Este martes en la Legislatura de Mendoza se vota una nueva ley de Ética Pública. Se trata del proyecto del oficialismo mendocino, presentado por la senadora Daniela García (UCR), al cual durante la tarde del lunes le realizaron las últimas correcciones.
El nuevo proyecto plantea la necesidad de quitar responsabilidades a la Fiscalía de Estado en lo que respecta al control de las declaraciones juradas que presentan los funcionarios públicos y empleados que tienen a su cargo el manejo de fondos. Para este fin se crea una oficina especial, a la cual se denomina como Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública. La misma estará bajo la órbita de una unidad legislativa, pero contará con autonomía funcional y presupuestaria.
Además de ello, el proyecto del oficialismo incluye otros artículos que apuntan a unificar el criterio de las declaraciones juradas de los distintos poderes del Estado y ampliar su obligatoriedad a conjueces, legisladores y sindicalistas, entre otros. Para ello, es necesario modificar tanto la ley 4418, la cual establece las atribuciones de Fiscalía de Estado, como el decreto 1789 del gobierno de Francisco Pérez.
Respecto a la votación en el Senado de la Ley de Ética Pública, la senadora del FIT mendocino Noelia Barbeito declaró que “La ley que se votó sobre ética pública es una ley para que no cambie nada. Desde ya que acordamos en que los funcionarios públicos tengan que presentar sus Declaraciones Juradas, pero el control se deja en manos de los propios funcionarios. La Oficina de Ética Pública que crea esta ley es una tapadera de humo que estará conducida por alguien nombrado por el propio Gobernador y el Senado donde cuentan con mayoría automática. Ya tenemos el escandaloso ejemplo de Laura Alonso del PRO que frente a la denuncia de los Panamà Papers defendió a Macri en vez de investigarlo. Y no nos olvidamos las irrisorias DD.JJ. que presentaron algunos funcionarios donde tenían propiedades que valían apenas algunos centavos”.
Y continuó: “Nosotros proponemos la elección directa de estos funcionarios, incluyendo al Fiscal de Estado que es quien hoy tiene a cargo la recepción de Declaraciones Juradas. No se puede terminar con los privilegios con organismos que son compuestos por personas designadas a dedo y que responden a tal o cual gobierno de turno. Es necesario que el pueblo decida quienes ejercen el poder de contralor y justicia, por eso seguimos insistiendo no solo en la elección directa de estos funcionarios, sino también de todos los jueces y fiscales”.
Asimismo afirmó: “De esta ley rechazamos también al injerencia que hace sobre los sindicatos al equiparar las Declaraciones Juradas que deben rendir ellos con la de los funcionarios públicos. Los sindicatos están regulados por una ley nacional, y a través de una ley que supuestamente está dirigida a los poderes del Estado introducen reglamentaciones no solo para las autoridades sindicales sino para todo aquel que tenga licencia gremial. Esta política continúa el relato del gobernador Cornejo para depositar los males de las provincia en los trabajadores estatales”.
Para finalizar dijo: “el primer acto de ética pública que deberían tener todos los legisladores y funcionarios es terminar con los privilegios y abultadas dietas estableciendo que todo funcionario cobre igual que una maestra con 26 años de antigüedad. No nos vengan a hablar de ética si cobran $70.000 por mes y ofrecen en las paritarias apenas un 17% en cuotas”.
