El Partido Demócrata y los libertarios presentaron denuncia ante la Oficina de Ética Pública de la Provincia de Mendoza por el Caso Bonarrico

Actualidad Mendoza

La diputada provincial del Partido Demócrata, Mercedes Llano, junto al Doctor Pedro García Espetxe y a Gastón Pescarmona, presidente del Partido Libertario, presentaron una denuncia ante la Oficina de Ética Pública, solicitando  la intervención de este organismo para que investigue la presunta  irregularidad que presentaría el decreto que deroga el convenio de la Provincia con la Fundación Acción Social, que preside el ex senador Héctor Bonarrico, al carecer de motivación.

Entre los fundamentos detalla «venimos a formular denuncia sobre las irregularidades administrativas en que habría incurrido el Sr. Gobernador, Rodolfo Suárez, y su Ministro de Gobierno, Dr. Victor Enrique Ibáñez Rosaz, con el dictado del Decreto N 846, publicado el 27 de mayo pasado en el Boletín Oficial de la Provincia».

Y agrega «Como surge del contenido del decreto, en el mismo se considera procedente derogar sin ningún tipo de motivación el Decreto N 684 publicado en el Boletín Oficial el día precedente, es decir, el 26 de Mayo 2022, cuando la Ley N° 9.003, en su artículo 45, apartado c), exige obligatoriamente especificar la motivación».

El escrito avanza en las responsabilidades «Además de estar incumpliendo la ley e incurriendo en un vicio administrativo grave, corresponde aclarar la verdad de lo sucedido ante la opinión pública, de manera tal de deslindar y determinar responsabilidades tanto administrativas como judiciales, máxime cuando el Gobierno de la Provincia ha denunciado penalmente al Senador (MC) Bonarrico, ex integrante del Bloque de Senadores de Cambia Mendoza».

«Concluyendo, acudimos a Ud. en virtud de la competencia que le confiere la normativa vigente para que brinde tratamiento a esta irregularidad administrativa en el marco de la investigación de oficio que se le ha dado curso, desde su oficina, a este grave hecho institucional. El planteo es en salvaguarda del proceso penal mencionado anteriormente, para que se determinen con exactitud las responsabilidades de las partes intervinientes, en caso que podría estar dejando al descubierto una clara maniobra de compra de voluntades a través de la entrega de fondos públicos por parte del Poder Ejecutivo Provincial a un ex aliado político», concluye la denuncia presentada por los demócratas y libertarios.

La Ley N° 9.003, de Procedimiento Administrativo, dispone en  su artículo 45 inc. c, que estos actos administrativos deben motivarse obligatoriamente.
Ante esta aparente irregularidad no se permite a los ciudadanos conocer las razones de la anulación del convenio, lo cual puede incidir en el resultado de la investigación penal solicitada por el Gobierno Provincial, provocando dilaciones sospechosas e innecesarias en pos de esclarecer este oscuro proceder, que pone en riesgo la calidad institucional de Mendoza.