En una turbulenta Legislatura, el oficialismo consiguió media sanción a la creación de la Sociedad de Transporte de Mendoza

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Diputados otorgó sanción inicial al proyecto del Poder Ejecutivo por el que se crea la Sociedad de Transporte de Mendoza (STM), en reemplazo de la Empresa Provincial de Transporte de Mendoza (EPTM); y por el que además, se declara Interés Público Provincial “el Sistema de Transporte Público de pasajeros, prestado mediante vehículos propulsados por impulsores eléctricos, sean éstos trolebuses, tranvías y/o cualquier otro tipo de vehículos eléctricos o híbridos, para la incorporación de tecnologías y servicios que coadyuven a la modernización y a la eficiencia del sistema de transporte público de pasajeros, como a la protección del medio ambiente”.

Desde muy temprano, los trabajadores de la EPTM realizaron una concentración y corte en Patricias Mendocinas y Espejo a la espera del comienzo de la sesión especial de la Cámara de Diputados donde se iba a tratar el proyecto del gobernador Cornejo. Bajo la consigna de rechazo a «la privatización porque implica que 300 trabajadores podrían ser despedidos si no se pudieran absorver en otros sectores estatales, y se elimina el convenio colectivo para los que sigan en la nueva sociedad, perdiendo toda estabilidad y pasándose a regir por la Ley de Contrato de Trabajo».

Con el correr de las horas el clima se ponía más espeso y terminó con corridas, vidrios rotos, gas pimienta y un intento de desalojo es lo que se vivió en la mañana en la Casa de las Leyes mientras se debatía los cambios sobre la Empresa Provincial de Transporte (EPTM).

Los problemas se fueron agravando: los gremios acusaron de que los querían desalojar, al lugar llegó el fiscal Carlos Torres que les dio diez minutos para dejar libre la calle. Sobre Patricias, un conteiner de basura era incendiado y los gremialistas daban una insólita razón: que había sido culpa de un cigarrillo mal apagado que cayó sobre bolsas de nylon.

Pero ese fuego no fue lo único. También hubo corridas, vidrios rotos sobre el ingreso por Patricias Mendocinas a lo que la Policía respondió lanzando gas pimienta. Frente a esto, las puertas de la legislatura se cerraron, una vez más.

Posteriormente y tras los graves incidentes que se produjeron en la puerta de la Legislatura mientras se trataba el proyecto de transformación de la EPTM en Sociedad de Transporte, el gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, manifestó su posición al respecto y señaló que los responsables serán imputados o cesanteados, de acuerdo a su participación en el conflicto. «Espero que tengan sanciones judiciales y fundamentalmente sociales. Porque ser un dirigente violento es un pésimo ejemplo», aseveró.

Cornejo afirmó que quienes protagonizaron los incidentes en la puerta de ingreso de la Legislatura ya han sido identificados y «serán imputados» por el fiscal Torres, quien estuvo presente en el lugar.

La picante sesión

En tanto, en el recinto, el presidente de la Cámara de Diputados, Néstor Parés llamaba a los legisladores al recinto, mientras que los miembros del justicialismo se quejaban del proyecto de ley.

La votación del expediente en el Recinto fue nominal y arrojó 24 votos afirmativos, 21 negativos y 3 ausentes. Votaron afirmativamente el proyecto los bloques de la UCR, PD, PRO y por la negativa lo hicieron el PJ, los bloques de Izquierda (FIT) y la diputada radical Julia Ortega. Estaban ausentes las legisladoras justicialistas Silvia Ramos, Cristina Pérez y Alejandro Viadana.

La norma dispone la constitución de la Sociedad de Transporte de Mendoza bajo la forma de Sociedad Anónima (de acuerdo a la Ley 19.550 y sus modificatorias). El paquete accionario original pertenecerá en un cien por ciento (100%) a la Provincia de Mendoza, siendo el subtipo inicial el de Sociedad Anónima Unipersonal, quedando en un futuro prohibido transferir más del cuarenta y nueve por ciento (49%) de las mismas, garantizando la participación mayoritaria del Estado en todo momento. A su vez, se aclara que “las acciones solo podrán ser transferidas previa autorización otorgada por Ley de la Honorable Legislatura”.

Dentro del articulado, la iniciativa establece la modalidad de “acceso abierto a la red eléctrica provincial para la operación de dichos modos de transporte público terrestre de pasajeros”; lo que permitirá que cualquier operador, previa autorización o concesión, pueda utilizar la red.

El objeto social de la STM, consistirá en la prestación por sí o por terceros, o asociada a terceros de servicios de transporte público de pasajeros en la Provincia de Mendoza, generando las condiciones idóneas para la prestación eficaz y eficiente del servicio público regular masivo de transporte de pasajeros, atendiendo a los lineamientos de la política provincial que en materia de transporte fije la Secretaría de Servicios Públicos y los parámetros previstos en la presente norma.

Con respecto al personal, la norma establece que estará vinculado laboralmente a la STM “por la Ley de Contrato de Trabajo (en adelante LCT) y al Convenio Colectivo de Trabajo que deberá suscribir en el término de ciento ochenta (180) días con la entidad sindical que surge de la Resolución Nº 1338/2013 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación”.

Y agrega que “durante el plazo indicado en el presente se seguirá rigiendo por las condiciones laborales vigentes y/o por las que se acuerden con la entidad gremial que surge de la Resolución aludida”.

Asimismo, “en el caso de despido sin causa justificada dentro de los dos (2) primeros años a partir de la nueva vinculación laboral, tendrá derecho a percibir el doble de las indemnizaciones que le hubieren correspondido como consecuencia de la extinción laboral”.

La media sanción establece también normas transitorias sobre el personal, allí se afirma en el articulado que “el Poder Ejecutivo deberá ofrecer a todos los trabajadores, sin excepción alguna, una fuente de trabajo de conformidad con alguna de las siguientes alternativas: a) Incorporación voluntaria a la STM, conforme lo dispuesto en la presente Ley, y previa aceptación por parte del Directorio de la Sociedad Anónima; quien deberá seleccionar dentro del total de los Trabajadores de la EPTM, los que posean mejores antecedentes laborales y acrediten mayor experiencia y capacidad para la prestación efectiva de la labor que debe llevar adelante la STM”.

En este sentido, “el Directorio de la STM deberá ofrecer a todas las mujeres que en la actualidad se desempeñan como choferes en la EPTM continuar con igual labor en la STM. Previo a la decisión del Directorio, al respecto, deberá tener presente las inquietudes, acuerdos y observaciones que disponga la comisión creada por la presente ley”.

Del mismo modo, “quien no sea seleccionado por las autoridades de la STM o manifieste su voluntad de no incorporarse a la misma, podrá ser reubicado en otras dependencias dentro del ámbito de la Administración Pública Provincial”.

La norma, establece también autorización al Poder Ejecutivo a “suprimir los cargos de la EPTM y a crear los cargos y/o utilizar las vacantes existentes a fin de reubicar su personal en otras áreas de la administración pública provincial. En tal sentido, deberá tenerse en cuenta la categoría profesional y la remuneración que actualmente desempeña, brindándose en su caso, la capacitación correspondiente. A los efectos de la remuneración deberá garantizarse el salario bruto por todo concepto devengado por el trabajador al momento de la transferencia. En el supuesto, que la nueva categorización tenga una remuneración bruta menor se fijará un adicional remunerativo compensatorio dentro de su nuevo salario. La reubicación que se acuerde deberá ser suscripta ante la Subsecretaría de Trabajo y Empleo”.

Otra alternativa en el articulado es el “sistema de retiro anticipado, de carácter voluntario de conformidad con las disposiciones del artículo 31 de la Ley Nº 6921 de reforma del estado y la reglamentación pertinente”.

Por último, para el caso del personal que no quede comprendido en alguna de las posibilidades expuestas, “se les aplicará el procedimiento correspondiente al de la supresión de un organismo del Estado previsto en el artículo 17 del Decreto 560/1973”.

Por lo expuesto en relación a los trabajadores de la empresa, la media sanción subraya que “a los fines de dar seguimiento de lo dispuesto en esta Ley respecto de los trabajadores, se conformará una Comisión que debe ser integrada por dos representantes por cada Cámara Legislativa, un representante del gremio de mayor representatividad, un representante del Poder Ejecutivo y un representante de la STM”.

Esa comisión “tendrá las facultades de asesoramiento y resolución de situaciones conflictivas que requiera el trabajador y emitirá si es necesario dictamen sobre el tema requerido a su tratamiento”.

Por otra parte, con respecto a las inversiones para la adquisición de material rodante y demás elementos, la norma autoriza a la Secretaría de Servicios Públicos “a invertir hasta la suma de PESOS VEINTICINCO MILLONES ($ 25.000.000) con destino a la adquisición de trolebuses, ómnibus, híbridos y elementos destinados al metrotranvía urbano de pasajeros los que serán financiados con Rentas Generales y/o financiamiento 210 (Ley 7412-I.A-E.P.R.TRANSP.-TASA INSPECCION) y/o financiamiento 222 (Ley 7412 Art. 72- Inc. b-c-d-e-f- E.P.R.T.P.) y/o con el financiamiento que la Secretaría de Servicios Públicos determine. La Secretaría de Servicios Públicos queda facultada a transferir los bienes adquiridos por este concepto a la STM en concepto de aporte de capital”.

Finalmente, el expediente deroga el Decreto Ley 825/1958, por el cual el funcionamiento de la empresa se regía hasta el momento.

 

Debate

El inicio del debate estuvo a cargo del diputado Jorge López (UCR), presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, quién sostuvo que “es de interés provincial la modernización del sistema de transporte público para la incorporación de tecnologías y servicios que coadyuven a la eficiencia del sistema, a la calidad del servicio prestado, como a la protección del medio ambiente”.

Indicó que “es prioridad entre los ejes de éste gobierno tomar decisiones que apunten a lograr la racionalidad en cada peso gastado por el Estado en nombre de los Mendocinos. Es por ello que se lo eligió para lograr el orden que la Administración Pública necesitaba en nuestra Provincia. Hoy estamos discutiendo sobre la EPTM, una empresa provincial que llegó a una situación insostenible. No venimos a buscar responsables, venimos a buscar racionalmente salidas y soluciones”.

Agregó el legislador que en la actualidad la EPTM tiene a su cargo 3 Grupos que prestan servicios de transporte público, el Grupo 11 (con buses), el Grupo 12 (trolebuses, aunque no en su totalidad) y el Grupo 14 (Metrotranvía); subrayando que el parque móvil de los grupos 11 y 12 se encuentra deteriorado, lo que afecta la prestación del servicio; a tal punto que para poder prestarlo, aún con múltiples incumplimientos, debe valerse del alquiler de unidades a terceras empresas.

Con referencia a la deuda López dijo que asciende a $153.940.433,36 (ciento cincuenta y tres millones, novecientos cuarenta mil, cuatrocientos treinta y tres pesos con treinta y seis centavos).

Al referirse al personal el diputado sostuvo que “el proyecto contempla la posibilidad de seleccionar dentro de la planta de personal a aquellos que estén en mejores condiciones de prestar este servicio con el nivel de excelencia que ello requiere”.

Asimismo, sintetizó López, refiriéndose a los trabajadores, que “para aquellos que no sean seleccionados, se dispone la posibilidad de prestar funciones dentro de la estructura del Estado en diversos organismos”, y agregó que “también se prevé la posibilidad de que los trabajadores accedan al sistema de retiro voluntario, según les convenga; y para aquellos casos que no queden comprendidos en alguna de las opciones descriptas “se procederá conforme lo prevé el artículo 17 del Estatuto del Empleado Público, Decreto Ley 560/73, al referirse a la supresión de un organismo del Estado, como es la EPTM”.

Desde la bancada justicialista, Javier Cofano explicó que “los problemas de la empresa no son derivados de la cantidad de empleados, ni de la estructura jurídica sino de la falta de inversión y la falta de apoyo”.

Agregó críticas en relación a la figura jurídica que se le pretende dar a la empresa y aseguró que “el fundamento para cambiar la ineficiencia y la falta de inversión, que ha hecho que quede sobredimensionada la planta de personal”, hubiese sido incorporar más coches para que haya más frecuencias y mayor cantidad de usuarios transportados”.

Por su parte, desde el Partido Demócrata, Marcos Niven repasó avances y retrocesos en materia de transporte público en los últimos años en la provincia y subrayó que “estas marchas y contramarchas tienen dos costos: uno económico y el otro social” que afecta a los que trabajan  en esas empresas y a las arcas de la provincia y de la Nación en el caso que corresponda”.

Subrayó que en este caso, “lo que falta es inversión” y que la prioridad del Estado es administrar la justicia y garantizar la educación, seguridad y salud e invertir en obras que alienten las inversiones privadas que son las que generan trabajo genuino.

El diputado Guillermo Pereyra (FR) sostuvo que “hay un sindicato mayoritario que está en EPTM, que es la Unión Tranviaria Argentina (UTA)”, quienes “no han puesto objeciones a este proyecto de trasformación y están de acuerdo con esta situación”.

Agregó Pereyra que “vamos a tener también una comisión de seguimiento para determinar el destino de los trabajadores. Esa comisión tendrá las facultades de asesoramiento y acuerdo cuando se trate del destino laboral de los empleados de EPTM”.

Del mismo modo, remarcó que desde su partido se puso especial atención en garantizar las fuentes laborales de los trabajadores y especialmente a las mujeres que son choferes.

Por su parte, tanto Héctor Fresina (FIT-PO) como Cecilia Soria (FIT-PTS) coincidieron en que se busca la defensa de los puestos de trabajo. Deslizaron críticas referidas a los subsidios y rememoraron situaciones vividas en los ´90. Subrayaron que “no acompañaremos este proyecto, vamos a defender que el trole sea del Estado y los derechos de los usuarios”.

Por su parte, Gustavo Majstruk (Renovación Justicialista) consideró que el proyecto “merecía una discusión más profunda para su transformación (EPTM a STM)”, y para ello “estamos dispuestos a discutir una reestructuración integral del sistema de transporte público”.

El legislador criticó la falta de inversión este ultimo año y aseguró que “en el interior (de Mendoza) estamos pagando el costo del boleto, en algunos casos, más del doble por Km recorrido de lo que se paga en Gran Mendoza”.