El decreto 1126, que publica el Boletín Oficial con la firma del presidente Mauricio Macri y varios ministros, confirma la rebaja de las retenciones a la soja, a razón de medio punto porcentual cada mes, entre otros aspectos de la estructura arancelaria.
A partir del 1 de enero y hasta fin de mes, el tributo será entonces de 29,5% para los embarques del grano de soja y de 26,5% para sus subproductos.
Esta leve modificación sobre la alícuota de los únicos derechos de exportación que siguen en vigencia después de la eliminación generalizada de retenciones dispuesta en diciembre de 2015, impactará sobre todo en las ventas de la llamada «soja vieja» o «disponible» en momentos en que los productores todavía conservan cerca del 25% de la cosecha 2016/17.
El decreto firmado por Macri, su jefe de Gabinete Marcos Peña, y los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne; y de Producción, Francisco Cabrera; en realidad adopta una serie de definiciones referidas al Arancel Externo Común del Mercosur.
En su artículo 12° ratifica los términos de otro decreto, el 1.343 del 30 de diciembre de 2016, con el cual Macri estableció un cronograma descendente de las retenciones al complejo sojero, que será gradual a razón de 0,5% cada mes.
De ese modo, el tributo debería bajar progresivamente hasta 24% en diciembre de 2018 y hasta 18% un año más tarde, cuando termine el actual periodo presidencial. Había comenzado en 35%, y todavía hoy aporta al Fisco una suma importante cercana a los US$ 6.000 millones anuales.
Quién pegó el grito en el cielo fue el Presidente del PJ Nacional, el sanjuanino José Luis Gioja, que afirmó «Esta norma no sólo afecta económicamente a las provincias, además es inconstitucional e ilegítima porque el Gobierno no tiene la facultad para dictarla».
«El Gobierno de CAMBIEMOS apela a un cinismo sin límites, por un lado repiten como un mantra que apuestan a la reactivación económica y a mejorar la coparticipación, y por el otro, de un decretazo (Dec. 1343/2016) que afecta a los derechos de exportación, reducen sustancialmente la recaudación tributaria en cerca de 6 mil millones de pesos, que va a dejar sin obra pública a todas las provincias», se quejó amargamente el Vicepresidente de la Cámara de Diputados de la Nación, el peronista sanjuanino José Luis Gioja, y agregó que «le quitan dinero a jubilados, a pensionados de Malvinas y a quienes perciben beneficios sociales, para dárselo a los sectores más concentrados de la economía. Este es un gobierno insensible que desprecia a los pobres»
El legislador cuyano presentó un Proyecto de Ley (5382-D-16) pidiendo la derogación del Decreto 1343/16 que impone una reducción de la alícuota de los derechos de exportación a la soja y productos derivados, que para diciembre de 2019 habrá de llegar al 50%.
Por otro lado, de acuerdo a lo informado por miembros del Ministerio de Finanzas y del Ministerio de Hacienda, esa reducción de la alícuota implicará una reducción en la recaudación para el ejercicio pasado 2018 y, al mismo tiempo, en una disminución de los aportes del Fondo Federal Solidario al Plan Belgrano.
En su afán por mostrar las contradicciones del Gobierno, Gioja fue muy enfático al sostener que «en 2010 los entonces diputados opositores Patricia Bullrich, Elisa Carrió, Gladys González y Ricardo Buryaile, hoy funcionarios y legisladores electos de la Alianza gobernante CAMBIEMOS, sostenían que el anterior gobierno no tenía atribuciones para dictar decretos, porque la facultad delegada que se lo permitía había caducado en agosto de ese año».
Y para que no queden dudas de su afirmación, el diputado por el PJ de San Juan arremetió, «hoy, los que eran oposición en 2010 son gobierno y parecen olvidar los ríos de tinta que se utilizaron para argumentar aquella posición, y siete años después de que se desgañitaron acusando al gobierno de entonces de no respetar las normas, se valen del mismo criterio legal que el anterior gobierno para dictar un Decreto que le quita a las provincias 6 mil millones de pesos».
«Por eso decimos que esta norma, que no sólo afecta económicamente a las provincias, es además inconstitucional e ilegítima porque el Gobierno no tiene la facultad para dictarla» sostuvo el legislador.
En los fundamentos de su iniciativa, Gioja sostiene que si la prórroga de las delegaciones se venció el 24 de agosto de 2010, emerge un interrogante: ¿qué se debe hacer de ahora en adelante con ellas y en particular con las retenciones?
El jurista Gustavo Arballo (“Después del 24 de agosto”, publicado en “Saber de leyes no es Derecho”) exhibió con claridad las alternativas:
1- todo lo delegado caduca el 24/8/2010 y las retenciones «se caen»;
2- el 24/8/2010 se detiene la posibilidad de modificar retenciones por decreto de ahí en adelante pero normativamente queda todo como está hasta que se modifiquen por ley.
3- el 24/8/2010 todo se retrotrae a 2006, o sea, a la última vez que el Congreso convalidó los ejercicios de la delegación prorrogada.
Hasta el dictado del Decreto 1343/2016 (y también otros de este Poder Ejecutivo de la Nación) todo indicaba que había prevalecido la posición 2. Es decir que las retenciones quedaban como estaban, pero el Poder Ejecutivo no podía ejercer nuevamente las potestades del artículo 755 del Código Aduanero.
El referente del Justicialismo sanjuanino fue terminante en sus conceptos y remata, «¿cómo puede ser que hayan dictado un decreto modificatorio al régimen de retenciones en función de una delegación que ya no está vigente? ¿Cómo puede ser que este Poder Ejecutivo de la Nación y los “legisladores oficialistas” hayan sostenido la vigencia total del principio de legalidad en materia tributaria y ahora apoyen y perpetren su violación a través de decretos?.
Una respuesta posible consiste en una mala interpretación del vencimiento de las facultades delegadas. Sin embargo, el dictado del Decreto 1343/2016 no deja de constituir una interpretación errónea y, además, un concreto atropello al orden constitucional e institucional que debe ser corregido de inmediato».
