Fondos Buitres en el Senado y la interpelación de la senadora Negre a Prat Gay

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El debate del proyecto que deroga las leyes Cerrojo y de Pago Soberano y autoriza a la emisión de deuda por 12.500 millones de dólares para cerrar el litigio con los fondos buitre dio su primer paso en Senado, con la exposición del ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, en el marco de un plenario de comisiones, en el que ratificó que la cancelación de esos compromisos evitará la implementación de un «ajuste» económico.

El encuentro no solo contó con la participación del ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat Gay, sino también el procurador del Tesoro, Carlos Balbín y el Secretario de Finanzas, Luis Caputo, quienes respondieron preguntas de los senadores en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversión.

En ese marco, la senadora nacional por San Luis, Liliana Negre de Alonso (Peronismo Federal), interpeló a los funcionarios.

 

Liliana Negre de Alonso: “Estamos hablando de emisión de bonos. Ya tienen previsto cuál será la moneda de emisión de esos bonos, los intereses, la forma de amortización, el endeudamiento por esta porción que queda?.

Luis Caputo: “Van a estar emitidos en dólares con jurisdicción en Nueva York. Los intereses que estamos estimando van a estar en torno al 7,5%. Y los plazos van a ser en 3 emisiones de 5, 10 y 30 años. Probablemente con más foco en las de 5 y 10 años porque seguramente será donde podremos captar una mejor tasa”.

 

Negre: “La jurisdicción de bonos va a ser NY. ¿Qué posición tienen con respecto a la Ley que hizo obligatoria para la Argentina la recomendación de Naciones Unidas con respecto a las deudas soberanas? ¿Consideran que resulta inaplicable en este caso o que puede resultar aplicable para los que queden impagos?”

Prat Gay: “Esa decisión de Naciones Unidas es para futuros conflictos, no se aplicó desde nuestra perspectiva nunca al caso del Estado Argentino. Es una muy buena decisión que es declamativa hasta tanto no se lleve a la práctica y se lleva a la práctica a través de las cláusulas que van a tener los nuevos bonos: de acción colectiva de segunda o tercera generación. Nadie está pensando que esto vuelva a suceder pero sí hubiera un litigio en el futuro con mayorías mucho más acotadas estaríamos absolutamente obturando cualquier posibilidad de holdout y cualquier alternativa que hemos sufrido el año pasado. La norma de Naciones Unidas no nos resuelve nuestro problema, establece un marco conceptual y jurídico para que esto no vuelva a suceder y para que ese marco tenga impacto todos los países tendrían que ir avanzando en emitir bonos con esas cláusulas. De momento existe en mercados emergentes el equivalente a 1 millón de dólares en deuda emitida sin estas cláusulas. Sigue siendo un tema de muchísima actualidad, nadie quiere especular con qué país y en qué momento pero mientras cláusulas no estén sobre la mesa es muy probable que a un país le pueda pasar algo parecido a lo que le pasó a Argentina”

Caputo: “En los nuevos bonos no sólo vamos a estar incluyendo las cláusulas de acción colectiva sino también un lenguaje de la definición de pari passu que tantos problemas nos generó. Estamos cubriendo todos los escenarios posibles para evitar un problema similar en el futuro”.

 

Negre: “En el fondo Aurelius, que se estipula un pago de 4.418 millones más un adicional de 235 millones por costas y los intereses que se van a devengar entre el 1° de marzo y el 14 de abril de este año equivalen a un monto de 322 mil 795 dólares diarios, pero no dice nada con respecto a los otros acuerdos  ¿cuál es el costo que implica, hasta el 14 de abril, para el resto de los acuerdos, si se aplica lo mismo o hay alguna otra cuestión?

Caputo: “Con respecto a los acuerdos: el caso de Aurelius son los únicos que tienen esta consideración que todavía les siguen corriendo los intereses. Efectivamente son 322 mil dólares por día que del 1 de marzo al 14 de abril, considerando que es un mes y medio, será algo así como otros 15 millones de dólares. Para los otros acuerdos no hemos garantizado ningún interés. Han aceptados los acuerdos así como están. Con respecto a los bonistas argentinos, obviamente los vamos a tener en cuenta.

Apenas seis horas después de que la Cámara de Diputados le diera media sanción a la iniciativa, Prat Gay inauguró el debate en el Senado y defendió la propuesta ante los legisladores de las comisiones de Presupuesto, que preside Juan Manuel Abal Medina (FpV), y de Economía, conducida por Eduardo Aguilar (FpV), en el salón Azul del Palacio legislativo.

Desde el oficialismo, la vicepresidenta Gabriela Michetti salió a dejar en claro la agenda que pretenden llevar adelante: prevén tratar el proyecto de normalización de la deuda el miércoles 30 de marzo, tras los feriados de la próxima semana por el Día de la Memoria y por el Viernes Santo.

Los funcionarios dejaron en claro ante los senadores que el Poder Ejecutivo «no va a avanzar ni en la emisión de bonos, ni mucho menos con el pago, hasta que no exista certeza de que todas las cautelares serán levantadas», en respuesta a consultas formuladas por los senadores -en especial por el titular del bloque del FPV, Miguel Pichetto- sobre la decisión adoptada el viernes pasado por la Cámara de Apelaciones de Nueva York de avalar un pedido de «stay» formulado por los holdouts.

En su intervención, Caputo remarcó que el gobierno «no está emitiendo deuda, sino cambiando deuda» y agregó que se trata de «reemplazar deuda más cara por deuda más barata porque la deuda que se cancela crece mucho más rápido que la que se está emitiendo».

Además de reiterar que la cancelación de las obligaciones con los fondos buitre «significará acceso al mercado» internacional y permitirá evitar un «ajuste» que el gobierno nacional «no quiere hacer», Prat Gay precisó que el «resultado final» de lo que deberá pagarse a los buitres ascenderá a 11.684 millones de dólares, cifra que representa una «quita del 38 por ciento» respecto a la sentencia judicial y del «56 por ciento en los intereses» sobre una deuda total calculada en 18.995 millones de dólares.

También apuntó que los tenedores de deuda reestructurada -que entraron a los canjes de 2005 y 2010- tendrán incluso un mejor resultado que los holdouts, debido a que en la proyección final «van a cobrar más» que lo que se acordó ahora con los fondos buitre, en base a una «tasa de capital más intereses acumulados del 4,8 por ciento» anual.

«Si no hay acceso al mercado no queda otra que un ajuste, que no queremos hacer, y la situación financiera va a ser mucho peor para las provincias y para la Nación», respondió el ministro de Hacienda ante una de las consultas de los senadores sobre las consecuencias de no lograr poner fin al litigio con los fondos buitre.

El ministro destacó que «cerca del 90 por ciento de los litigantes de Nueva York ya acordaron con Argentina» y que sólo falta alcanzar un entendimiento con el 10 por ciento restante de tenedores con sede en esa ciudad, de Alemania y otros que todavía no fueron identificados.

En la extensa reunión, que comenzó alrededor de las 16 y que pasada las 21 todavía continuaba, el funcionario destacó que, con su estrategia de negociación, el gobierno logró un «ahorro adicional del 20 por ciento sobre sentencia negociada» al haber acordado el pago en efectivo y reseñó que la deuda inicial de Argentina, de 6.100 millones de dólares, se transformó «a través de litigios y fallos desfavorables en 18.995 millones», con «más de 50.000 acreedores litigando contra el país».

Convencido de que la iniciativa debe tratarse como una «política de Estado», Prat Gay advirtió a los senadores: «Este debate es muy importante; esto no es una urgencia del nuevo gobierno, sino algo que arrastra el país hace muchos años; se trata de poner fin a casi 15 años de default, que costaron muchas frustraciones, millones de puestos de trabajo y créditos que no llegan a Argentina».

El plenario dejó ver algunos contrapuntos entre los funcionarios del gobierno y los senadores del Frente para la Victoria (FpV), Miguel Angel Pichetto, y José Mayans.

Pichetto reclamó precisiones sobre cómo tiene previsto responder el gobierno ante la posibilidad de que la justicia estadounidense no levante las medidas cautelares que impiden el pago a los bonistas reestructurados del 2005 y 2010, un escenario que los funcionarios del gobierno rechazaron.

En tanto, Balbín dijo que «no sería lógico» que el juez neoyorquino Thomas Griesa «construya una respuesta contraria» al interés de Argentina, luego que se deroguen las leyes Cerrojo y de Pago Soberano de Deuda, y Bruno subrayó que el Poder Ejecutivo «no va a avanzar ni en la emisión de bonos, ni mucho menos con el pago, hasta que no tengamos la certeza de que todas las cautelares serán levantadas».