Ante una crisis en el sistema de Salud, los legisladores mendocinos de ambas cámaras otorgaron en un supermartes de debate y en forma exprés, la sanción definitiva al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que declara la emergencia en los servicios de anestesiología por el lapso de 120 días. Además, prevé la conformación de una Mesa de Diálogo con representación de todos los sectores involucrados.
Según datos relevados por el Ministerio de Salud existen en la provincia 229 anestesiólogos con matrícula activa, de los cuales solo 61 poseen cargos de planta, a pesar de los ofrecimientos reiterados por parte del Poder Ejecutivo para ocupar los cargos vacantes. Asimismo, en el año 2022, 68 profesionales han comunicado su voluntad de no renovar los contratos de prestación de servicios que mantenían vigente en el subsector público.
El viernes pasado, la ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Ana María Nadal, presentó en la Legislatura un proyecto de ley para que se declare la emergencia sanitaria en prestación y formación de médicos anestesiólogos, debido a la situación actual que atraviesa el sistema de salud público.
Supermartes
En la mañana la propuesta fue avalada por el Senado provincial por 36 votos a favor y 2 en contra de los senadores Rafael Moyano y Bartolomé Robles.
Posteriormente y por mayoría de votos, la Cámara Baja convirtió en Ley la emergencia en la especialidad de anestesiología, en todos los servicios, unidades, divisiones y secciones de los establecimientos sanitarios del subsector público de la Provincia de Mendoza, por el plazo de 120 días, con el objeto de “asegurar a la población el acceso a los servicios de anestesiología de forma equitativa y oportuna”.
La votación fue 47 votos a favor y uno solo en contra, el de la diputada del PD, Mercedes Llano.
Con respecto al plazo será “prorrogable por otro periodo igual por única vez, por Decreto del Poder Ejecutivo, el que entrará en plena vigencia luego de su ratificación legislativa”, agrega el texto.
Se expresa asimismo que “las contrataciones de los profesionales de salud que se dispongan en el marco de la presente Ley quedarán exceptuadas del límite establecido en el último párrafo del Artículo 12 del Anexo de la Ley N° 7759 (Convenio Colectivo de los profesionales de la salud), aún cuando el contratado pertenezca a la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal”.
De igual forma, respecto de las renuncias, la norma establece que los profesionales que presten servicios o cumplan funciones en los servicios de anestesiología de los establecimientos públicos de salud, se harán efectivas una vez notificada su aceptación o transcurrido el plazo de 120 días corridos de presentada la misma, agregando que “durante este periodo, el profesional que haya presentado su renuncia, deberá cumplir con las exigencias y necesidades de su servicio y/o funciones profesionales”.
En caso de incumplimiento será de aplicación la sanción de “suspensión en el ejercicio profesional de un mes a cinco años, conforme a lo establecido en el artículo 35 de la Ley Nº 2636 y su decreto reglamentario, sin perjuicio de las acciones penales y civiles que pudieran corresponder”.
La normativa, también autoriza al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes a “convocar a ex residentes y/o ex jefes de residentes de la especialidad de anestesiología egresados del Sistema Provincial de Residencias y/o a profesionales anestesiólogos que hayan prestado servicios en el Estado en los últimos cinco años, con el fin que presten servicios, incluidas las guardias -tanto de semana como de fines de semanas y/o feriados-, en los hospitales comprendidos en el subsector público de la salud, considerando esta convocatoria como una carga pública, en el marco de la emergencia declarada” y teniendo en consideración que “el servicio de anestesiología es un servicio crítico para el resguardo de la vida y la salud de las personas. En caso de no presentarse en la convocatoria realizada, sin justificación basada en fuerza mayor, será de aplicación” las sanciones expresadas.
El articulado también indica que “las horas efectivamente trabajadas en el marco de la presente convocatoria serán abonadas conforme a los valores establecidos en la normativa vigente”.
En otro orden, de acuerdo a lo que expresa esta Ley, la cartera sanitaria provincial podrá “trasladar, reasignar funciones y/u horarios de los profesionales anestesiólogos a su cargo, a fin de asegurar los servicios esenciales de salud en todo el territorio provincial. En estos casos, los mayores costos serán soportados por el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, conforme a la normativa vigente”.
Independientemente de la forma de contratación que tengan los médicos, la Ley indica que todas sus disposiciones “son aplicables a todos los profesionales del sub sector público que presten servicios de anestesiología en la Provincia” y se encuentran incluidos también “los profesionales del Sistema Provincial de Residencias”.
La pieza legislativa aprobada faculta además al Ministerio de Salud “a que arbitre los medios tendientes a implementar la formación y capacitación en prácticas anestésicas de profesionales médicos y técnicos anestesistas, como así también la formación de los profesionales residentes en la especialidad de anestesiología.
Finalmente, se acordó la convocatoria a “una Mesa de Diálogo con la participación de los sectores involucrados, debiendo además contar con representación legislativa en proporción a la composición parlamentaria de ambas cámaras. Aclara que esas reuniones de la Mesa de Diálogo tendrán “una periodicidad no menor a una reunión mensual durante la vigencia de esta Ley”.
El debate en el Senado
Durante su tratamiento en el recinto, el senador Abel Freidemberg enfatizó que este conflicto no es «nuevo» en la Provincia. «Muchos me conocen de antes de ocupar esta banca. Fui durante 6 años Director Regional de la Zona Sur del Ministerio de Salud. Conozco de primera mano lo transitado en este camino por la problemática diaria en este conflicto. Ya se realizaron diferentes instancias para llegar a un acuerdo. La salud ha sido reconocida como un derecho humano fundamental. La situación amerita el tratamiento urgente de esta Ley enviada por el Poder Ejecutivo. Este es el camino para la brindarle una resolución a este conflicto», detalló.
El legislador Gerardo Vaquer del Frente de Todos, remarcó: «Han sido días de trabajo muy arduos. Creemos que la situación de la salud requiere que nos ocupemos del tema, para que los mendocinos tengan la situación de calidad que se merecen. No se debería haber llegado una situación de emergencia, ya que se tendría que haber resuelto a través del dialogo. Debemos generar las herramientas para que éste sea el camino para la resolución de los conflictos».
Posteriormente, la presidenta Provisional del Senado, Natacha Eisenchlas sostuvo que es un día «muy» importante. «Nos hemos puesto de acuerdo en una situación que había que solucionar. Le estamos diciendo a la gente que el Estado está presente. Lo que estamos haciendo es poner límites a ciertas prácticas monopólicas. Las organizaciones tienen el derecho de defender sus intereses. El problema es cuando vulneran los derechos de los mendocinos. Ojala que con la mesa de dialogo que propuso la oposición se construya otra instancia», aseveró.
El senador Rolando Baldasso celebró el acuerdo entre los distintos sectores políticos. «Nos ponemos a disposición para que esta mesa de trabajo logre frutos que dé resultados. Votamos esta iniciativa con todas las modificaciones que se han realizado», opinó.
El jefe de bloque del Partido Socialista, Fernando Alin felicitó al Poder Ejecutivo por hacer políticas para el bienestar de los mendocinos. Además puso en valor la figura del doctor Hermes Binner: «El doctor Binner en Santa Fe, que hizo una transformación de la salud en su Provincia», aseveró.
El legislador Pedro Serra criticó el sistema de salud de la provincia de Mendoza. «Hoy nosotros vamos a dar una solución desde la política. Vamos a remediar el tema de los anestesistas, pero hay muchos médicos que tienen problemas en diferentes sectores. Esto va a solucionar un problema, a través de aportes que hicimos que son necesarios», indicó.
Luego, el representante de Libres del Sur, Ernesto Mancinelli adelantó el voto positivo de su bloque. «Es necesario declarar la emergencia. Esto garantiza el acceso a la salud para todos los mendocinos», comentó.
El senador Bartolomé Robles justificó su voto negativo a la iniciativa. «En Mendoza la ministra Nadal nunca vino a dar explicaciones con respecto a la Pandemia. Muchos proyectos han sido enviados a Comisiones, sin mucha explicación. Esto hace que lleguemos a buenos acuerdos en lo político, pero no tiene nada que ver con lo que la sociedad mendocina está necesitando», especificó.
La senadora Claudia Najul explicó: «el hospital público es el de todos. Nosotros estamos aquí para resolver una emergencia. Valoro especialmente la creación de esta mesa de dialogo, donde todos los sectores puedan aportar. La salud es un derecho humano», sintetizó.
Rafael Moyano se refirió a la situación de salud en su departamento (Guaymallén). «Hoy hay un grupo de trabajadores que viene exigiendo al Estado Provincial que lo escuche. Por ello es que anticipo mi voto negativo al proyecto», informó el legislador.
El jefe de bloque del Frente de Todos, Lucas Ilardo resaltó: «el tiempo termina demostrando que mucho de lo que decíamos con respecto a la salud, viene pasando. Esto ocurre no solo con los anestesistas, sino también con todos los médicos. El agua les llegó al cuello, y si no debatíamos este proyecto, estaba en jaque el sistema de salud en la provincia de Mendoza. El Gobierno tiene 120 días pare resolver este conflicto. Por esto es que corresponde ser una oposición responsable». También explicó alguna de las modificaciones que propuso su bloque.
El cierre estuvo a cargo del jefe de bloque oficialista, Martín Kerchner Tomba, quien se refirió a la propuesta en tratamiento. «Entendemos que hay que tomar decisiones y hay que tener la valentía de hacerlo. Celebro la voluntad de la oposición para tratar este proyecto. El Estado tiene que estar presente. Destaco la garantía del Gobernador de poder llevar a cabo esta ley. El proyecto enviado por el Ejecutivo sufrió cambios propuestos por la oposición. El centro de la Ley sigue vigente», destacó.
El debate en Diputados
Durante el tratamiento en el recinto, el diputado Daniel Llaver (UCR) indicó que “este es un problema viejo que cada tanto vuelve a aparecer, donde aparecen intereses corporativos, personales, de un sector de la medicina, de un sector considerado critico porque son esenciales para los procesos quirúrgicos. Pero creo que todos nos vamos a poner no de un lado o del otro del mostrador, sino del lado de la gente, de los pacientes, de los que están esperando desde hace más de un año por una cirugía programada, que suman más de 5 mil en Mendoza”.
En igual sentido se expresó su par de bancada, Daniela García, quien expresó que “esta emergencia no es nueva”, y tras tomar el caso de Uruguay donde también se adoptó una medida similar, dijo que se trata de “una condición de acceso igualitario a la salud. Facilitar y promover que una persona que está esperando en un hospital pronto acceda a la cirugía programada”.
De igual forma, Diego Costarelli (UCR), manifestó que afirmó que “no es algo nuevo el tema de los anestesiólogos, hay dos antecedentes, uno dado durante el gobierno de Julio Cobos que terminó en un proyecto de resolución, y otro del año 2012, proyecto de ley de Claudio Díaz, el cual afirmaba que es una problemática 20 años”. Con lo cual, agregó, “no es un tema del gobierno de turno. Esta emergencia la votamos porque hoy en Mendoza tenemos un sector corporativizado, que pretende quedarse con el manejo de todos los recursos humanos de anestesiología en la provincia y tenemos la responsabilidad de garantizar el servicio de salud pública en Mendoza”.
Desde el Partido Verde, Emanuel Fugazzotto expuso el acompañamiento favorable a la iniciativa señalando que “es importante que se declare la emergencia porque también hay residentes que están esperando la especialización para especializarse y porque el acceso a la salud es un derecho”, mientras que igual postura adoptó José Luis Ramón (Protectora), quien manifestó su acompañamiento, subrayando al respecto que “tiene que ver con el concepto de usuarios y consumidores. Todos hablamos el acceso a la salud, de las cirugías re programadas” y “el Estado por una disposición constitucional, debe garantizar el acceso al servicio de salud que es un derecho humano”.
También Jorge Difonso (UP-FR), manifestó su apoyo a esta Ley y puso en valor la convocatoria “a una mesa de diálogo, en donde se tienen que ubicar, sentar, participar y realizar aportes, todas las partes involucradas, en donde cada una tiene sus razones, sus derechos y sus fundamentos, y que mirándose a la cara en esa mesa pueda salir una solución sustentable a futuro”. “Tenemos 120 días para que esto ocurra y me parece que es de suma importancia la pluralidad de esa mesa, incluso también con la participación de los distintos bloques que integran esta Legislatura”.
En tanto, Germán Gómez (FdT), adelantó el voto positivo aunque dijo que “en 120 días no les alcanzará para solucionar los problemas, no podemos tener 5000 pacientes, entre ellos niños, en espera, porque no se resuelve la situación salarial de un sector de los profesionales. Son los sectores más desguarnecidos los que sufren la situación actual. Hoy le vamos a dar al gobierno esta herramienta, pero tienen 120 días para resolver este problema”.
En tanto, Mercedes Llano (PD), anticipó su voto negativo al señalar que “estamos frente a un grave problema de salud pública que requiere de una rápida y urgente solución. También están en juego intereses, intereses de sectores ligados a especialidades que seguramente han tenido mayor capacidad de organización que otras, y por ende, mayor capacidad para ejercer presión. Más allá de hacernos eco de la preocupación que recae sobre la ciudadanía sobre este aspecto y que también afecta al gobierno provincial, entendemos que esta no es una solución adecuada, estructural y sostenible en el tiempo”.
