A menos de una semana de la salida del gobierno provincial, El Rody Suarez cierra su último curro millonario a los ponchazos y por decreto en torno al negocio en el manejo del grabado de autopartes y la verificación vehicular, una atractiva caja donde están en juego unos 200 millones de pesos al año por ese control, que nuevamente pasa a manos de los amiguis.
Con este decreto con firma del gobernador Suarez y el ministro de Seguridad Raúl Levrino, se desató una pulseada por el manejo del grabado de autopartes y la verificación vehicular en Mendoza entre el Centro de Retirados de la Policía de Mendoza (Cerpol) -quienes realizaban el chequeo-, y el Ministerio de Seguridad de la provincia, los nuevos dueños del negocio.
Este lunes el Gobierno le adjudicó el grabado de autopartes y verificación del automotor al Círculo Policial, a través del decreto 2466 publicado en Boletín Oficial y validado con las firmas de Rodolfo Suarez y del ministro de Seguridad, Raúl Levrino.
La iniciativa de Suarez y Levrino, una de las últimas en su gestión, provocó la reacción de Cerpol a través de un comunicado, en el que acusó a la Provincia y a Nación de “entregar de apuradas a ‘manos amigas’ este sistema de control vehicular“.
El conflicto radica en los fondos generados por las verificaciones vehiculares. Si bien este negocio depende de qué tan activa esté la compraventa de autos usados, rondaría los 200 millones de pesos anuales.
Por su parte, Mario Vadillo, presidente del Partido Verde de Mendoza, ha lanzado una crítica contundente hacia el gobernador Rodolfo Suárez por la falta de un proceso de licitación en la adjudicación de este lucrativo contrato, argumentando que esta decisión podría perpetuar o incluso empeorar el servicio actualmente ofrecido por CERPOL. Según Vadillo, CERPOL ha disfrutado de privilegios indebidos, proporcionando un servicio a precios exorbitantes.
El líder del Partido Verde señala que CERPOL ha estado prestando el servicio de verificación y grabado de autopartes desde 1998 sin un límite claro de concesión ni un control efectivo por parte del gobierno. Además, el servicio prestado por CERPOL ha sido objeto de numerosas denuncias por parte de los usuarios, quienes se han quejado de cobros extras, demoras y precios elevados.
Vadillo también destaca que esta concesión a dedo se suma a una serie de adjudicaciones cuestionables realizadas por el gobernador Suárez, incluyendo contratos importantes como los de CEOSA para el Perilago de Potrerillos y el Metrotranvía. Estas decisiones, según Vadillo, reflejan un patrón de falta de transparencia y competencia justa en la gestión de contratos gubernamentales.
Además, Vadillo enfatiza que este sistema de verificación y grabado de autopartes se suma a los negociados otorgados a privados para usufructuar de un servicio monopólico. Los usuarios de automotores en Mendoza se ven obligados a incurrir en costos altísimos para servicios como las transferencias en el registro del automotor, la verificación del motor y grabado de autopartes, y la RTO (Revisión Técnica Vehicular). Vadillo argumenta que estos servicios han demostrado ser más una caja política que un servicio público en beneficio de los ciudadanos.
En un tono desafiante y ácido, Vadillo concluye: «Parece que ni Suárez ni Cornejo han entendido aún que los mendocinos están hartos de sus curros políticos. Estas maniobras no solo afectan los ingresos familiares, sino que también impiden que la gente tenga un automotor para trabajar y disfrutar. Es hora de que se den cuenta de que no pueden seguir jugando con el bolsillo de los ciudadanos para sus beneficios políticos y económicos. Los mendocinos merecen transparencia, justicia y servicios que realmente atiendan a sus necesidades, no a los bolsillos de unos pocos.»
El conflicto
El servicio está a cargo de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA), que se vincula a las provincias a través del Ministerio de Seguridad y, según la legislación vigente, el control del grabado de autopartes y la verificación vehicular debe realizarse por personal perteneciente a la fuerza policial.
En Mendoza, la verificación vehicular -es decir, el trabajo de controlar que las piezas del vehículo coincidan con los datos de la tarjeta verde del rodado- estaba a cargo de Cerpol, mientras que el grabado de autopartes era realizado por la Cámara de Grabadores de Autopartes de Vehículos Automotores y Motovehículos (Camgrab).
Semanas atrás, Camgrab propuso un sistema de modernización que incluía la realización de ambos trabajos bajo su órbita y, como la verificación sólo puede ser realizada por la Policía, ofreció pagarles a los oficiales que realizaban el trabajo, pero por fuera del Cerpol. Por supuesto, la entidad de los retirados rechazó la idea.
Por este motivo es que intervino el Ministerio de Seguridad, que propuso que fueran trabajadores pertenecientes al Círculo Policial los realizaran los controles, convenio que fue formalizado en el Boletín Oficial.
“Cerpol no presentó propuesta de modernización a la Dirección nacional. El ministerio propuso al Círculo por idoneidad y representatividad de la Policía de Mendoza”, aseguró el ministro de seguridad, Raúl Levrino, al ser consultado por el medio El Sol.
Por su parte, desde Cerpol rechazaron la afirmación de Levrino y afirmaron que estaban trabajando en un proyecto de modernización, pero que no se los dejaron presentar. “Tenemos un masterplan de modernización prácticamente listo. Pero como este acuerdo se hizo entre gallos y media noche, no nos permitieron presentarlo”, explicaron.
De hecho, desde el Centro de Policías Retirados apuntaron que el beneficiado por este acuerdo sería el Grupo Sorensen, uno de los integrantes de Camgrab.
Desde el Cerpol señalaron que no pueden resignar estos fondos porque son utilizados para financiar un centro médico del organismo y para la futura construcción de un hospital de día.
“Nuestro centro médico sirve para descongestionar el sistema de salud, principalmente porque recibimos la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP). Sin esos fondos, corre el riesgo de que el centro cierre, dejando sin trabajo a 60 familias”, indicaron.
En tanto, también cuestionaron la participación del Círculo Policial, institución que se encuentra con inconvenientes financieros -tiene un rojo de 17 millones de pesos, deudas con la AFIP, renuncias de empleados- y que además fue advertida por Fiscalía de Estado por el intento de venta de un inmueble al grupo empresario Cioffi en los terrenos de la Quinta Sección ubicados frente al Parque General San Martín. En este caso, ese inmueble fue cedido por la Provincia, por lo que su transferencia comercial está impedida.
Por este motivo, desde Cerpol están analizando en medidas legales en contra de la DNRPA y la Provincia, porque consideran que “no se los dejó competir en igualdad de condiciones”.
Por otro lado, se abren nuevos interrogantes a esta medida exprés firmada por Suarez y Levrino a últimas horas de terminar su mandato ¿Este cambio de dueños en el negocio del grabado de autopartes tendrá estrecho vínculo con la Playa automotor de San Agustín con miles de vehículos judicializados que reposan durante años controlados por el mismo ministerio de Seguridad? Ante el descontrol de vehículos ¿Se puede abrir un negocio clandestino con grabados «buenos» de venta de autopartes? ¿Quién garantiza la transparencia de esta gestión?
El Decreto de Rody y Levri
Nota con información del medio El Sol
