El comunicado del FIT-Partido Obrero continúa:
CORTE DE RUTA Y ASAMBLEA
Los cientos de habitantes del lugar, muchos de ellos pequeños productores y puesteros que ocupan en arriendo parte de esas tierras, no tienen ninguna posibilidad de acceder a la compra de las tierras a los valores establecidos y junto a las asambleas en defensa del agua, de larga tradición de lucha contra la megaminería, han realizado asambleas y piquetes en rechazo a la medida.
Esta lucha popular ha desencadenado una crisis al interior del frente del gobierno provincial: el Consejo Deliberante de San Carlos, departamento del Valle de Uco gobernado por el Frente Renovador que es parte del oficialismo provincial, votó el rechazo al proyecto, al igual que el de Tunuyán (gobernado por el PJ), donde un sector de la UCR también se manifestó en contra.
PALIZA AL GOBIERNO
A la última asamblea, realizada el viernes 17 en la escuela del lugar, fueron citados los funcionarios de la UCAR (Unidad para el cambio rural-gobierno nacional) junto a legisladores, concejales y funcionarios del gobierno provincial, así como también legisladores de la oposición.
Ante unas 200 personas los funcionarios explicaron el proyecto, y luego intervinieron decenas de vecinos con una crítica demoledora que puso de manifiesto que de ninguna manera el proyecto los beneficia, sino que estaba ideado como un negociado que los dejaba afuera. Frente a estos planteos, y el ánimo caldeado, los funcionarios intentaron convencer a los vecinos de que se sumen a nuevas reuniones para «mejorar» el proyecto.
Luego le fue dada la palabra al diputado del PO-FIT Héctor Fresina, que junto al senador Víctor da Vila habían presentado pedidos de informe sobre el tema en la Legislatura provincial. Planteó que las tierras deben seguir siendo del Estado y que todo plan de desarrollo debe ser elaborado por los vecinos y trabajadores de la zona, y pidió que el gobierno retire el proyecto. La ovación recibida mostró la decisión de la asamblea de enterrar el proyecto. Luego se sumaron legisladores del PJ y funcionarios del Frente Renovador, y hasta del último candidato a Intendente del la UCR en Tunuyán, Marcelo Romano, en la misma línea.
UNA SALIDA OBRERA
La lucha contra el remate de «La Remonta» se inscribe en la crisis vitivinícola de los últimos años, que ha dejado a miles de pequeños productores arruinados y un tendal de obreros rurales desocupados, favoreciendo la concentración de la propiedad de la tierra en un puñado de bodegueros que imponen los precios de la uva y que son los que se van a adueñar de La Remonta si prospera la decisión del gobierno.
Las inversiones en infraestructura que hoy se les promete a los capitalistas de la uva y el vino a fuerza de nueva deuda pública, se deben realizar cobrando un impuesto extraordinario a los grandes bodegueros, y las tierras en disputa, puestas a disposición de un padrón de trabajadores rurales sin tierra, con prioridad de sus actuales ocupantes, para ser producidas de manera colectiva, en blanco, con salarios que cubran la canasta familiar, subsidio intercosecha para obreros temporarios y jubilación a los 57 años.
