La diputada nacional por Mendoza, Lourdes Arrieta, presentó una denuncia penal contra el exministro de Defensa y actual diputado Luis Petri por presuntas irregularidades en la administración del sistema de salud de las Fuerzas Armadas y de Seguridad concentrado en IOSFA. La causa fue radicada ante la Justicia Federal e incluye graves acusaciones vinculadas al manejo de fondos y al funcionamiento del sistema sanitario.
Según explicó la legisladora, en las últimas semanas se multiplicaron los reclamos por demoras en la entrega de medicamentos, interrupciones en tratamientos médicos y dificultades para acceder a prestaciones básicas, en especial en casos de pacientes oncológicos, personas con enfermedades crónicas y niños que requieren atención especializada.
“Detrás del uniforme hay familias, y hoy muchas están atravesando situaciones muy difíciles para acceder a tratamientos que no pueden esperar”, afirmó Arrieta, al referirse al impacto que la situación tiene sobre personal en actividad, retirados, trabajadores civiles y familiares de integrantes de las fuerzas.
La diputada también apuntó a responsabilidades políticas por el deterioro del sistema y cuestionó la gestión del área de Defensa durante los últimos años, en particular al exministro y actual diputado nacional Luis Petri, por la falta de respuestas ante los reclamos que —según sostuvo— vienen planteando los afiliados desde hace tiempo.
“La defensa nacional no se declama en actos o discursos. También se defiende garantizando la salud y la dignidad de quienes sirvieron al país”, expresó.
“Los soldados y sus familias no pueden quedar solos frente a un sistema que no responde. Escuchar sus testimonios es el primer paso para recuperar la dignidad de la familia militar y de seguridad”, concluyó.
¿Qué delitos se le imputan a Luis Petri en la denuncia?
De acuerdo al escrito judicial presentado por Arrieta, se solicita investigar la posible comisión de varios delitos:
- Administración fraudulenta
- Malversación de caudales públicos
- Incumplimiento de deberes de funcionario público
- Abandono de persona
La legisladora sostiene que estas conductas habrían tenido consecuencias directas en el deterioro del sistema de salud que asiste a cientos de miles de afiliados.
Un sistema con 650.000 afiliados en crisis
El eje central de la denuncia es la situación del IOSFA, uno de los sistemas de cobertura médica más grandes del país, con aproximadamente 650.000 afiliados, entre personal militar, personal civil, retirados, pensionados y sus familias.
Según el documento, durante la gestión de Petri al frente del ministerio de Defensa nacional: el organismo habría pasado de tener superávit y reservas, a un escenario de endeudamiento creciente y crisis estructural. Este deterioro financiero, sostiene la denuncia, tuvo consecuencias directas en la atención médica: cortes de prestaciones; suspensión de servicios por parte de prestadores; demoras en pagos y reintegros; rescisión de convenios en distintas regiones del país.
Desde el entorno de Arrieta sostienen que la denuncia busca “determinar responsabilidades y garantizar que los recursos destinados a la salud de las familias militares sean utilizados correctamente”.
Según el documento judicial, durante la gestión de Petri al frente del Ministerio de Defensa, el organismo habría pasado de una situación de superávit y reservas a un escenario de endeudamiento creciente y crisis estructural.
Falta de insulina y medicamentos oncológicos
Uno de los puntos más sensibles es el impacto directo en la salud de los afiliados. La denuncia advierte sobre: falta de provisión de insulina; interrupciones en tratamientos oncológicos, y demoras en medicamentos esenciales para enfermedades crónicas.
“La interrupción de estos tratamientos no es un problema administrativo: pone en riesgo la vida de los pacientes”, señala el escrito.
Incluso se mencionan casos donde la suspensión de tratamientos habría generado agravamiento de enfermedades y consecuencias irreversibles, lo que motiva la inclusión de la figura penal de abandono de persona.
Otro de los ejes de la denuncia apunta a un préstamo de aproximadamente 40.000 millones de pesos otorgado por el Instituto de Ayuda Financiera (IAF).
Según la presentación judicial, los fondos estaban destinados a modernización hospitalaria y sistemas informáticos pero no existe claridad sobre su aplicación concreta. Esto se da en paralelo —según el texto— a un escenario de desabastecimiento generalizado y colapso de prestaciones.
“El corte de estos tratamientos no es un problema administrativo: pone en riesgo la vida de los pacientes”, señala el escrito.
Contratos millonarios bajo sospecha
La denuncia también menciona: contratos de gran magnitud con droguerías y proveedores privados; inconsistencias entre esos gastos y la falta de medicamentos,y posibles irregularidades en la administración de recursos.
Además, se advierte que en instancias de investigación habrían existido dificultades para acceder a documentación clave, lo que genera sospechas sobre el manejo de la información.
Entre las medidas solicitadas a la Justicia, se incluyen: informes financieros completos del organismo; detalle de deudas con prestadores; contratos con proveedores; documentación del préstamo del IAF; citación de afiliados, prestadores y representantes sindicales.
Además, se mencionan casos donde la interrupción de terapias habría provocado agravamiento de enfermedades e incluso consecuencias irreversibles, lo que fundamenta la inclusión del delito de abandono de persona.
¿Qué se investiga sobre el préstamo de 40 mil millones de pesos?
Otro eje clave de la denuncia apunta a un préstamo cercano a 40 mil millones de pesos otorgado por el Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares.
Según la presentación:
- Los fondos estaban destinados a modernización hospitalaria y sistemas informáticos
- No existe claridad sobre su aplicación concreta
Este punto genera especial preocupación, ya que se da en paralelo —según la denuncia— a un escenario de desabastecimiento y colapso en las prestaciones médicas.
¿Qué irregularidades se señalan en contratos y proveedores?
El escrito también menciona posibles inconsistencias en la administración de recursos, entre ellas:
- Contratos millonarios con droguerías y proveedores privados
- Diferencias entre los gastos registrados y la falta de medicamentos
- Dificultades para acceder a documentación clave durante instancias preliminares
Estos elementos, según la denunciante, podrían evidenciar irregularidades en la gestión del sistema.
¿Qué medidas pidió la Justicia Federal?
Entre las acciones solicitadas en la causa se incluyen:
- Informes financieros completos del organismo
- Detalle de deudas con prestadores
- Contratos con proveedores
- Documentación del préstamo del IAF
- Citación de afiliados, prestadores y representantes sindicales
¿Cuál es el objetivo político de la denuncia?
Desde el entorno de Arrieta señalaron que la presentación busca “determinar responsabilidades y garantizar que los recursos destinados a la salud de las familias militares sean utilizados correctamente”.
La causa ahora quedó en manos de la Justicia Federal, que deberá definir si avanza con la investigación y las medidas de prueba solicitadas.
