La obesidad constituye uno de los principales problemas de salud pública debido a su estrecha asociación con la hipertensión, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Si bien sus causas son varias, la principal es el consumo excesivo de azúcar, sodio, grasas y calorías agregadas a los alimentos. Entre las estrategias disponibles para inducir a las personas a minimizar el consumo de estos nutrientes está el etiquetado frontal. Son figuras octogonales en la parte delantera de los envases de alimentos y bebidas que alertan a los consumidores si los productos contienen cantidades elevadas de estos nutrientes.
El Gobierno de Javier Milei va al revés, retrocede con una propuesta para dejar sin efecto la Ley de Etiquetado Frontal, aprobada en el Congreso en 2021 para informar a los consumidores sobre los excesos de nutrientes críticos en alimentos y bebidas. En paralelo, legisladores del oficialismo y espacios aliados impulsaron proyectos para derogar la normativa, mientras el Ejecutivo prepara un nuevo esquema alineado con los criterios del Mercosur.
La legislación actual exige que los productos incorporen sellos negros de advertencia cuando presentan altos niveles de azúcares, sodio, grasas o calorías. La intención de la Casa Rosada es reemplazar ese sistema por otro modelo de rotulado, aunque primero buscará avanzar con la eliminación de la ley vigente, enfocada en promover hábitos de alimentación saludable.
Al respecto, los legisladores Daiana Fernández Melero (PRO) y Alejandro Bongiovanni (La Libertad Avanza) presentaron en los últimos días una iniciativa conjunta que busca dejar sin efecto la ley de sellos. “Es un exceso de paternalismo”, apuntó el legislador libertario.
Ambos diputados ya lo habían intentado por separado en 2024 y ahora que los proyectos perdían estado parlamentario, presentaron uno nuevo juntos. “Una cosa es la información y otra que te digan que un producto es malo”, enfatizó Bongiovanni.
“Lo que hacen es poner una mancha a los productos para demonizarlos al igual que a la industria”, indicó el legislador de LLA. “Odian a los ultraprocesados”, remarcó.
Entre las críticas que le hacen a la norma, los libertarios hacen hincapié en que no genera incentivos para que la industria haga alimentos más saludables. “Complica al comercio exterior, los demás productos de otros países no los tienen”, aseguran.
En el oficialismo confían en tener los votos para aprobar la derogación de la ley.
Cobos: «Derogar es tirar por la borda un cambio cultural de una población que quiere ser más sana»
En tanto, el exvicepresidente y diputado nacional mandato cumplido, Julio Cobos, es uno de los principales impulsores y defensores de la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos (sancionada en 2021) en Argentina. Recientemente, ha rechazado de manera enérgica un proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo para derogar o modificar esta normativa, advirtiendo que hacerlo afectaría la salud pública y el derecho a la información.
Cobos empezó a mover fuerte para que el Senado no avance con la derogación. Ya habló con «pesos pesados» de La Libertad Avanza para pedirles que no borren una ley que, según insiste, ha dado buenos resultados en Chile. El expresidente presiona para que, en todo caso, primero exista un acuerdo entre los países del Mercosur para llegar a un sistema común.
El ex vicepresidente de la Nación subrayó que “el mensaje del Ejecutivo repite los argumentos de la industria”, cuyo sector desde el inicio del debate buscó reducir la visibilidad del contenido nutricional: “La industria por ahí pretende que queden letras muy chiquititas, donde vos no sabés los componentes y los nutrientes”.
“Esta ley costó cinco años de debate desde 2015. Apenas la presenté yo, que fui el primero, después me siguió (la actual senadora de Fuerza Patria) Anabel Fernández Sagasti, me pidieron audiencia la COPAL, la cámara vinculada a la industria de la alimentación, las fábricas de gaseosas y la industria azucarera”, dijo Cobos, sobre la presión empresaria sobre el tema. “Con las mismas palabras que escuché durante esos cinco años, son las que están escritas en la exposición de motivos del mensaje que manda el Poder Ejecutivo”, reveló.
«Tenemos más del 37% de la población con obesidad. En los chicos llega a casi al 50%. Hay problemas con hepatitis B y problemas cardiovasculares”, afirmó Cobos.
El ex diputado radical remarcó que la intención de la norma apunta a “que la industria modificara el perfil de los nutrientes”, con el fin de “corregir la composición de los alimentos” y trabajar en una “alimentación más saludable”.
En ese marco, Cobos destacó el impacto cultural de la ley: “Lo importante de esta ley es cómo ha penetrado en los chicos. Tengo una nenita de cinco años y me pregunta si es saludable o no lo que compramos. ¿Por qué? Porque en la escuela los están educando”.
Por otra parte, Cobos vinculó el espíritu de la normativa con el concepto de libertad individual, argumentando que la información clara es la base para que el ciudadano decida con conocimiento.
«Vos como consumidor tenés la libertad de acción de decidir. Yo soy chocolatero y me compro el chocolate, lo como y sé que estoy en falta pero lo hago razonablemente no», ejemplificó.
Finalmente, el exvicepresidente hizo un llamado a respetar el trabajo legislativo previo y a priorizar el diálogo por sobre la eliminación total de la ley.
Para concluir enfatizó el respaldo político con el que nació la norma advirtiendo que «se aprobó con 60 senadores y 200 diputados”.
“Mirá el trabajo que hicimos y fue totalmente transversal su aprobación. Así que ojalá que esto no prospere y que se tiene que modificar algo el gobierno que sea puntualmente y que esté abierto al debate y al diálogo», cerró Cobos.
Los detalles del proyecto para derogar la Ley de Sellos
Entre los principales argumentos del proyecto, los impulsores sostienen que la actual Ley de Etiquetado Frontal “genera confusión” en los consumidores y no cumple con el objetivo de brindar información clara sobre el contenido nutricional de los productos. Según plantean, el sistema argentino utiliza criterios de medición basados en la proporción de nutrientes respecto del total de calorías, lo que puede derivar en que alimentos con igual cantidad de azúcar o sodio reciban advertencias diferentes.
La iniciativa también cuestiona la efectividad de los octógonos negros para incentivar cambios en la industria alimenticia. De acuerdo con los fundamentos, el esquema vigente no promovió una reformulación significativa de productos y terminó generando una “sobreabundancia” de sellos: aseguran que en 2023 el 85% de los alimentos envasados tenía al menos una advertencia, lo que —afirman— reduce el impacto informativo del sistema.
Otro de los ejes del proyecto apunta contra las diferencias regulatorias dentro del Mercosur. Los autores sostienen que la coexistencia de distintos modelos de etiquetado en la región obliga a las empresas a modificar envases y fórmulas según el país de destino, lo que incrementa costos y afecta especialmente a las pymes exportadoras. En ese marco, proponen avanzar hacia un sistema unificado de etiquetado nutricional para todo el bloque regional.
Además, el texto remarca que las recientes modificaciones introducidas por la ANMAT en la reglamentación de la ley implicaron un reconocimiento implícito de las “fallas” del sistema actual, aunque considera que esos cambios administrativos no alcanzan para resolver los problemas estructurales de la norma. Por eso, los legisladores plantean que la derogación es la única vía para establecer un nuevo esquema con “certeza jurídica” y reglas armonizadas con el Mercosur.
Los resultados concretos del Etiquetado Frontal
La experiencia de Chile, donde fue implementado en 2016, aporta evidencias valiosas para echar luz sobre esta pregunta. De un relevamiento de estudios de impacto hechos en ese país se observa que:
- El consumo de sodio agregado se redujo en aproximadamente 27% con respecto a la situación pre etiquetado frontal.
- El consumo de azúcar agregada disminuyó aproximadamente 18%.
- El consumo de grasas saturadas bajó aproximadamente 19%.
Estos datos muestran que el consumo de nutrientes no recomendados se habría reducido. Sin bien los estudios no son concluyentes hay indicios suficientes como para descartar que el etiquetado frontal no tenga efectos positivos. Estudios complementarios en Chile también señalan que hubo una reducción de contenidos de estos nutrientes en los productos manufacturados por las empresas para evitar la etiqueta. Otro estudio no encuentra destrucción de empleo ni baja en la rentabilidad de las empresas alimenticias. En suma, el etiquetado tendría los impactos positivos esperados sin afectar la actividad productiva.
También es cierto que el sistema es imperfecto y que todos los países que lo aplican, incluido Chile, están en un proceso continuo de análisis y mejora. Por ejemplo, se produce la paradoja de alimentos muy ultraprocesados, como papas fritas o jugos artificiales, que tienen menos etiquetas que quesos crema o port salut enteros. O jugos concentrados artificiales con la misma etiqueta de exceso de azúcar que mermeladas bajas en calorías. Una clara debilidad es que el esquema binario confunde a la gente y diluye impactos. Es necesario –y en algunos países como Estados Unidos se comienza a indagar– experimentar con etiquetas que reflejen diferentes grados de intensidad de los nutrientes no deseados.
