Se cayó la «opereta» de Lanata: Nélida Rojas, líder de la Tupac Mendoza, y su gente recuperaron la libertad

La denuncia penal que formulara la abogada que trabaja junto con Stolbizer se basó en los testimonios de las personas perjudicadas en el otorgamiento de las viviendas justamente por no haber participado de las movilizaciones políticas.

De acuerdo con esos testimonios, los anotados en los planes no sólo debían realizar un aporte a las cooperativas de la Tupac Amaru sino acudir a actos en Mendoza o fuera de la provincia, incluso en la Capital Federal, en los que estaría la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Para ello, según los relatos hechos para la denuncia penal y algunos de los cuales fueron reflejados en el informe emitido anoche por PPT, los interesados en una vivienda debían portar la ropa tipo «uniforme» característica de la organización que a nivel nacional lidera la ahora detenida Milagro Sala.

El programa conducido por Lanata mostró el relato de una madre soltera que aspiraba a contar con su vivienda y que quedó fuera de los adjudicatarios por el sistema del «puntaje» de la Tupac Amaru mendocina, presente en Mendoza desde 2011.

A 13 días del inicio de las presentaciones de la defensa de Nélida Rojas y su familia, y de que la fiscal Gabriela Chaves hiciera lo propio, la 8° Cámara del Crimen decidió dejar caer de hecho la investigación de la fiscal, que tenían imputadas a Nélida Rojas, su pareja Ramón Martínez, sus hijas Carla y Leonela Martínez y la nuera de Rojas, Fanny Villegas.

Técnicamente la causa no se cayó, los acusados no fueron sobreseidos, como pretendía el abogado Alfredo Guevara, pero quedaron libres y, más aún, el tribunal planteó la inexistencia de la asociación ilícita; que carece de competencia para investigar las cooperativas ligadas a la Tupac. “Lo más potente que tiene ese fallo es que no reconoce el lugar de víctima a las víctimas, que sólo fueron afectadas porque no recibieron la vivienda” decía la fiscal Chaves a los medios. La fiscal Chaves adelantó ayer que recurrirá la decisión de la Cámara ante la Suprema Corte.

La audiencia final de ayer fue larga. Casi tres horas se tomaron los jueces Luis Correa Llano, Ramiro Salinas y Alejandro Miguel para relatar los argumentos por los que tomaban su decisión.

Entre los argumentos se indicó que la Tupac es una organización democráticamente constituida y que exigir la participación en actos políticos era parte de las condiciones para conseguir una vivienda. “Plantean que es legítimo exigir ir a las marchas o votar por tal o cual partido político. Por ese argumento se caen las causas de coacción y extorsión y la estafa también. Dice que el pago de la cuota, ir a las marchas, pagar para los viajes, llevar mercadería, eran lícitas de acuerdo a la mirada de la Cámara”, expresaba la fiscal departamental Gabriela Chaves.

«La Cámara habla de manipulación de las figuras de asociación ilícita y coacción agravada. No quedó absolutamente nada», dijo el letrado.

El abogado defensor calificó las causas como una «persecución política» y aseveró que «Mendoza no es Jujuy», en referencia a la investigación contra Milagro Sala.

Chaves detalló que la Cámara «no reconoce el lugar de víctima a las víctimas, sino dice que han sido personas afectadas por no recibir las viviendas». «También hace referencia a que es legítimo para la Tupac Amaru obligar a las personas a ir a las marchas de un partido político», agregó.

Al respecto de la pesquisa, por un lado dijo que no fueron sobreseídos los imputados por lo que la investigación continuará y anticipó que «voy a ir a la Corte. La Cámara no es la última voz. La primera decisión fue de la jueza de Garantías, esta es una segunda instancia y ahora yo voy a recurrir».

«Esto tiene que ver con peleas ideológicas de las cuales yo no participo. La Cámara me pone en un lugar tremendo», concluyó.

Por otro lado, hoy se dio a conocer la palabra del gobierno provincial en base a las repercusiones del fallo. El ministro de Gobierno mendocino, Dalmiro Garay, dijo en declaraciones para MDZ Radio, que la Cámara «reta a la fiscal por investigar».

Hemos sido muy respetuosos del proceso para evitar que se diga que tiene un tinte político», dijo Garay antes de referirse al fallo. Para el funcionario «la cámara avanzó en afirmaciones que son llamativas», en referencia a la validez que le da a las exigencias que hacía la agrupación en base a dinero que venía del Estado.

«La Cámara compara las condiciones que ponía la Tupac, que llevaba el librito con la asistencia a las marchas, con las condiciones asociativas de cualquier club social, obviando que funcionaban con fondos públicos», dijo el ministro.

En ese mismo sentido, Garay señaló: «Me parece que la cámara se apresura y la sentencia es muy compleja como antecedente».