Recién en esta semana el Gobierno de Javier Milei envió al Congreso Nacional el proyecto de la denominada “Ley Hojarasca”, impulsada por Federico Sturzenegger. una iniciativa que busca eliminar más de 70 normas consideradas obsoletas, sin aplicación práctica o incompatibles con la Constitución. El objetivo es simplificar el sistema legal, reducir la acumulación normativa y limitar lo que el oficialismo define como exceso de intervención estatal.
En el proyecto, el Gobierno segmentó las leyes a dar de baja y las dividió entre: “Obsoletas o sin efecto por el avance de la tecnología, economía o paso del tiempo; las que afectan a libertades individuales; las englobadas por legislaciones posteriores más completas y modernas; las que cuya derogación implica un avance en la desburocratización; las que remiten a procesos inexistentes u organismos disueltos; y aquellas sobre organismos para integrantes del sector público, financiados con fondos públicos nacionales”.
Sin embargo, en Mendoza el trabajo de desburocratización se viene dando desde hace tiempo y están un paso adelantado en relación al resto del país.
La vicegobernadora Hebe Casado y su equipo de trabajo viene encarando desde el año pasado, una avanzada contra las normas que quedaron vetustas y otras, en las que hay sobrelegislación. La primera tanda y la segunda ya se aprobaron y la tercera, arrancó en este nuevo año.
«En Mendoza vamos por la Hojarasca 3 y reducimos la cantidad de leyes a menos de la mitad hasta 1990. Somos la única legislatura que deroga más leyes de las que sanciona. Y también pretendemos derogar el Circulo de Legisladores de Mendoza (sí, tienen estructuras provinciales también). Que a pesar de su inactividad conlleva un gasto de más de 40 millones de pesos al año», señaló la vicegobernadora Hebe Casado desde sus redes.
La Ley Hojarasca Mendocina fue una iniciativa de la vicegobernadora que va en sintonía con el trabajo que encaró el ministro de Desregulación nacional, Federico Sturzenegger. En la presentación oficial, Casado explicaba que el proceso comenzó con la idea de elaborar un digesto que permitiera ordenar y clarificar el marco normativo provincial.
La tercera edición alcanzará a 134 leyes de las 303 que fueron sancionadas entre 1976 y 1990. Además, se suman 16 normas vigentes de períodos previos que no habían sido incluidas en revisiones anteriores y que también se propone eliminar en su totalidad.
En relación con las etapas anteriores, la primera revisión abarcó el período 1896-1950, con 102 leyes analizadas y 75 derogadas, iniciativa que ya fue convertida en la Ley 9653. La segunda etapa comprendió los años 1951-1975, con 172 leyes revisadas y 91 derogadas. Con la tercera etapa, el total de normas analizadas asciende a 574, lo que representa aproximadamente el 25% del marco jurídico provincial, evidenciando que el proceso continuará en fases posteriores.
El actual entramado de leyes, decretos y resoluciones ha generado un “laberinto normativo” en Mendoza que dificultaban la toma de decisiones y el desarrollo económico.
Entre las leyes derogadas aparece una de las más llamativas: la elaboración de pan de bajo costo en la en la penitenciaría, una disposición que reflejaba las preocupaciones de otra época respecto de la alimentación de los internos.
Otra norma que quedó sin efecto regulaba estrictamente los horarios de los floristas, como si se tratara de una actividad sujeta a un control laboral específico por parte del Estado. En concreto, la ley que se busca derogar establecía que el rubro no podía trabajar los miércoles en la tarde.
También fue eliminada la ley que incentivaba el cultivo de remolacha azucarera, un sector productivo que perdió relevancia en la economía mendocina.
La limpieza normativa es fundamental para dotar de mayor claridad al orden jurídico provincial y facilitar el acceso a la información pública. Sin embargo, el debate también dejó en evidencia el costado pintoresco de un archivo legislativo que arrastraba leyes dignas de un museo de curiosidades.
