En los últimos tiempos, en el «otro país» de los Rodríguez Saá empiezan a surgir hechos de inseguridad en las grandes ciudades puntanas. Esto llevó a que su gobernador «El Alberto» empiece a derivar montos para fortalecer a la fuerza con nuevo equipamiento represivo y patrulleros. Los sectores de izquierda puntana denuncian que el proyecto represivo va mucho más lejos que solo «terminar con la inseguridad» . En lo que va del año, en los Barrios del Oeste, zona popular de la Ciudad de San Luis, es el blanco predilecto de las “fuerzas del orden” para “combatir” la inseguridad y el narcotráfico, recurriendo a todo tipo de metodología como el abuso y hostigamiento permanente, los golpes y operativos extremadamente violentos.
“Estamos dando continuidad a la planificación estratégica preventiva de ilícitos, identificación de personas que deambulan o que se conducen en motocicletas o vehículos, a fin de dar prevención a todo lo que es la zona sur”, explicó el comisario Darío Neira, jefe de la Unidad Regional I. De esta manera, se han desarrollado numerosos operativos por los barrios Lucas Rodríguez, Manuel Lezcano, Maximiliano Toro, Juan de Dios Garro y El Lince. Luego, los efectivos se dirigieron a los barrios San Luis XXIII, San Luis XXVI, El Hornero, 544 Viviendas, El Faro I, El Faro II, 109 Viviendas, 110 Viviendas, Félix Bogado, Padre Mugica, Néstor Kirchner, Serranías Puntanas, Mirador del Portezuelo, Pucará, Estrella del Sur, Unión, San Luis XV, Jardín del Sur y Solidaridad.
Según denuncia el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, el FIT San Luis, esta zona popular ha sido el escenario de todas las razias policiales que se han ejecutado hasta ahora, que no tienen otra intención más que satisfacer los pedidos de seguridad, orden y mano dura de los sectores reaccionarios de la sociedad puntana que han sabido encontrar un sostén mediático importante en los principales medios locales de comunicación.
El Alberto en uno de sus discursos públicos del mes de abril señaló “Los humildes deben ser nuestra preocupación, que vivan en la máxima seguridad. Si están bien los humildes, estamos bien todos. Por eso nuestro trabajo, para atacar el flagelo de la desocupación con el cierre de fábricas, algo que no había llegado a San Luis pero que ahora llegó, y estamos trabajando para generar más fuentes laborales para todos; que los chicos, nuestros hijos, coman en su casa con su papá y mamá. Si esto pasa, estamos mejorando muchísimo, y si todos tienen trabajo, estamos logrando un ordenamiento en la sociedad. Y ahí está la Policía para cuidarnos”.
El gobernador puntano destacó: “Estamos avanzando mucho en ciencia y técnica, fíjense la enorme eficacia que ha tenido en los últimos tiempos la Policía en investigación criminal; es nuestro deber, pero nos hace sentir orgullosos tener una Policía y una Justicia eficientes”.
El jefe de Estado provincial destacó la sanción de la Ley de Emergencia de Seguridad para “reestructurar y reorganizar a la Policía de la Provincia, el Servicio Penitenciario y las demás instituciones vinculadas a la seguridad”.
Tanto es así que algunos portales digitales de noticias llamaron a estas acciones represivas como “operativos de prevención”. Tal fue el caso de la razia del 27 de abril que sufrieron niños y adolescentes de la murga del Barrio “Sargento Cabral” por parte del grupo COAR (Compañía de Operaciones de Alto Riesgo) mientras se encontraban ensayando. Uno de los testimonios que el medio La Izquierda Diario pudo recoger es el de uno de los integrantes de la murga quien comentaba que “los del COAR se bajaron armados con itacas, nos pusieron a todos contra la pared, nos pegaban en las costillas y cada vez que nos preguntan nuestros apellidos, nos daban cabezazos”. Este hecho no es episodio aislado, es una práctica violenta cotidiana de las fuerzas policiales en las barriadas populares, criminalizando y discriminando a los niños, adolescentes y familias con total impunidad.
El FIT puntano denuncia que el relato de la “inseguridad” va de la mano con la avanzada represiva en los barrios populares. Sin embargo, lo único que asegura este aumento de la militarización en las barriadas de la ciudad es la continuidad de la impunidad del “gran delito”, a saber: el narcotráfico, las redes de trata de personas y los desarmaderos de autos, de los cuales las fuerzas de seguridad son responsables, cómplices y encubridoras junto con el poder político y la justicia.
“La seguridad es una preocupación de muchos y ocupa, de manera excluyente, a nuestro Gobierno”, dijo El Alberto, y anunció que habrá mayor presencia policial en las calles a partir de la incorporación de 247 postulantes y el ascenso de 491 efectivos policiales. Por su parte, respecto al incentivo a la productividad -que dejó atrás la figura de los adicionales, incrementó 80 horas mensuales de trabajo efectivo y consiguió, de esta manera, que los policías estén más tiempo a disposición de la Provincia-, aseguró: “Es como si hubiésemos sumado un tercio de cuerpo policial. Todo esto con un equilibrio y una arquitectura financiera para lograr lo mejor, y resultó de gran provecho de todos”.
Es paradójico buscar “seguridad” con más policías o grupos represivos especiales en la misma ciudad donde el abuso de autoridad, la criminalización de la pobreza y el gatillo fácil cometidos por la policía van en aumento. Por eso, lo único que busca esta política del gobierno provincial es demonizar un sector de la sociedad para justificar las desigualdades sociales con represión, aumentando el control social.
La izquierda puntana señala que «Haciéndolo culpable del delito, la desocupación, el trabajo precario y la falta de oportunidades en las mujeres, los trabajadores y la juventud se encubren con el discurso del “orden” y la “mano dura”. Está demostrado que más policía en las calles y un aparato represivo más fuerte no es sinónimo de mayor tranquilidad en los barrios y las ciudades. Mientras el narcotráfico, la trata de personas, el juego clandestino y otras expresiones del crimen organizado continúan su desarrollo a velocidad crucero, de lo que no caben dudas es que un aparato represivo cada vez más poderoso significa una profundización de la violencia estatal contra el pueblo trabajador».
