El concepto de «Estado presente» se ha convertido en el fetiche retórico más gastado de la política argentina reciente. Durante décadas, se nos vendió la idea de que la proliferación de ministerios, la regulación asfixiante y el asistencialismo desmedido eran sinónimos de cuidado y soberanía.
Sin embargo, en la Argentina de hoy, esa definición no solo es errónea, sino profundamente anacrónica. Lo que en el siglo XX pudo haber sido un faro de bienestar, hoy es un caparazón burocrático que asfixia a las fuerzas productivas y desprotege a los ciudadanos.
Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires y uno de los nombres fuertes que suena a candidato a presidente de Argentina, utiliza frecuentemente el concepto de “Estado presente” como eje central de su discurso político, contraponiéndolo a las políticas de ajuste y reducción del gasto público impulsadas por el gobierno nacional de Javier Milei.
El principal error de este paradigma es confundir tamaño con eficiencia. Un Estado que pretende estar en todas partes termina no estando en ninguna. Mientras la narrativa oficialista del pasado defendía un gigantismo estatal omnipresente, la realidad en las calles mostraba otra cosa: hospitales públicos sin insumos, escuelas con días de clase perdidos y fronteras vulnerables.
El «Estado presente» que pregonaba el modelo kirchnerista, sobre todo en las presidencias de Cristina Kirchner, devino en un Estado elefantiásico, diseñado para financiar una estructura política y militante antes que para garantizar bienes públicos esenciales como la seguridad, la justicia y la salud.
Ese desmedido gasto en todo el aparato estatal abre la puerta para que la derecha haga su mejor jugada que es «ajustar». Pasó con el triunfo de Mauricio Macri en el 2015 y con Javier Milei en el 2023, ambos lanzando el discurso y acción de un «Estado Austero»… aunque finalmente el gasto público se vaya en la timba financiera y en endeudamiento con los fondos buitres.
Además, este enfoque de «Estado Presente» es anacrónico porque responde a una matriz económica y social que ya no existe. El mundo actual se mueve bajo la lógica de la innovación digital, el empleo independiente, la agilidad financiera y la inserción global. Pretender gestionar la Argentina con recetas estatistas de mediados del siglo pasado es como intentar correr software de última generación en una computadora de tubos.
El ciudadano moderno no pide un Estado que le subsidie la vida a cambio de su libertad económica; exige un Estado inteligente, moderno y transparente que simplifique trámites, baje la carga impositiva y actúe como un facilitador, no como un obstáculo constante para el desarrollo.
El inesperado rol de contención de los municipios que la motosierra al Estado Nacional no cumple
La retirada deliberada del Estado nacional bajo la gestión de Javier Milei ha forzado una descentralización de la crisis sin precedentes, obligando a los municipios a asumir un rol de contención desesperado para el que no tienen fondos.
Al clausurar programas de asistencia social, congelar el envío de alimentos a comedores y asfixiar las transferencias directas a las provincias bajo el mantra del «déficit cero», la Casa Rosada no hizo desaparecer las necesidades básicas de la población, sino que las mudó de ventanilla.
Hoy, son los intendentes de todo el arco político quienes se encuentran en la primera línea de fuego, absorbiendo con recursos locales diezmados la demanda de medicamentos, asistencia alimentaria y servicios esenciales que el Gobierno central abandonó, transformando la motosierra oficial en un traslado de responsabilidades que asfixia a las administraciones locales y desampara a los sectores más vulnerables.
De acuerdo con la Constitución Nacional Argentina, la responsabilidad primaria de garantizar el bienestar general y el desarrollo humano equitativo recae de forma indelegable en el Gobierno nacional, no en los municipios.
Si bien el artículo 123 consagra la autonomía municipal, el Preámbulo y el artículo 75, inciso 19 de la Carta Magna (conocido como la «cláusula de progreso») obligan al Congreso y al Ejecutivo federal a proveer lo conducente a la justicia social y al desarrollo armónico de la Nación. Pretender que los gobiernos locales absorban la asistencia alimentaria o de salud pública ante el retiro de la Casa Rosada viola el principio de solidaridad federal y el principio de equidad distributiva, ya que los municipios carecen de la estructura macroeconómica y de las facultades de recaudación que la propia Constitución otorga al poder central; descentralizar la pobreza sin transferir los recursos correspondientes es, en última instancia, una deserción constitucional que fragmenta los derechos de los ciudadanos según el presupuesto del territorio en el que les toque vivir.
En la provincia de Mendoza, el drástico recorte de fondos dispuesto por la Casa Rosada ha generado un efecto de «ajuste de pinzas» que asfixia tanto las arcas provinciales como los presupuestos de las comunas locales. Según informes del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el desplome en términos reales del gasto total de la Administración Pública Nacional golpea de manera directa la coparticipación que recibe la provincia, agravado por el cierre de mil empresas locales y una parálisis de la obra pública financiada por la Nación.
Esta drástica caída de recursos nacionales e ingresos provinciales se traduce en una dura encrucijada para los municipios mendocinos. Comunas como General Alvear se han visto forzadas a decretar estrictas medidas de austeridad y reorganización de prioridades, en un contexto alarmante donde la morosidad vecinal se disparó sensiblemente —llegando en algunos distritos a que 7 de cada 10 habitantes dejen de abonar las tasas locales debido al esmerilamiento de sus bolsillos—. Al mismo tiempo que sus cajas recaudatorias se vacían, los intendentes se encuentran obligados a amortiguar una creciente y desesperada presión social, destinando fondos de emergencia para garantizar medicamentos, alimentos y servicios básicos que el Gobierno federal dejó de proveer.
Mendoza como laboratorio del futuro
Los amigos biencuyanos saben que somos críticos de la actual gestión de Alfredo Cornejo y sus actuales «funcionarios que no funcionan», no obstante, hay que destacar el trabajo que ha logrado el modelo de Cambia Mendoza a lo largo de una década en su gestión de funcionamiento global.
Mendoza viene liderando un proceso de desarme del anacronismo estatal a través de medidas legislativas de vanguardia. La sanción de la ley que reformó integralmente el Estatuto del Empleado Público —eliminando los privilegios de parentesco para acceder a cargos y limitando los contratos temporales— junto con la reciente implementación del Sistema Integral del Trabajo (SIT), demuestran que la provincia entendió que la verdadera precencia estatal no pasa por el gigantismo burocrático, sino por la despapelización, la transparencia y la simplificación de trámites para el ciudadano.
Por fuera del empleo público, la Mendoza del futuro —la de los programadores de la próspera Economía del Conocimiento, los emprendedores vitivinícolas independientes y los miles de cuentapropistas del Gran Mendoza— ya produce y exporta al margen de cualquier encuadramiento colectivo. Estos sectores no demandan intermediarios que encarezcan el empleo, sino condiciones macroeconómicas estables, conectividad de calidad y programas provinciales de incentivo al talento y la tecnología.
Mendoza refleja de manera nítida la encrucijada argentina: por un lado, una gestión subnacional que busca desmantelar las estructuras anacrónicas mediante la eficiencia digital y la flexibilización de los esquemas de trabajo; por el otro, corporaciones sindicales empecinadas en defender privilegios bajo el ropaje de derechos adquiridos. El futuro de la provincia no se definirá en las calles cortadas por la protesta gremial, sino en la consolidación de un ecosistema moderno e inteligente que deje atrás, definitivamente, las cadenas del siglo XX.
La Argentina actual necesita sepultar el mito del «Estado presente» para dar paso al Estado eficiente. La verdadera presencia estatal no se mide por la cantidad de dependencias públicas ni por el volumen del gasto fiscal, sino por la calidad de las condiciones que genera para que la sociedad civil y el sector privado puedan progresar en libertad. Seguir aferrados a una definición obsoleta no es un acto de justicia social, sino una condena al estancamiento irreversible.
La investidura presidencial obtenida por Javier Milei no le otorga una patente de corso para dinamitar las estructuras del Estado ni para decretar el abandono masivo de la obra pública y la ciudadanía, sino que lo sujeta a un compromiso jurídico e institucional indelegable con la continuidad de la Nación.
En la tradición republicana y constitucional argentina, gobernar no equivale a desmantelar; el Poder Ejecutivo es el administrador temporario de un pacto social preexistente que exige, por encima del dogma del superávit fiscal, velar por la integración territorial y la dignidad de sus habitantes.
Al paralizar la infraestructura estratégica, desertar de la contención social básica y profesar un desprecio doctrinario hacia la propia organización estatal, la actual gestión confunde erróneamente la legítima depuración de los excesos de la política con la disolución de los deberes más elementales del poder central, transformando la legítima autoridad ganada en las urnas en una riesgosa renuncia a las funciones esenciales que justifican la existencia misma del Estado federal.
Argentina no necesita motosierra, necesita un bisturí para salvar a los argentinos.
Por Julián Galván
