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El diputado Ramón suma aliados legislativos sanjuaninos y puntanos que apuntan los cañones con una denuncia penal por enriquecimiento ilícito a los directivos de la Distribuidora de Gas Cuyana

El diputado Ramón suma aliados legislativos sanjuaninos y puntanos que apuntan los cañones con una denuncia penal por enriquecimiento ilícito a los directivos de la Distribuidora de Gas Cuyana

El diputado Ramón suma aliados legislativos sanjuaninos y puntanos que apuntan los cañones con una denuncia penal por enriquecimiento ilícito a los directivos de la Distribuidora de Gas Cuyana
noviembre 08
19:34 2018

El 29 de agosto, el diputado nacional por Mendoza José Luis Ramón realizó, en el Juzgado Federal N° 8 de la ciudad de Buenos Aires, una denuncia penal contra los directivos de la Distribuidora de Gas Cuyana por enriquecimiento ilícito a costa de los usuarios.

Desde hace meses, el legislador mendocino de la fuerza política Protectora viene trabajando en conjunto con otros legisladores cuyanos en pos de intereses comunes para la región. Es así que el jueves pasado se sumaron como querellantes legisladores de San Juan y San Luis.

Los legisladores que sumaron su adhesión, ya que la empresa brinda el servicio en Cuyo, son:  José Luis Gioja y Sandra Daniela Castro por San Juan; y Andrés Alberto Vallone, Karim Augusto Alume Sbodio, Victoria Rosso e Ivana Bianchi por la provincia de San Luis.

En la misma, Ramón advirtió la violación del ordenamiento normativo vigente en cuanto a la distribución de dividendos, sin previa autorización del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) sobre el cumplimiento del Plan de Inversiones Obligatorias. La distribución ilícita de dividendos en mayo de este año fue por 617 millones -equivalente a más de 1/3 del plan de obras para los próximos 5 años-, y sin haber ejecutado las obras comprometidas.

Pero no obstante esta situación, el legislador advirtió que la empresa distribuidora de gas cuyana, también decidió llevar a delante la acción de “estimar” el consumo de gas en los domicilios, en lugar de realizar la medición correspondiente. “Lo polémico y transversal del asunto es que en 4 periodos del año se estimó la medición en más de 51.000 casos en sólo 3 provincias”, manifestó.

Ante esta situación, la Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza citó a Daniel Rivadulla, director de operaciones y finanzas de Ecogas el día 21 de agosto, para que dé explicaciones sobre el exagerado número de casos estimados que perjudican a los usuarios.

En la presentación, Rivadulla afirmó que las estimaciones en la provincia no superaban las 2000 facturas y que “del total de los consumos que hemos informado, la facturación estimada representa el 1,1%. Son situaciones muy puntuales y se dan conforme a lo que permite el reglamento, que es en los casos en donde los medidores no están accesibles”.

Sin embargo, estas expresiones fueron refutadas por la información brindada a la Cámara de Diputados de la Nación por el jefe de Gabinete de Ministros en su presentación del día 3 de octubre de 2018 y en conjunto con un proceso de auditorías que evidenciaron el comportamiento incorrecto en cuanto a las estimaciones en los consumos, y por ende en su facturación.

La información oficial, determinó la utilización abusiva de esa herramienta que se permite, de acuerdo al reglamento de Servicio de Distribución, sólo como última opción y en casos de no poder acceder a realizar la lectura correspondiente.

La información brindada por el jefe de Gabinete, así como lo constatado en el expediente del Energas, en donde se imputó a la empresa por estos incumplimientos, contradijo lo expuesto por el representante de la empresa y demostró el enriquecimiento ilícito a costa del bolsillo de los consumidores.

En su presentación ante la Justicia, el ex presidente de la asociación Protectora planteó que la empresa violó el ordenamiento normativo vigente en cuanto a la distribución de dividendos, sin previa autorización del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). Sostiene que en mayo de 2018 repartió $ 617.150.434 a los accionistas, lo que equivale a un tercio del Plan de Inversiones Obligatorias, sin haber ejecutado esos trabajos comprometidos.

Hay que recordar que la revisión integral de tarifas que se inició en 2016 estableció un cronograma de ajuste de las tarifas de los servicios públicos pero también que las distribuidoras debían realizar inversiones para mejorar su prestación.

Asimismo, Ramón planteó que, en cuatro períodos de 2018, la empresa realizó 51 mil estimaciones de consumo –en lugar de la medición efectiva de los metros cúbicos consumidos en el bimestre- en Mendoza, San Juan y San Luis. El diputado recordó que el director de Operaciones y Finanzas de la Distribuidora de Gas Cuyana fue citado a la Cámara de Diputados de la provincia, quien respondió que sólo han estimado unas 2 mil facturas mensuales en promedio.

Pero Ramón también señala que el Jefe de Gabinete de Ministros refutó este dato de la empresa en su presentación del 3 de octubre en la Cámara de Diputados de la Nación, en función de un proceso de auditorías sobre las estimaciones en los consumos, que evidenció la utilización abusiva de esa herramienta que se permite, de acuerdo al reglamento de Servicio de Distribución, sólo como última opción y en casos de no poder acceder a realizar la lectura correspondiente.


La denuncia y sus fundamentos

Los argumentos de la denuncia detallan el mal accionar de la empresa y de quiénes tienen la obligación de contralar en favor de los servicios oferecidos que figuran en la denuncia presentada en Comodoro Py  son los siguientes:

“A mi entender, contamos con los siguientes elementos: a)Distribuidora de Gas Cuyana S.A abusó de la confianza depositada en ella por todos los ciudadanos a quienes presta el servicio en las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis, celebró una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a la cual concurrieron la mayoría del capital con derecho a voto y por unanimidad aprobaron la distribución de dividendos en efectivo correspondientes al ejercicio 2017 sin contar en principio (conforme la documentación adjuntada a la presente) con la aprobación del  ENARGAS, o la aprobación del Plan de Obras 2017 y por último, sin en apariencia ni haber esperado siquiera al cumplimiento del plazo de evaluación de las obras, o notificado de la pretensión de distribución de ganancias o ni abonado eventualmente al ENARGAS la multa en caso de no cumplir con las obras obligadas; b) el consumidor continúa pagando por las obras en su facturación y la Sociedad continúa gozando de su Licencia para ejercer; c) el resultado neto –dentro del cual se incluye lo que no invirtieron en obras y no pagaron en concepto de multa- del ejercicio cerrado al 31/12/2017 sería, conforme la información pública acompañada, una ganancia de $588,5 millones; d) el dinero que los consumidores pagaron para obras y que el ENARGAS no percibió en concepto de multa fue distribuido, en apariencia, entre los accionistas sin autorización; e) el director del ENARGAS conoce, conforme la documentación acompañada, desde hace meses de esta operatoria y omitió todo tipo de control conforme la normativa vigente en relación con la repartición de ganancias sin autorización y la afectación al erario público por la omisión del ingreso de los fondos correspondientes a las obras no realizadas”, afirma del diputado José Luis Ramón, Miembro y
Secretario de la Comisión de Defensa del Consumidor y la Competencia de la H. Cámara de Diputados de la Nación, e integrante de la Comisión de Energía y Combustibles de la H. Cámara de Diputados de la Nación.

Y agrega la denuncia “Me refiero a un abuso de confianza, dado por un lado, por ser la única empresa prestadora del servicio de distribución y comercialización de gas que llega a la gran mayoría de los domicilios de los ciudadanos de las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis; y por otro lado el Ministerio de Energía y Minería de la Nación mediante el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) tiene la función regulación, control y fiscalización del servicio público de transporte y distribución de gas de la República Argentina, por lo que debido a estos factores los consumidores confían en que la Sociedad cumple regularmente con sus obligaciones. A esto se suma, obviamente la realización expresa de distintas maniobras para obtener un enriquecimiento en clara violación del ordenamiento normativo vigente y que no pudo ser desconocido por los directores a cargo de la asamblea que autorizó la distribución de ganancias”.

“Este enriquecimiento generaría no solo una afectación a los consumidores por la falta de las obras comprometidas (a pesar del aumento en la tarifa para el pago de dichas obras), si no que implica una afectación a los recursos que le habrían correspondido al estado, en caso de haberse cumplido con la normativa citada. En todo caso, implicaría también la imposibilidad del estado de realizar efectivamente sus funciones de control”, concluye.

 

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Actualidad política, empresarial y social de la Región de Cuyo: Mendoza, San Juan y San Luis

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