Hay que contar la verdad, el sistema de seguridad en la provincia de Mendoza solo es un cascarón, pero que adentro está vacío por su ineficacia.
No hace mucho tiempo el gobernador Rodolfo Suarez mostraba a la prensa hermosos patrulleros, una flota de drones de última generación, equipadas bicicletas y hasta un importante helicóptero (utilizado por el conductor televisivo Marley) para las fuerzas policiales de la provincia.
El gobierno de Suarez celebraba en agosto de este año, la «Era del Drone” en la Policía de Mendoza. “Estos drones permitirán reforzar las tareas de patrullaje al servir de apoyo a los recursos apostados en tierra, harán más eficiente la lucha contra el delito y brindarán respaldo para allanamientos, investigaciones, búsquedas de personas, rescates, observaciones con autorización judicial, narcocriminalidad, seguridad vial y persecuciones”, manifestaba por entonces el ministro de Seguridad, Raúl Levrino.
En medio de la semana, en el transcurso de la búsqueda de la joven Florencia Romano (que ya todos conocemos su trágico final), el gobernador Suarez presentó mediáticamente junto con el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, Alejandro Gullé, un robot que detecta en tiempo récord perfiles genéticos en actos delictivos.
En esos momento el gobernador sacaba pecho y pregonaba ante los medios “Esta máquina se puede probar sólo en Mendoza porque ningún otro lado de Latinoamérica tiene una base de datos como la que tenemos aquí. Cuando se produce el hecho, el personal trabaja en el lugar levanta las pruebas y este robot lo detecta”.
“Nosotros vamos a incorporar esta tecnología desde el entendimiento de que para combatir el delito además de la prevención, necesitamos este tipo de tecnología que nos permite descubrir con celeridad a los autores de los hechos delictivos. Desde el gobierno asumimos el compromiso de incorporar este aparato en base al excelente trabajo que se hace aquí en el laboratorio”, agregó el mandatario.
La realidad de una cáscara quebrada
Si las herramientas de última generación para combatir el delito están presentes ¿algo debe fallar? La ola de delitos no tiene tregua y es una constante en cada rincón del Gran Mendoza, lo mismo sucede con el despliegue del narcotráfico en tierras cuyanas.
Solo vemos a un sistema de seguridad provincial que controla contravenciones, clausura fiestas clandestinas, redacta acta viales y persigue a ciudadanos en manifestaciones en la vía pública.
Los últimos momentos recordados de la actuación del sistema represivo de la policía mendocina fueron solo a ciudadanos que no demostraban violencia alguna: despliegue de gases lacrimógenos contra las familias del interior de Mendoza que llegaron a manifestarse en defensa de la ley 7722 en diciembre del 2019 y otra, los golpes, cachiporrazos y detenciones a los pibes y pibas que pedían la apertura del skatepark del Parque O´Higgins en septiembre de este año, después de la cuarentena. Un papelón que repercutió en todos los medios nacionales.
El caso Florencia y la inoperancia del sistema
La ola de femicidios y casos de violencia de género en la provincia de Mendoza datan desde hace mucho tiempo. Sin dudas, los cursos que se dictan en las instituciones públicas en base a la «Ley Micaela» no alcanzan a frenar la vorágine.
El caso del último femicidio a la piba Florencia Romano deja al descubierto un sistema de seguridad que no funciona:
Un 911 que está a la vista que es un fracaso, que no atiende adecuadamente a los reclamos de violencia de género, conformada por personal improvisado que no conoce los barrios y las zonas del Gran Mendoza, que no sabe atender al ciudadano, que «corta» ante una denuncia.
En las últimas horas se conoció el audio de la alerta que fue ignorada. El mismo fue publicado por Diario Mendoza y dura poco más de un minuto. Allí se escucha la conversación completa entre la operadora y el vecino de la localidad de Gutiérrez, en el departamento de Maipú.
En la llamada, el vecino denuncia que hay un caso de violencia de género en un domicilio ubicado en el pasaje Berra y Padre Vázquez. El hombre incluso le brinda la numeración del domicilio. Pero pese a ello, la policía no encuentra la calle y le dice que no figura en sus datos. El denunciante entonces le responde que se puede visualizar en Google Maps, lo cual es efectivamente cierto.
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El callejón Berra, tal cual figura en Google Maps
Sorprendido por la falta de respuesta, el vecino luego le cuestiona “si es policía”. Ante este comentario, la oficial decide cortar la comunicación con un “hasta luego, señor”.
Un caro sistema de vigilancia de cámaras de seguridad distribuidas en el Gran Mendoza que no detectan nada, no evitan asaltos, no previenen actos delictivos, no se anticipan a nada, incluso este viernes se destruyeron edificios importantes en pleno centro (incendios en el edificio de la Legislatura, destrucción en el edificio de Tribunales y Casa de Gobierno) y nadie salió a protegerlos ¿para qué sirve, si no sirve?
¿Por qué el gobierno de Suarez dispone de 24 policías a tres turnos para el ex gobernador Alfredo Cornejo y deja al descubierto a la Legislatura para que cualquiera pueda prenderla fuego con total impunidad? ¿No estarán mal distribuidas las responsabilidades en cuanto a la seguridad?
La bronca de la ciudadanía que se manifestó en las calles no fue solo por este brutal femicidio, sino también por el silencio del gobernador Rodolfo Suarez ante los hechos y las repudiables reacciones de sus funcionarios no haciéndose cargo de su ineptitud, echándole descaradamente la culpa a la familia de la víctima del femicidio.
En conferencia de prensa Fernando Guzzo, jefe de fiscales de homicidios, declaró que “hay coincidencia con Florencia Romano”. A la vez que confirmó que existió un llamado al 911 y que no se le dio el curso debido, hecho que calificó como “desgraciado”, lo que provocó un fuerte repudio en redes sociales dada la responsabilidad estatal. También cosecho cuestionamientos el jefe de la Policía, Roberto Munives, al decir que “hay miles de llamadas que ingresan al CEO» pero que “estos hechos son evitables con educación, a través del cuidado y el seguimiento que debemos tener los padres sobre los hijos».
Una movida del manual mediático del gobierno de Suarez
El gobierno de Rodolfo Suarez ha convertido en un clásico de manual el sistema de dispersar los temas que lo acechan.
Para descentralizar la gran movida popular pacífica en defensa de la Ley 7722 en diciembre del 2019, «un grupo indetectable de inadaptados» hicieron disturbios sin ton ni son para mostrar que la pueblada «era violenta».
Lo mismo sucedió este viernes, en una gran movilización de miles de personas, que marchó junto a las amigas de Florencia, se manifestaron pacíficamente… justamente aparecieron «un grupo indetectable de inadaptados» hicieron disturbios sin ton ni son para mostrar que la pueblada nuevamente «era violenta». Hoy el gobierno de Suarez se muestra como «víctima» y trabaja junto a los medios «amigos» mostrando los daños de los actos vandálicos, para tapar los errores del ministerio de Seguridad de Mendoza en el caso Florencia. Además de que por esas horas y en pleno centro de la ciudad de Mendoza, era una zona liberada por la policía.
El papel de «víctima» lo practica muy bien Rodolfo Suarez, que ya lo conocemos desde aquellos tiempos de campaña electoral, cuando recibía un inentendible acto de violencia, con escupitajo de por medio, en la inauguración de reformas de la plaza España… justamente por «un grupo indetectable de inadaptados». Show y solo show para los medios.
La inoperancia del sistema penitenciario
La irresponsabilidad del Estado provincial deja que todo fluya con total anarquismo.
Sin iniciar investigación alguna y ver quién es el culpable o la o los culpables del femicidio de Florencia Romano, la mujer por el momento
imputada junto a su pareja Pablo Arancibia por el femicidio, ya recibió (por las dudas, sin saber si es culpable o no) una fuerte golpiza dentro del penal durante la madrugada de este viernes.
Así lo confirmaron fuentes del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), quienes indicaron que cerca de las 3, Micaela Méndez, de 27 años, se vio obligada a pedir auxilio ante las agresiones que le propinaban en la cárcel de Almafuerte II, en Luján de Cuyo.
El gobierno de Rodolfo Suarez debería explicar de una vez por todas para qué sirve el Sistema Penitenciario. Si se hace Justicia prejuzgando a las personas, si es para la reinserción social de los y las reclusas, si es para reprimir a la ciudadanía, o es un derroche de dinero público que podría servir para otras áreas como educación o salud, por nombrar algunas…
Parece que también en Mendoza y en especial en este gobierno de Suarez «hay funcionarios que no funcionan».
