Por más que la disfracen como quieran, metan millones en los medios locales y en puntuales periodistas, no hay licencia social en la provincia de Mendoza ante la avanzada megaminera.
No, no la hay… porque el pueblo mendocino sabe muy bien que el gobierno de Alfredo Cornejo y de su ministra de Ambiente, Jimena Latorre, no inspiran confianza ni transparencia en sus acciones.
Una gestión ambiental que no ofrece garantías. Está a la vista la incapacidad de llevar un control estricto del derroche de agua en toda la provincia por el mal mantenimiento de los caños de Aguas Mendocinas. Por los basurales a cielo abierto que pueden verse en diferentes rincones de la provincia. En las acequias tapadas de basura. En el descontrol de derrame de químicos que las empresas desechan en los ríos de la zona. En todos los casos, Ambiente trata de tapar y silenciar los temas en vez de aplicar sanciones ejemplares y responsables.
Entonces ¿Si este gobierno no puede controlar el entorno urbano y rural más esencial en la vida diaria de una provincia por qué debemos creer en el compromiso responsable del cornejismo en el control de la minería?
No hay confianza. A pesar de diversos funcionarios recorrieron el mundo y sumaron varias millas de vuelo ofreciendo «las bondades mineras» de la provincia de Mendoza, ninguna empresa extranjera seria ha venido a invertir en esta tierra del vino. Muchas ven licitaciones amañadas dirigidas a dedo, falta de garantías en cuanto a la obtención de ganancias, magro material en recursos humanos, pésimo estado de conectividad de sus rutas que solo generan un dolor de cabeza a los transportistas vinculadas a la actividad minera, escasos servicios cercanos en las zonas extractivistas, entre otros aspectos.
No hay confianza en su ministra de Ambiente, Jimena Latorre, que aún estamos esperando una respuesta sobre qué hizo con sus millones que ganó en su paso como directivo de YPF siendo a la vez funcionaria pública. Tampoco ha explicado sobre la tuberculosis en el Ecoparque, a dónde fue a para las millonarias donaciones que hizo Santi Maratea para el Ecoparque. Donde está Jime, todo es silencio y misterio. Verdaderamente no es la mejor garante para controlar la minería ante un supuesto caso de derrame… como sí ya ha sucedido en San Juan en el proyecto Veladero, donde recientemente se encontraron peces muertos a la orilla de sus ríos, tal como lo hemos denunciado desde nuestro medio BienCuyano.
El manso desastre del uranio en el Sur de Mendoza en dónde Ambiente duerme la siesta
El desastre ambiental ya está en Mendoza y, en 10 años del cornejismo, nadie se hace cargo. Se trata de uno de los mayores depósitos de uranio del país, con pasivos acumulados durante más de dos décadas de explotación, que hoy se ven abandonados en viejos tambores en pésimo estado, sin tratamiento hasta el día de hoy de 2.400.000 tn. de colas de uranio, 1.000.000 tn. de roca estéril, unas 600.000 tn. de mineral marginal, 5.340 tambores y 1.200.000 tn. de agua en las canteras y en los diques de evaporación, que potencian peligro de derrame de sus contenidos en las napas de agua y los acuíferos que terminan en consumo humano y con altísimos niveles de radioactividad.
Cabe destacar que dichos diques y membranas se construyeron hace más de 30 años y ya superaron con creces su vida útil. Hoy, hasta limpian el DN3B con pala a mano para no romper la membrana. Es una confesión explícita de fragilidad. A eso se suman los tambores corroídos que siguen enterrados desde los años ochenta.
Sin estudios ambientales en la zona sobre el grado de contaminación hace que el pueblo mendocino en el sur viva en medio de la incertidumbre de su salud.
Cabe destacar que la zona genera una grave preocupación ambiental: diques, canteras, y más de 5000 tambores con residuos sólidos contaminantes a cielo abierto o enterrado en trincheras y disuelto en el agua almacenada por efectos de correntías, lluvias e infiltraciones de las viejas canteras. Pensemos que por más de una década, el establecimiento mendocino proporcionó el uranio necesario para abastecer a las centrales nucleares, como la de Embalse, donde se obtiene la totalidad del Cobalto 60 utilizado en el país, y a los reactores de investigación. Todo un peligro.
Entre 1975 y 1997, en el Complejo Minero Fabril Sierra Pintada (CMFSP) se extrajeron y procesaron 1.600 toneladas de uranio, lo que se estima que representa alrededor de un 20% del recurso total existente en el sitio. Aún hoy este yacimiento, ubicado en el paraje mendocino de Sierra Pintada, es considerado el mayor depósito de uranio conocido de la Argentina y está literalmente a la buena de Dios.
Estos pasivos ambientales de uranio en San Rafael existen principalmente desde el cierre de sus operaciones en 1997, acumulándose residuos sólidos en tambores y agua de cantera desde las décadas de los 70, 80 y 90.
La mina de uranio Sierra Pintada está ubicada en la cuenca hídrica de San Rafael: la atraviesa el arroyo El Tigre, que desemboca en el río Diamante, principal abastecedor de agua de la ciudad y los distritos cercanos. De este sistema hídrico, que nace y recarga en las altas cumbres de la Cordillera de Los Andes, depende toda la actividad agropecuaria de la región. La vitivinicultura, fruticultura, ganadería y agroindustria (secaderos, conservas y pequeños emprendimientos).
Un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) publicado por el sitio El Auditor, detectó que desde 2002 no se hacen estudios del impacto que esta actividad tiene sobre la flora y la fauna cercana al Complejo Minero Fabril Sierra Pintada, predio ubicado en San Rafael, Mendoza.
Según el trabajo, el organismo que debía llevar adelante esas mediciones es la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), un ente autárquico que depende de la Secretaría de Energía, bajo la órbita del Ministerio de Planificación Federal, que actualmente desfinancia el gobierno nacional de Javier Milei.
La Auditoría añade que la CNEA tampoco realizó en Sierra Pintada estudios sobre el arsénico, una sustancia que -al igual que el uranio-, puede ser “capaz de generar impactos negativos en el medio ambiente, según lo expresado por la Organización Mundial de la Salud”.
En términos más generales, años atrás la AGN comentó que junto a las actividades vinculadas al uranio “se producen grandes cantidades de residuos sólidos y líquidos que deben ser gestionados en forma segura para controlar las repercusiones negativas que pueden tener los procesos ambientales”, y agregó: “Tanto las colas del mineral como los efluentes son fuentes potenciales de contaminación de las zonas aledañas, si no se realiza el tratamiento adecuado”.
La pregunta es ¿Qué está haciendo del gobierno de Cornejo ante este desastre ambiental radioactivo? Pues, nada… lo tapa… lo esconde.
¿Eso es garantía de responsabilidad ambiental ante un futuro motor de desarrollo minero que sueña Alfredo?
Por Julián Galván
