proyecto de Ley del Ítem Zona, antes de fin de año, para que el pago de la deuda con los 16 mil docentes pueda entrar en el Presupuesto 2017 y no dejarlo pendiente para la economía del próximo año. Están a un paso para que esto suceda.
Las voces en contra
Desde el Frente de Izquierda se exigió el pago de la deuda asumida y se argumentó contra el proyecto, alertando el precedente que implica desconocer el ámbito paritario. Además el propio proyecto presenta aspectos cuestionables, como su artículo 4° que niega la posibilidad de cualquier tipo de reclamo judicial.
La senadora Noelia Barbeito (PTS/FIT) afirmó en el recinto, «lo más crítico que tiene este proyecto es que no se ha discutido donde corresponde: el ámbito paritario».
Y agregó, «se mantiene una actitud maltratadora del Director General de Escuelas (…) el Gobierno actúa con autoritarismo y con extorsión. Si hay reparación que se pague la deuda sin extorsión». Esto en alusión a que los fundamentos del actual proyecto refieren a la deuda que mantiene el Estado con 16.000 trabajadores de la provincia.
Por otro lado, desde el Secretariado del SUTE, el sindicato de los docentes, hicieron pública su postura con un comunicado:
«Vemos con preocupación que una vez más el ámbito paritario se ve amenazado por el tratamiento de temas inherentes a los intereses de los Trabajadores de la Educación en la Legislatura. Dicha preocupación se basa en que la casa de las leyes no puede constituirse en ámbito de resolución de problemáticas propias del sector. Entendemos que la mesa paritaria es por excelencia el lugar donde deben abordarse estos temas, previo a que el conjunto de los Trabajadores de la Educación decidan en sus escuelas los lineamientos a plantear en la misma».
El PJ acompañó pero puso algunas modificaciones
En primer lugar, el ítem Zona plantea la “reparación histórica” de los reconocimientos de zona inhóspita que no se pagan desde 2008.
La deuda asciende a los 700 millones de pesos y el gobierno de Alfredo Cornejo anunció que pagará el pasivo con “las economías presupuestarias y la mayor recaudación registrada en el ejercicio 2017”.
Justamente, este punto incomodó al PJ mendocino, que aclaró que no compartía esta visión. No obstante, la deuda originada en los gobiernos peronistas obligó al acompañamiento.
Un segundo tema que se incluyó en el proyecto es la “reestructuración de la calificación de los establecimientos por ubicación desfavorable”. “Nos metieron el pago de la deuda de juicios con esto”, lamentaron en el PJ aunque descansaron: “Pero lo mejoramos”, dijeron en referencia a las modificaciones incluidas.
El estudio de las zonas
El segundo apartado del proyecto parte del argumento de que el funcionamiento de la Comisión Especial Mixta, conformada por el Gobierno y el SUTE y encargada de evaluar los establecimientos, fue “ineficaz” en su funcionamiento.
“Tenemos casos de establecimientos que tiene un porcentual de zona reconocido a sus agentes y en el mismo edificio, en turno contrario, funciona otro establecimiento que no posee dicho reconocimiento”, ejemplificó la senadora Mariana Caroglio (UCR).
Ante esto, el Gobierno propone que el organismo técnico encargado de realizar el estudio de las condiciones sea la DEIE (Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de la Provincia).
Sobre esta decisión, actuará luego la Comisión Mixta existente, emitiendo un dictamen que no será vinculante.
La última palabra la tendrá el director General de Escuelas, Jaime Correas. Así, se recategorizarán colegios en función de localización geográfica y su contexto.
El PJ pidió que se cambiara la redacción y se incluyera la participación sindical en la Comisión Mixta. A su vez, sugirió una aclaración en el caso de que un colegio pierda o disminuya la categoría, los docentes que ya están trabajando seguirán cobrando igual.
