Desde la última reforma constitucional de 1994, existe un acuerdo para que las provincias cedan sus cajas previsionales, dejando un vacío legal en Cuyo para el sector profesional provincial, estas se ocupan, básicamente, de recaudar los aportes jubilatorios de los trabajadores independiente, además de realizar aportar al ANSES, si se encuentra en relación de dependencia, lo cual en futuro, se sumarán los aportes jubilatorios, haciendo un reconocimiento de servicios, entre ambas instituciones, siempre cobrando la de mayor importe en los años aportados.
Sistema previsional
En 1994 se fijó la posibilidad de que las provincias cedan sus cajas previsionales al Estado Nacional. Entre 1994 y 1997, hubo diez provincias junto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que le transfirieron a la ANSES sus cajas previsionales de empleados públicos, dejando a cuyo a merced de la Nación sus cajas previsionales, en Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja.
En Mendoza existen varios puntos ilegítimos que vulnera derechos del sector profesional, sin ningún soporte a sus aportantes, desde la Coordinadora de Cajas de Previsión y Seguridad Social que agrupa a 76 organismos de previsión y seguridad social para profesionales de todo el país, siendo este último un mero moderador, cooperativa, que no tiene relación con los afiliados, sino con sus representantes, en muchas ocasiones llegaron ahí por la falta de voluntad de sus afiliados en ejercer su voto.
Radiografía del sector profesional provincial
La nueva moratoria previsional deja nuevamente al descubierto esta realidad insostenible en una Provincia aislada de la Nación, donde pocos miles de individuos podrán acceder a su jubilación en el 2023, que vienen de aportar en el ámbito privado o público y en este escenario, la provincia tiene que resolver una problemática con el sector profesional, asumida por los mismos en la legislatura provincial, que ronda entre lo ilegal y la falta de interés política, transgrediendo derechos a sus aportantes, que se ven impedidos de ejercer por tener deudas que imposibilita ser incluidos en la Caja Previsional Técnica de Mendoza, según reza el Art. 74 Inc A de la Ley 7361, modificación 9078, violando derechos individuales, al no poder ejercer lícitamente.
La Caja Previsional Técnica de Mendoza, posee alrededor de 7000 aportantes, de los cuales, según el último balance actuarial, solo 3400 puede cubrir la CAMO (Cuota anual mínima obligatoria), para el periodo en curso, con un coste de $240.000 pesos, valor que debe abonar el comitente, en una provincia con la tasa de desempleo superior al 45%, con los sueldos más bajo de cuyo, con la mitad de la ciudadanía pobre, estos valores se encuentran sujeto a la inflación, lo cual se espera que para el año 2024 un valor de la CAMO de alrededor de $500.000 pesos, que hace más caro no solo para el profesional, sino también para la ciudanía.
Los más de 7000 aportantes, entre ellos, Arquitectos, Ingenieros de diferentes ramas, 900 profesionales de Higiene, Seguridad y Ambiente, no pueden cubrir la CAMO 22/23, por la falta de empleo, con la imposibilidad de ejercer libremente, privando el derecho al trabajo de este sector según reza el art.74 inc A, según reza a las publicaciones de estas instituciones. https://s.itoeste.com/anjQe
Cabe reiterar que este aporte es voluntario, pero si no abona no puedes ejercer, ya que se bloquea el acceso al sistema de caja previsional, generando planes de pagos con tasas de interés impagables, lo cual resulta una trampa, no solo para los profesionales actuales, a la hora de matricularse, y quienes reniegan a diario, sino también para aquellos que salen al mercado laboral y no piensan a largo plazo, con un dilema entre los monotributistas que no quieren dejar de serlo y los autónomos que quiere salir de ese régimen.
Prevaleciendo que los profesionales del sector de la prevención se encuentran de forma ilegal en el COPIG Consejo de Ingenieros, según fiscalía de estado, desde el año 2004.
Por Lic. Matias G. Aciar
Responsable de Comisión Fundadora Mendoza
Mat.: A 9335 – SST A600 – Cel: 2615381056
