La noticia fue oficializada por el vocero presidencial Manuel Adorni, en la que fue su primera conferencia de prensa de 2025: “En primer lugar (quiero) contarles que el Presidente de la Nación ha decidido designar como procurador del Tesoro a Santiago María Castro Videla”.
De inmediato, el portavoz hizo un breve resumen de los antecedentes del flamante funcionario: “Es un abogado especializado en Derecho Administrativo y diplomado en Derecho Constitucional y Derecho Procesal”. También destacó que es profesor invitado desde hace 15 años en la Universidad Austral.
Lo que el vocero presidencial no aclaró es que Santiaguito es uno de los nietos del genocida de la última Dictadura Miliar, Jorge Rafael Videla. Que incluso lo acompañó en sus últimos días de su muerte.
En redes sociales circula una conversación privada que tuvo Milei con el nieto de Videla le confesó que gracias a su abuelo Videla el padre de Milei consiguió comprar la línea 21 de colectivo en 1979 y cinco línea más de colectivos y gracias a Videla pudo vivir bien toda su vida él, su padre su hermana y su madre y está muy agradecido al gobierno de Videla. Hoy obtiene su «recompensa» a través del cargo a su nieto.
La «sintonía» de Luis Petri
Dejando de lado el legado de Ricardo Alfonsín, el ministro de Defensa de origen radical hizo su aporte a la «batalla cultural» que emprende el Presidente y que salpica a las políticas de memoria, verdad y justicia, a 40 años de democracia, al relativizar la violencia política setentista que incluye la represión ilegal de la dictadura a partir de 1976. Una tarea que ya había sido impulsada desde el Ejecutivo, cuestionando la figura de los 30.000 desaparecidos, agitando la teoría de los dos demonios; y, en otro plano, militando la «memoria completa», que busca poner en pie de igualdad a los detenidos-desaparecidos bajo el terrorismo de estado con aquellos asesinados por las organizaciones guerrilleras.
Desde el año pasado, el ministro de Defensa Luis Petri viene trabajando en el desguace del Equipo de Relevamiento y Análisis que trabajaba sobre los archivos militares de la última dictadura al derogar la resolución que lo creó en marzo de 2010.
Esta decisión termina de desarmar el grupo de trabajo que durante 14 años analizó legajos y documentación de las Fuerzas Armadas y realizó aportes fundamentales a los juicios por crímenes de lesa humanidad.
Desde su llegada al ministerio y el nombramiento de militares retirados en puestos clave, Petri encabeza un importante retroceso en materia de derechos humanos en Defensa. A fines de marzo, a los pocos días del aniversario del golpe cívico militar, fueron los primeros despidos. Una decena de trabajadores del Equipo de Relevamiento fue despedida. Tres meses después, el Grupo de Trabajo fue eliminado.
En estos días, la Armada decidió mudar su archivo general y, como parte parte de la mudanza, resolvió “depurar” la información que tiene en su poder. Para eso, la jefatura de la fuerza autorizó a “triturar” documentación. El tema ya llegó a oídos de abogados y organismos de derechos humanos, que están extremadamente preocupados porque esto podría afectar la prueba necesaria para impulsar las investigaciones por crímenes contra la humanidad cometidos durante la última dictadura.
El archivo general de la Armada está ubicado en Bolívar 1622 y tiene más de 5800 metros lineales de documentación, según figura en la web. Aunque esos números podrían ser demasiado austeros –o estar demasiado desactualizados. Expertos en archivos estiman que son casi 8 kilómetros lineales.
La cúpula de la Marina decidió, a través de una resolución reservada, que el Archivo General de la Armada (AGA) pase a lo que se conoce como Garage Central, ubicado en la zona de Retiro, cerca del edificio Libertad y de los tribunales de Comodoro Py. Hay quienes ven en esa decisión algún interés inmobiliario por parte del gobierno de La Libertad Avanza (LLA).
Las tareas de “depuración” comenzaron en los primeros días de enero y estaría previsto que el traslado de la documentación se produzca durante febrero. Quienes manejan el AGA deberán decidir qué se muda y qué se separa para ser destruido.
Desde Archivistas en Función Pública Argentina (AFPA) difundieron un comunicado en el que expresaban alarma ante la orden de eliminar documentación. “Es urgente y necesario garantizar la conservación de los documentos de valor permanente, ya sea porque contienen información única sobre la historia, la memoria institucional o porque están vinculados a graves violaciones a los derechos humanos”, advirtieron.
La documentación en poder de la Armada es fundamental para la causa en la que se investigan los crímenes en el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde se estima que 5000 personas estuvieron cautivas.
En sus últimos posteos Luis Petri adelantó que busca cerrar la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi).
A través de su cuenta de X (ex Twitter) el ministro remarcó: “La historia completa es uno de los pilares de nuestra gestión. Homenajeamos e indemnizamos a nuestros soldados en Formosa y los reivindicamos en Azul y en Villa María. Desmantelamos los ‘grupos de trabajo’ parajudiciales que servían para perseguir a las Fuerzas. Impulsamos, junto al Ministerio de Justicia, el cierre de la Conadi”.
Hace tiempo que organizaciones políticas, civiles y de derechos humanos advierten que podrían cerrar la Conadi y dificultar la restitución de identidad de cientos de personas. Este organismo estatal fue creado en 1992 con el objetivo de colaborar en la búsqueda e identificación de personas apropiadas durante la última dictadura militar (1976-1983) y bajo la órbita del Ministerio de Justicia, que actualmente conduce Mariano Cúneo Libarona.
El organismo fue importante en la identificación de personas que fueron apropiadas y criadas con una identidad falsa, muchas de ellas en familias vinculadas con las Fuerzas Armadas. Hasta la fecha, 139 nietos han recuperado su identidad gracias a investigaciones que incluyen análisis genéticos, documentación y testimonios.
El Gobierno de los Milei, Petri, Cuneo Libarona fundamentan su negacionismo de los 30.000 detenidos desaparecidos, se apoya en las cifras de víctimas del terrorismo de Estado recopiladas en el informe Nunca Más elaborado por la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, la Conadep, creada en 1984 por un decreto del gobierno de Raúl Alfonsín.
“No puede legitimarse que un órgano establecido por decreto desempeñe funciones que el texto constitucional y, concordantemente con este, el legislador asigna a órganos específicos del Estado Nacional”, argumentan desde el gobierno nacional para no legitimar es que se sigan buscando a más de 400 hombres y mujeres cuyas identidades fueron cambiadas por otras falsas en el mismo momento en que fueron arrancados de los brazos de sus madres y padres o en que nacieron en las maternidades clandestinas de lo centros de detención militares, policiales y penitenciarios.
