Desde su implementación en 2018, la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) en Mendoza se ha vendido como una medida para mejorar la seguridad vial. Pero la realidad, como tantas veces, demuestra que detrás de las promesas se esconde algo mucho más oscuro: un mecanismo para llenar los bolsillos de políticos y amigos con conexiones en los talleres habilitados. Lo que debía ser una política pública para proteger al ciudadano, se ha transformado en una caja de recaudación descarada.
Un Sistema Nacido para Ser Justo (o al menos eso dijeron)
Cuando se implementó la Resolución Nº 106 en 2018, el gobierno de Mendoza estableció con claridad que el costo de la RTO estaría basado en Unidades Fiscales (UF), y que el único ajuste permitido sería el valor de estas UF, revisado anualmente según la inflación. Para un vehículo liviano, se fijaron 74 UF. Todo sonaba razonable y justo, al menos en el papel. Pero, ¿qué pasó luego?
El Truco de la UF: Aumentar lo que se les Cante
Avancemos al año 2023, cuando la RTO para un automóvil se calculaba en 150 UF a un valor de $57 por UF (con IVA incluido). Eso representaba un costo total de $10,345.50. Ya no era barato, pero aún era manejable.
Sin embargo, en enero de 2024, el valor de la UF se disparó a $127, llevando el costo de la RTO a $23,050 más IVA, sin cambiar la cantidad de UF. Pero como si eso no fuera suficiente, para octubre de 2024, el número de UF se eleva a 202 UF, lo que lleva el costo final a $31,041 más IVA. Un aumento nominal del 200% en menos de un año.
Es decir, no solo suben el valor de las UF como corresponde por ley (aunque de manera desmedida), sino que también cambian a su antojo la cantidad de UF que se deben pagar, violando descaradamente las propias reglas que impusieron en 2018. ¿Y quién paga el pato? Nosotros, los mendocinos.
Exigencias Ridículas, Calles Detonadas
Lo más irónico de todo es que mientras nos exigen pasar por la RTO para garantizar una supuesta «seguridad vial», el gobierno sigue sin hacer su parte. Las calles están llenas de pozos, sin luminarias, y no hay un control policial ni municipal digno. Pero claro, exigirnos a los ciudadanos una revisión técnica cara, eso sí lo pueden hacer.
Por Mario Vadillo
