Mientras desde la hipocresía habitual a la mendocina se habla de «Superministerio de Educación», «superministro», «una educación de excelencia para Mendoza», «industria del conocimiento» y bla bla… los establecimientos escolares públicos se caen a cachos, las ventanas de las aulas sin vidrios tapadas con cartón, los alumnos se sientan sobre tachos de pintura, los ventiladores en verano no funcionan (y en invierno tampoco), los desechos cloacales conviven en el patio de la escuela producto de caños explotados que tardan en arreglarse, cables eléctricos sueltos y expuestos al peligro, baños que no tienen agua, por nombrar algunos ejemplos. Sumado a los bajos sueldos que siguen manteniendo los docentes, celadores, y todo el equipo del sistema educativo producto del modelo de recorte en el área que desde hace 8 años viene instaurando el gobierno de Cambia Mendoza, donde además tiene el perverso plan de cerrar masivamente centros educativos, sobre todo en las zonas rurales o de la Mendoza profunda, por entender de manera monetarista que no son rentables.
En todo ese nefasto contexto, desde la Dirección General de Escuelas de Mendoza, la perversión persiste y es aún mayor: desde hace tiempo les niega caprichosamente a más de 300 docentes mendocinos recibidos el legítimo derecho a poder trabajar de lo que tantos años estudiaron y sumar sus conocimientos como aporte al sistema educativo público.
La decisión arbitraria de la DGE actual niega a que un docente «gordo», » excesivamente flaco», «discapacitado», «feo» o «con un matiz de voz que no es de agrado personal del evaluador» no ingresa dentro del sistema educativo. Ni Hitler ni Menguele se atrevieron a tanto!
De esta manera, más de 300 docentes mendocinos sufren la arbitraria discriminación del gobierno provincial de Cambia Mendoza dejándolos afuera del sistema por no cumplir los cánones de belleza 90-60-90 y poseer un tenor lírico a la hora de dar una clase frente a los alumnos!
Aunque parezca un delirio, en la Mendoza actual es así! Desde meses estos 600 mendocinos están desesperados ante la falta de empatía de un gobierno provincial que les da la espalda y metidos en un laberinto burocrático de papeleos, pruebas y médicos especialistas, donde se les rebotan el examen psicofísico, una, dos, tres, infinitamente, con excusas meramente caprichosas.
Hay que entender que más allá de los títulos habilitantes, si no se supera el psicofísico, el aspirante no está habilitado para ingresar a la docencia u obtener un cargo de titularidad docente.
El gobierno de Rodolfo Suarez, en complicidad de DGE y la OSEP, están al frente de un perverso operativo de devolución de Psicofísicos “NO APTOS” de manera indiscriminada, arbitraria e injustas, que vienen ocurriendo tras el rechazo masivo por parte de los profesionales (Psicología, Fonoaudiología, ORL. etc.) de Salud Laboral tanto desde OSEP como de la DGE.
«Usted tiene una obesidad tipo 2 lo cual le cuesta desplazarse con normalidad», «su tono de voz no es acorde para la enseñanza en el aula», «aprobó en el área nutricional, pero lamentablemente le surgieron nuevas patologías», son algunos de los caprichosos argumentos que recurren los profesionales habilitantes del psicofísico que gestiona la DGE para rebotarles el ingreso al sistema laboral.
Los más de 300 docentes se autoconvocaron en repudio a este destrato del gobierno provincial y empezaron a movilizarse en los medios de comunicación, en el ámbito legislativo y en el judicial, denunciando este atropello al simple derecho de poder trabajar.
«Este escenario se repite con cada uno de los docentes recibidos que queremos ingresar al sistema educativo público, suplentes que deben renovar psicofísico o suplentes en vías de titularizar. Iniciamos el trámite en Salud Ocupacional de OSEP, obteniendo un desfavorable y desacertado diagnóstico con una devolución negativa, luego de meses de espera resultamos en condición de NO APTO, éste nos inhabilita a la función ya sea por problemas en cuerdas vocales, cervical, psicología, sobrepeso entre otras. Hemos sido derivados a distintos tratamientos para ser reevaluados», expresaron los docentes a BienCuyano.
Además del destrato se suma un oneroso gasto particular que cada docente debe afrontar de su bolsillo para avanzar en el trámite, que, como bien sabemos, finalmente es rebotado arbitrariamente una y otra vez «Los procesos médicos son afrontados de manera particular ya que la obra social de empleados públicos para docentes en actividad cubre solo cuatro meses de sesiones por ejemplo en fonoaudiología y quienes aún no ingresan a trabajar al sistema educativo público y no tienen cobertura de OSEP, lo tienen que solventar de manera particular y con costos elevados, no obstante estos son solicitados de manera reiterativa. Se ha trabajado sobre lo solicitado, obteniendo las respectivas altas y adhesiones positiva a los tratamientos, así mismo se mantienen en un no apto por manejar diferentes criterios médicos que no nos habilitan a la función, es decir, que ningún doctor fuera de la esfera de salud laboral es idóneo, poco respetable ya que no es válido ni los estudios ni tratamientos y mucho menos el diagnósticos como certificar el estar sano» explican los frustrados aspirantes mendocinos.
«A los 50 años empecé a trabajar con un certificado de un ente estatal, en un cargo docente, cuando quise sacar el Apto Médico para aspirar a un cargo titular desde Salud Laboral me lo negaron aduciendo que tengo Timbre Metálico, lo cual no es ninguna patología. Al ver negada su posibilidad de trabajar en la educación, como docente de nivel inicial, hoy está cuidando a una persona mayor» expresa una de las perjudicadas del sistema.
Por su parte, una docente de Historia pero quiso tener su apto médico desde el principio “Nunca me lo dieron, por lo que aún no puedo ejercer. Me diagnosticaron un hiatus, hice el tratamiento oportuno, me he controlado permanentemente, los especialistas me dicen que estoy bien, pero Salud Laboral no me habilita”.
«Hoy tenemos patrocinio letrado quien nos acompaña y nos sugirió denunciar públicamente estos abusos de las distintas agencias como OSEP, salud laboral, DGE entre otras que de manera violenta y arbitraria nos rechazan pese a presentar documentación que refutan las patologías que se les adjudican a los damnificados. Somos más de 300 familias mendocinas que queremos dignidad, con el derecho a poder trabajar de docentes» exige una de las referentes del grupo.
Los nombres particulares de cada mendocino están reservados por miedo a represalias. Simplemente quieren trabajar pero hoy el gobierno de Rodolfo Suarez no lo permite, con argumentaciones que trasciende lo médico… por ser gordos, tener un timbre de voz que particularmente no gusta, por feo o porque ese día el profesional dependiente del Estado no estaba con ánimo de aprobar el psicofísico… en fin, el Modo Mendoza establecido, del acomodo y las cometas!
