Una cosa son los desfiles y los disfraces de Luis Petri y otra realidad es el desastre que viene sucediendo en su gestión como ministro de Defensa de la Nación, con una obra social colapsada y endeudada, precarización y bajos salarios para las fuerzas armadas y gastos millonarios en eventos y cenas ¿Estos vicios quiere llevar a la provincia de Mendoza si Petri pretende ser gobernador?
La gestion de Luis Petri en el Ministerio de Defensa pasa por su peor momento. La última exposición en el Congreso del ministro libertario detonó un malestar interno que viene de arrastre porque combina el estilo de Petri, la falta de gestión y problemas que no se resuelven.
«Prácticamente todo lo que dijo es mentira. Dijo que pasamos de 5 buques navegando a 24 y eso no es así», afirmó una fuente militar al medio La Política Online. «Las limitaciones son las mismas de antes y Petri solo se dedica a vender humo y mentir para hacer campaña, el sabe muy bien que todo lo que dice no es verdad», agregó.
La crítica está puesta en lo que consideran una «gestión que está a la deriva» y apuntan a que Petri no se rodeó de gente capacitada y con conocimiento en el universo castrense. Ese motivo habría llevado a la renuncia a Claudio Pasqualini quien dejó el cargo de Secretario de Estrategia y Asuntos Militares en diciembre. A esta salida siguieron el jefe gabinete Carlos Becker y Máximo Pérez León Barreto que se fue a Cancillería.
Tras una corta y desgastante gestión de siete meses, marcada por una deuda que según fuentes militares supera los $160.000 millones y crece a un ritmo de $19.000 millones por mes, finalmente presentó su renuncia el presidente del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa), el contador mendocino Roberto Fiochi.
Fiochi asumió en Iosfa cuando la institución sobrellevaba un pasivo de $92.000 millones, atribuido a los desaciertos de la gestión de su antecesor, el médico mendocino Oscar Sagás, el primer presidente de la obra social en la gestión de La Libertad Avanza. Distintas fuentes coinciden en que en diciembre de 2023 la obra social no mantenía deudas.
Por sus dimensiones, con 550.000 afiliados, Iosfa es la tercera obra social del país, detrás el PAMI y el IOMA.
IOSFA atraviesa una situación de renuncias masivas de directivos y una acumulación de deuda que superó los $160.000 millones. En ese marco, se observan dos núcleos de tensión: la de los 600.000 miembros de las Fuerzas Armadas que reclaman ante la deficiente atención sanitaria; y la de los trabajadores de la propia obra social, que piden por aumentos salariales, mejores condiciones edilicias y el pago de la deuda con proveedores farmacéuticos.
Todas las voces del sector castrense anticipaban el final de la gestión, una semana después de que el ministro de Defensa, Luis Petri, confirmara a Fiochi en el cargo y admitiera, a la vez, una deuda de $120.000 millones, al exponer ante la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. Tal vez como dato premonitorio, Petri concurrió a esa reunión legislativa acompañado de su gabinete, aunque llamativamente no estuvo presente el cuestionado titular de Iosfa.
El ministro ya designó como nueva titular de la obra social a la contadora pública Bettina Surballe, que había sucedido a Fiochi al frente del Instituto de Ayuda Financiera para pagos de retiros y préstamos militares (IAF), otro organismo del área de Defensa.
Surballe fue directora ejecutiva del IAF, donde actuó como la mano derecha de Fiochi. Antes había sido gerente de Recursos Financieros. Es contadora pública nacional, egresada de la Universidad Nacional de Cuyo y entre 2007 y 2021 fue gerente general de la Bolsa de Comercio de Mendoza.
El propio Iosfa anunció el cambio en un comunicado, en el que destaca que la doctora Surbale llevó adelante en el IAF “un proceso exitoso de modernización y ordenamiento con resultados concretos”, al mencionar el crecimiento de la cartera de inversiones, de los préstamos personales y créditos hipotecarios, con una reducción de costos laborales y gastos operativos. Ese balance incluye un polémico préstamo de $40.000 millones que Fiochi pidió al organismo que él antes dirigía para aliviar la abultada deuda de la obra social. El importe del crédito se devuelve con aportes de los afiliados, lo que acrecienta el malestar en las filas castrenses, especialmente entre los retirados.
En este contexto de incertidumbre, la Asociación de Suboficiales Argentinos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad denunció “el vaciamiento” de la obra social de los militares y reclamó al ministro Petri, además, avanzar en la prometida equiparación salarial entre el personal de las Fuerzas Armadas y sus pares de la Gendarmería y la Prefectura.
“No es una decisión técnica, es una crueldad”
La Asociación de Suboficiales Argentinos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (ASUBA) emitióesta semana una carta pública dirigida al ministro de Defensa, Luis Petri, para expresar su «profunda indignación» ante la falta de respuestas estructurales a los reclamos del personal militar. El documento apunta especialmente contra el congelamiento de la equiparación salarial y el colapso del IOSFA, la obra social que asiste a más de medio millón de afiliados en todo el país.
El pronunciamiento fue difundido este jueves y lleva la firma de la conducción nacional de ASUBA, que representa tanto a suboficiales en actividad como a personal retirado. La entidad cuestionó la exposición que Petri realizó ante la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, donde aseguró que la equiparación salarial se completará recién al final del mandato del presidente Javier Milei.
Para ASUBA, la decisión oficial de dilatar los incrementos representa un acto de «crueldad», más aún cuando se reconocen públicamente las condiciones críticas que atraviesa el sistema de salud castrense. En su mensaje, la asociación expone que la situación económica de miles de efectivos —especialmente del cuadro subalterno— se ha deteriorado al punto de que muchos no logran cubrir sus necesidades básicas.
«No hablamos de aspiraciones: hablamos de alquiler, de alimentación, de medicamentos, de hijos que no acceden a tratamientos y de camaradas que mueren esperando un reintegro», señala el texto. Además, recordaron que hay personal en actividad que cobra por debajo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.
Uno de los puntos más sensibles del reclamo gira en torno a las disparidades salariales entre los integrantes de las Fuerzas Armadas y los efectivos de las fuerzas federales de seguridad, como la Policía Federal Argentina (PFA), la Gendarmería y la Prefectura Naval. Según ASUBA, mientras un suboficial de las FFAA cobra entre un 25% y un 40% menos que su par de la PFA, ambos cumplen funciones similares en riesgo, exigencia y responsabilidad.
En medio de un déficit presupuestario, la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) -dependiente del Ministerio de Defensa- presentó un procedimiento preventivo de crisis, en donde proponen suspensiones de trabajadores por seis meses a partir del próximo 1° de junio y presentaron un plan de pagos del 50% del salario neto a las 720 personas que integran la planta laboral, que cuenta con unos 200 empleados menos que en diciembre del 2023.
