El diputado Vadillo sobre el «nuevo» sistema de transporte de Mendoza: «El Estado hace la inversión y luego aparece AUTAM y se hace de las ganancias»

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El gobernador Alfredo Cornejo y el secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema, anunciaron esta semana la publicación de los pliegos de la nueva licitación para la concesión del servicio público de transporte del Gran Mendoza. En tanto, los representantes de la Asociación Unida de Transporte Automotor de Mendoza (AUTAM) -que nuclea a los empresarios que tienen actualmente la concesión del sistema de transporte público- respaldaron las condiciones y detalles del próximo sistema, que entrará en vigencia a fines de año.

Si bien se habla de nuevos paradigmas en el servicio de transporte público y recorridos modificados en función al Plan de Ordenamiento Territorial recientemente aprobado, todo apunta a que el servicio quedará en manos de los mismos empresarios que desde hace más de treinta años manejan el negocio y que están agrupados en AUTAM.

El diputado provincial Mario Vadillo e integrante de la ONG Protectora, explicó que participó de la Audiencia Pública para la Licitación Pública p/Concesión del Servicio de Transporte Público de Pasajeros del Área Metropolitana del Gran Mendoza año 2.018”,  encontrando graves vicios, y arbitrariedad  en su presentación, que traerán indefectiblemente graves consecuencias a los usuarios y al erario público de la provincia.

“El Estado hace la inversión y luego aparece AUTAM y se hace de las ganancias. Una de las razones es la alta inversión que va a realizar el Estado que según informa por el secretario de Servicios Públicos de la provincia, Natalio Mema es licitar 50 unidades que pueden ser eléctricas o híbridas con un gasto  de $ 300 millones, la mitad proveniente del Presupuesto el resto en la pauta presupuestaria 2018”, detalló el abogado.

De acuerdo a lo expresado por el legislador, esta fuerte inversión se debe a que el Grupo 1, que el Gobierno se ha reservado en exclusividad para la STM y que implicará el trayecto Godoy Cruz – Las Heras, eje Norte-Sur y el sistema Este-Oeste (de calle Tirasso en Buena Nueva hasta la Universidad de Cuyo).

“De los 8 grupos de recorridos el 1 es para la empresa del Estado que no compite en la licitación, que desde ya es nulo (pero que puede participar en su funcionamiento empresas privadas, lo que llevará a que el Estado se haga cargo de comprar más de 50 ómnibus articulados de alta prestaciones y costo) para  que después se incorporen privados en su participación accionaria sin haber pasado por la licitación y sin haber pagado los costos de inversión)”, dijo.

Posteriormente señaló: “Los otros 7 que pueden participar una empresa en 2 grupos de recorridos y también en forma asociativa en 3, o sea que 3 empresas pueden cartelizar todo el servicio generando la posible fijación artificial de precios, ganancias ilegales por baja de la prestación de los servicios. Todo lo que se encuentra fijado como infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor, Lealtad Comercial y Defensa de la Competencia”.


El cartel de AUTAM se le dio el “as” para ganar

En ese mismo sentido, el titular de la Fundación AUTAM, Raúl Mercau,  refiere que ninguna de las empresas que forman parte de la Fundación AUTAM ha manifestado la posibilidad de no presentarse a la licitación. «Al contrario, todas se mostraron muy predispuestas», señaló, y agregó que no le preocupa que empresas de otras provincias puedan participar en el proceso. «Son las reglas del juego», escondiendo el “as” en la manga que tienen las empresas del Cartel AUTAM.

“En los pliegos se encuentra un grave vicio y un sistema totalmente nulo en el  artículo. Procedimiento de evaluación, puntaje y criterios de ponderación que es un sistema de clasificación por puntaje totalmente discrecional e inducido para que queden las mismas empresas que hoy tienen las concesiones. Se pone puntos comunes que no se puede hacer diferencias entre los oferentes, por los cuales los hacen inocuos como: a) Costo por kilómetro (en la actualidad nunca las empresas han competido en este rubro, por el contrario se encuentran todas las presentaciones oficiales hechas en forma iguales y cartelizadas; b) Antigüedad del parque móvil, otro rubro que al ser requerido un promedio de 5 años de las unidades, todas las oferentes quedan en paridad;  c) Certificado de normas de calidad, es un requisito que al cumplirse es igual a todos los oferentes…  pero la verdadera trampa es d) Antigüedad en la prestación y e) Antecedentes en la prestación del servicio en la Provincia de Mendoza: estos dos requisitos si elimina a todas las empresas que sin estar en el rubro pueden perfectamente presentarse por estar capacitadas económica, financiera y tecnológicamente y obviamente una restricción (inconstitucional) que es los antecedentes de prestación en Mendoza, eliminando a las empresas de otras provincias que pueden competir perfectamente”, precisó.


Por último, el Gobierno se olvida del impacto ambiental de los nuevos recorridos

Vadillo considera que es imprescindible reconfigurar la movilidad y por sobre todo el transporte público de pasajeros en nuevos recorridos que se adapten a lo que Mendoza ha cambiado en estos últimos años y también tenga mira del crecimiento y progreso que debe llegar.  Previo a licitar se debe cumplir con la Ley.

“En la novedad en la propuesta licitatoria, que entre otros grupos de recorridos tenemos algo totalmente nuevo en la diagramación del transporte urbano de corta distancia de Mendoza, que es  la nueva red troncales estructurantes, son recorridos de grandes colectivos que transitarán los grandes ejes del gran Mendoza  del AMM (Norte-Sur y Este-Oeste) y MTM.  Tienen alta frecuencia de paso (entre 5 a 8 minutos).  Son recorridos que prestará la STM, nos impide evaluar la contaminación tanto de los vehículos en forma individual como en caravana por la alta frecuencia de paso, donde se debe tratar como un conjunto de polución que  superará  los límites de emisión de gases, ruidos y radiaciones parásitas que prevé las normativas ambientales para la protección de los ciudadanos y demás seres vivientes”, comentó.

 El legislador expresó que se ha omitido para la propuesta licitatoria por parte del Estado Provincial de cumplir con la Declaración de Impacto Ambiental (D.I.A.),  como procedimiento destinado a identificar e interpretar, así como a prevenir, las consecuencias o efectos que acciones o proyectos públicos o privados, puedan causar al equilibrio ecológico, al mantenimiento de la calidad de vida y a la preservación de los recursos naturales existentes en la provincia.

A través del decreto 784 publicado el 29/5/18 en el Boletín Oficial, el gobernador Alfredo Cornejo dio por aprobados los “Pliegos de Bases y Condiciones Generales de la Licitación Pública Nacional de la Concesión del Servicio Público de Transporte de Pasajeros en el Gran Mendoza”.

El decreto también deja sin efecto el pedido de nulidad  por lo que la licitación va a mantener una “serie de vicios graves y perjudiciales para el cumplimiento de la Constitución Nacional como provincial”.  Entre ellos el no haber efectuado un estudio de impacto ambiental tal cual lo prevé la ley de ambiente de la provincia y el hecho de otorgar una calificación especial a las empresas locales que participen de la licitación nacional. Ni más ni menos, que no dar la protección al ambiente y otorgar privilegios especiales a las empresas locales.

El decreto expresa que “no se aprecia que el procedimiento de evaluación, los puntajes y criterios de ponderación proyectados en los pliegos sometidos a Audiencia Pública puedan ser calificados de inconstitucionales” y que por lo expuesto “debe considerarse la presentación como “constancia de objeción, lo cual tendrá efecto diferido para la oportunidad de la impugnación del acto definitivo”.

“Las Audiencias Públicas tienen como principal cometido que se escuche las propuestas y planteos de los participantes. Máxime cuando se pone en juego nulidades por graves vicios y que alteran las normativas constitucionales en los defensa de los derechos de los usuarios y a la defensa de la Competencia. Por lo que lo mismo solo augura que Empresas de otras jurisdicciones, ambientalistas, y obviamente Protectora ONG y mi parte debamos recurrir a la Justicia, por la falta de respeto a la ley de este Gobierno”, concluyó Vadillo.