Luego de una semana atravesada por suspensiones y reacomodamientos de agenda, el ministro del Interior, Diego Santilli, retomó desde este jueves su gira por las provincias, una hoja de ruta clave para el Gobierno en la antesala del tratamiento de la reforma laboral. Las modificaciones estuvieron marcadas por problemas meteorológicos y por la situación en la Patagonia, pero en Balcarce 50 aseguran que el cronograma federal sigue en pie y se intensificará en los próximos días.
El objetivo para el gobierno es uno solo: garantizar que en febrero, cuando se retomen las sesiones extraordinarias, las 136 páginas del proyecto de reforma laboral consiga la luz verde definitiva. Para ello, Javier Milei comienza a desplegar un operativo que busca quebrar cualquier resistencia provincial mediante las negociaciones del ministro del Interior, Diego Santilli, quien ha iniciado una gira nacional para blindar los votos necesarios. Mientras, en sintonía con las reuniones del Colo, se afina la billetera de Luis Caputo para la compra de voluntades.
El itinerario volvió a tomar ritmo hoy por la mañana, cuando Santilli viajó a Mendoza para reunirse con el gobernador Alfredo Cornejo. Por la tarde, el ministro también se trasladará a San Juan, donde mantendrá un encuentro con el mandatario provincial Marcelo Orrego. Ambos contactos forman parte de la ronda de conversaciones con gobernadores que el Ejecutivo impulsa antes del debate legislativo de la reforma laboral.
Hubo plena rosca en la mañana en la Casa de Gobierno provincial, en medio de la reunión del Gobernador Alfredo Cornejo con el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, porque en medio del pedido desde Casa Rosada para que el cornejismo apoye el proyecto de reforma laboral.
Cabe destacar que Cornejo fue uno de los gobernadores aliados que ya anticipó su respaldo a la reforma laboral, que el Gobierno pretende sancionar en febrero, e incluso reclamó un mayor endurecimiento de esa iniciativa.
“La reforma se quedó corta porque creo que en algunos puntos se concedió demasiado al sindicalismo y a la CGT. Yo hubiera avanzado más a fondo”, sostuvo el mandatario provincial en una entrevista con un medio local.
Pero el mendocino no quiere quedarse corto y empezó a manguear su «voluntad de apoyo» a cambio obras… le entregó un pedido formal por escrito solicitando el avance y la finalización de obras viales de competencia exclusiva del Gobierno nacional que se encuentran en territorio mendocino.
Entre las obras priorizadas, el mandatario provincial planteó la necesidad de concluir la Ruta Nacional 40 en su tramo hacia San Juan, que actualmente se encuentra a medio ejecutar, lo que genera dificultades para el tránsito interprovincial y el transporte de cargas.
Asimismo, solicitó avanzar con la ejecución del tramo de la Ruta 40 entre Bardas Blancas, en el departamento de Malargüe, y en el límite con la provincia de Neuquén, una obra clave para mejorar la integración del Sur mendocino y fortalecer el corredor bioceánico.
En el mismo sentido, Cornejo reiteró la importancia de que se concrete la licitación de la Ruta Nacional 7 en Alta Montaña. Se trata de una vía estratégica no solo para Mendoza, sino también para el comercio exterior argentino, al tratarse del principal acceso terrestre al paso internacional con Chile.
A esta altura ya no sorprende, pero a contramano del discurso de Milei, el método Santilli es, tal vez, una reedición de las peores prácticas de la casta política. Mirémoslo en detalle. El ministro anota las urgencias de las cajas provinciales, desde el traspaso de cajas jubilatorias hasta fondos retenidos, y luego el Palacio de Hacienda afina la discrecionalidad para liberar los recursos a cambio de apoyo legislativo. De las mejores mañas de la casta.
A pesar de este método, la negociación para los libertarios no es sencilla porque el proyecto oficial contiene un artículo que ha puesto en guardia incluso a los mandatarios más dialoguistas. El artículo 191 propone un recorte de casi dos billones de pesos de la masa coparticipable del Impuesto a las Ganancias que tributan las empresas, beneficiando directamente a solo 144 grandes compañías. Esta rebaja tributaria encubierta impacta de lleno en el corazón del federalismo fiscal, quitándole recursos a provincias como Entre Ríos, Chaco y Mendoza, cuyos gobernadores ahora deben decidir si aceptan este golpe a cambio de algún beneficio marginal para sus gestiones locales.
La «baja recaudación» en Mendoza se refiere a una persistencia de niveles de ingresos fiscales bajos en 2025, a pesar de un crecimiento del 1.5% real respecto a 2024, con caídas notables en regalías y un impacto combinado de impuestos como Inmobiliario y Sellos que no alcanzaron a compensar completamente, aunque se busca reducir presión tributaria para 2030. Factores como la caída del consumo y la alta presión tributaria son causas, con medidas fiscales apuntando a bajar impuestos a electrónicos y rubros específicos, y esfuerzos para digitalizar trámites (ATM).
La caída de la recaudación de Mendoza, es decir de la “caja”, fue del 8% con respecto al 2023. Eso, midiendo el dinero bruto, menos la inflación. “Significa que la Administración Provincial contó con $23.103 millones menos por mes que en el año previo para hacer frente a sus gastos”, explican desde el Gobierno. En Mendoza hubo ajuste, pero no retracción de la intervención del Estado en áreas clave, como los subsidios al transporte.
El otro gran golpe se sintió por la disminución en Ingresos Brutos. Es el impuesto “más cuestionado” por ser regresivo, pero es la principal fuente de recursos. El derrumbe de ese tributo fue del 10%. Algo similar ocurrió con los sellos.
¿El cornejismo sería capaz de pegarse un tiro en el pie y votar la reforma laboral con el articulo 191 que reduzca más sus ingresos tributarios, siendo una de las provincias más perjudicadas en este ítem recaudatorio?
El antecedente inmediato de esta dinámica fue la aprobación del Presupuesto 2026, un triunfo que el oficialismo presenta como total pero que, en los hechos, fue una victoria cargada de concesiones. Para obtener los votos, el gobierno tuvo que retroceder en puntos criminales de su ajuste, como la derogación de la ley de emergencia en discapacidad o el desfinanciamiento total de las universidades nacionales. Ese proyecto no salió como Milei quería, y la reforma laboral podría correr el mismo riesgo si el descontento crece en las calles.
Ajuste laboral y traición sindical
El contenido de la reforma laboral que el oficialismo pretende sancionar es el sueño de las patronales y el FMI. Bajo la idea de la modernización, se oculta un ataque estructural que busca instaurar el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo donde los empleadores aportan un porcentaje obligatorio para financiar sus propios costos de despido, eliminando de hecho la estabilidad y el carácter punitivo de las indemnizaciones. Además, el proyecto avanza peligrosamente sobre el derecho a la huelga, estableciendo limitaciones que rozan la inconstitucionalidad para garantizar la “continuidad operativa” de las empresas por encima del derecho constitucional a la protesta. Es un programa diseñado para abaratar la mano de obra argentina y someterla a una flexibilidad extrema, eliminando las multas por trabajo no registrado y facilitando el fraude laboral bajo nuevas modalidades de contratación.
Una de las cuestiones más terribles de este escenario es el papel que está jugando la cúpula de la CGT. En lugar de organizar la resistencia masiva que requiere este ataque, el nuevo triunvirato ha optado por el camino de la claudicación y la negociación a espaldas de las bases. Patricia Bullrich, hoy jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, ha sido clara al manifestar que el diálogo con la central obrera está abierto pero condicionado a un “cambio de status quo“. La respuesta de la burocracia sindical ha sido la de siempre: aceptar mesas técnicas y enviar sugerencias mientras el gobierno avanza. La pantomima de la última movilización, que no tuvo continuidad en un paro general ni en un plan de lucha serio, dejó en claro que la dirección de la CGT está más preocupada por mantener sus propias cuotas de poder que por defender los convenios colectivos.
Este capítulo de entrega se escribe mientras el gobierno intenta dividir aguas entre quienes quieren defender el texto original de Sturzenegger y quienes, como Bullrich, están dispuestos a retocar artículos para llegar al número mágico en el recinto ¿Lo logrará?
