El legislador del Partido Intransigente, Eduardo Martínez Guerra, hizo una propuesta para que el Ejecutivo, y la Dirección General de Escuelas arbitren los medios para crear un marco regulatorio con el objetivo de reglamentar el acceso a Internet gratuito para la educación pública, no solo en las escuelas si no en los hogares de alumnos y docentes, garantizando así el Derecho a la educación de los ciudadanos asegurar la igualdad, gratuidad, y el acceso a todos los niveles del sistema educativo para toda la población que vive en el país.
En el estudio realizado por el Observatorio Argentinos por la Educación, los investigadores advirtieron que «en el contexto de la pandemia solo los niños con PC y banda ancha acceden al contacto en línea con el docente y a las plataformas educativas».
Solo el 65% de los alumnos de las escuelas primarias y secundarias argentinas tienen acceso a internet en el hogar y esto limita sus oportunidades, ( informe del Observatorio Argentinos por la Educación).
Ante el nuevo contexto de la pandemia de coronavirus y del inicio del año lectivo 2021 en Mendoza la Dirección General de Escuelas implementó la bimodalidad educativa como política para continuar con el proceso de enseñanza y aprendizaje en esta nueva etapa, tanto de forma presencial como a través de internet, la televisión y cuadernillos.
“Considero que en este contexto no debemos perder de vista que el acceso a la tecnología y a los materiales necesarios para seguir , con esta doble metodología es notablemente desigual, y pone en peligro la educación gratuita, ya que no contempla a las familias que no tienen la posibilidad de solventar los gastos que ocasiona la bimodalidad educativa”, remarcó el legislador.
Existen desigualdades notables entre los hogares más ricos y los más pobres. Casi todas las tecnologías que se utilizan para ofrecer servicios educativos requieren electricidad. Sin embargo, un gran porcentaje de hogares que están por debajo de la línea de la pobreza ni siquiera disponen de electricidad. Es fundamental proporcionar una diversidad de herramientas educativas y ampliar el acceso a internet para cada escuela, para cada niño y docente. “… Antes de la pandemia COVID-19, la educación ya estaba en crisis. Ahora nos encontramos ante una crisis educativa cada vez más profunda y que puede crear aún más divisiones…”. (Robert Jenkins, Jefe de Educación de UNICEF).
“Por estos motivos el objetivo de este proyecto es que el Ejecutivo, y la Dirección General de Escuelas arbitren los medios para crear un marco regulatorio con el objetivo de reglamentar el acceso a Internet gratuito para la educación pública, no solo en las escuelas si no en los hogares de alumnos y docentes, garantizando así el Derecho a la educación de los ciudadanos asegurar la igualdad, gratuidad, y el acceso a todos los niveles del sistema educativo para toda la población que vive en el país”, destacó.
Para Martínez Guerra, no hay que olvidar que fue en 1884, en la presidencia de Julio A. Roca, que se promulgó la Ley Nº 1.420 de Educación común, gratuita y obligatoria; fue uno de los debates más grandes en la Nación Argentina. A 136 años no queremos que peligren y se incumplan estos preceptos.
Entender la escuela pública es comprender las necesidades de la ciudadanía, es responsabilidad del Estado garantizar estos mandatos constitucionales para que no se vulneren sus Derechos.
