«Vas más rápido que yo» le había dicho Macri a Cornejo y así van: El senado mendocino propone organismo contra la «mafia» de los juicios laborales

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Dicen que en las últimas visitas del presidente Mauricio Macri a territorio mendocino, el primer mandatario estaba asombrado por el avance de la gestión de Cornejo en sintonía con Nación. «Vas más rápido que yo» le habría dicho Macri a Cornejo y parece que es así. En la sesión de este martes 13, los senadores mendocinos brindaron el aval para que la Provincia cuente con una Oficina de Conciliación Laboral en el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo y Empleo dependiente del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia. La votación en general fue de 21 votos afirmativos y 15 negativos por lo que pasó a la Cámara de Diputados en revisión.

Cabe recordar que el presidente Mauricio Macri denunció esta semana la existencia de una “mafia de los juicios laborales” y apuntó contra un “grupo de estudios” de abogados y “un grupo de jueces minoritario laboralistas, conducido por (Héctor) Recalde”, jefe de la bancada kirchnerista en Diputados.
Desde el Gobierno nacional revelaron que en los últimos cinco años se incrementaron más del 96 por ciento los juicios laborales y precisaron que en la actualidad, “hay 340 mil actuaciones judiciales en stock, lo que representan unos 4.500 millones de dólares”.

En la Legislatura mendocina el tema provocó un alto revuelo. Miguel Bondino fue el miembro informante del proyecto quien expuso: “Se lleva a un equívoco cuando exponen que este proyecto de ley es una obligación para los profesionales.  Estamos ante un proyecto de ley netamente federal”. Además informó cuáles son los puntos principales del proyecto. También explicó: “Este proyecto de ley fue estudiado durante más de dos meses en reunión de comisiones donde se hicieron las consultas pertinentes”.

En  tanto, la senadora María José Ubaldini expuso que su bloque votará en contra de la norma y fundamentó su postura. Luego, la legisladora Noelia Barbeito adelantó el voto negativo de su bloque. “Le da atributos al Poder Ejecutivo que son de la Justicia. Siempre hemos denunciado que la Justicia no es independiente, creo que avanzar sin ningún tipo de cuidados sobre esta división de poderes es un hecho muy grave”, dijo.
Víctor da Vila comentó: “Se habla de todo menos de los trabajadores quienes no han tenido la posibilidad de expresarse”. Además calificó la acción del Gobierno como “una verdadera gorilada”.También expuso: “La oficina busca anular la acción sindical de los trabajadores en defensa de sus derechos”.

El senador Juan Carlos Jaliff comentó que quienes se expresaron en contra de la propuesta adujeron que esta vulnera los derechos de los trabajadores y no es así. También dijeron que los obliga a conciliar y tampoco corresponde afirmar esto.

El Cuerpo de conciliadores no tendrá competencia sobre las diligencias preliminares y prueba anticipada; la interposición de medidas cautelares; cuando el reclamo individual o pluriindividual haya sido objeto de las acciones previstas en los procedimientos de reestructuración productiva, preventivo de crisis; las demandas contra el Estado Nacional, Provincial y Municipal; las acciones promovidas por menores que requieran la intervención del Ministerio Público; y las demandas por accidentes y enfermedades profesionales de la Ley 24.557 y sus reformas.

Con dicha aprobación, se creará también el Registro Provincial de Conciliadores Laborales dependiente de la Subsecretaría de Justicia y Relaciones Institucionales del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia, teniendo a su cargo la constitución, calificación, coordinación, depuración, actualización, concurso y capacitación de los conciliadores.

El cargo de conciliador tendrá las incompatibilidades que surjan del Código de Ética Profesional para Abogados y Procuradores, vigente en la Provincia de Mendoza. La función de conciliador será incompatible con el ejercicio de cualquier función pública municipal, provincial y nacional, con excepción de cargos docentes.

En cuanto a los honorarios, la norma establece que será de $ 250 en el caso de no arribarse a una conciliación, monto que será cubierto por el Fondo de Financiamiento, y la suma de $ 3.000 para el caso en el que se arribe a un acuerdo que culmine con la respectiva homologación. El Poder Ejecutivo podrá modificar dichos montos mediante la reglamentación que al efecto se determine.

La norma también establece la creación de un Fondo de Financiamiento a los fines de solventar el pago de los honorarios básicos debidos a los conciliadores. dicho Fondo estará integrado con los siguientes recursos: los honorarios y recargos a que hace referencia el artículo 9 del presente cuerpo legal, los depósitos que realice el Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia, las donaciones, legados y toda otra disposición a título gratuito en beneficio del servicio, entre otros.

En los supuestos previstos en el presente artículo, el empleador depositará los honorarios del Conciliador, a su orden, en el Fondo de Financiamiento previsto en el art. 13 de la presente ley, dentro de los 5 días corridos de notificada la homologación del acuerdo, o en su caso, dentro de los 3 días corridos de consentido o ejecutoriado el laudo.

En caso de incumplimiento del empleador, el Fondo extenderá la certificación correspondiente, siendo este título ejecutivo, suficiente para reclamar el cobro mediante el procedimiento de ejecución de sentencia por parte del Conciliador.

En cuanto a la demanda de conciliación, la propuesta establece que el reclamante por sí, o a través de apoderado, formalizará el reclamo ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria, consignando sintéticamente su petición en el formulario que reglamentariamente se apruebe. Esta presentación suspenderá el curso de la prescripción por el término que establece el art. 257 de la ley de contrato de trabajo.

Será facultad de los abogados en el ejercicio de sus funciones, recabar directamente de las oficinas públicas, organismos oficiales y prestadores de servicios públicos, informes y antecedentes, como así solicitar certificados sobre hechos concretos atinentes a las causas en las que tramiten las conciliaciones de esta ley. Estos pedidos deben ser evacuados en el término de 10 días corridos.

El requerimiento deberá formularse por escrito, con el nombre y domicilio del profesional, y la firma del abogado que irá seguida de su sello, en el que conste el número de matrícula. En el caso de que el profesional utilice la información requerida, con fines distintos a los de fundar el reclamo en el ámbito de esta ley, será inhabilitado para el ejercicio de la profesión en todo el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo y Empleo, a tal fin se llevará un registro pertinente.

Los empleadores que celebren acuerdos conciliatorios o se sometan a la instancia arbitral, tendrán preferencia para acceder a los programas de empleo y formación profesional que gestione el Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia y/o cualquier otro plan Provincial o Nacional.