Sesenta y nueve víctimas fueron rescatadas este martes de una red de trata de personas que usaba como fachada a una organización religiosa y al menos siete integrantes de esa banda delictiva fueron detenidos en un gran operativo que coordinó 23 allanamientos en las provincias de Buenos Aires, Salta, Tucumán, Mendoza, Neuquén y Entre Ríos, dijeron fuentes oficiales.
La organización criminal liderada por una mujer conocida como “La Tía Eva” se desplegaba bajo la pantalla de una comunidad religiosa denominada “Filadelfia”.
Esta perversa organización comenzó sus actividades en el país entre 1972 y 1973, se dedicaba a la trata de personas, lavado de dinero, delitos contra la integridad sexual de menores y adultos, contra la identidad y contra la vida, dijeron los informantes.
Según surge de la investigación, entre los delitos registrados, las y los miembros de la “comunidad” sustraían menores a sus padres biológicos para inscribirlos luego como hijos de varias mujeres de la organización.
Ante esta espantosa organización que operaba durante décadas en nuestro país, la diputada provincial de la UCR Mendoza, María José Sanz, desarrolló una columna de opinión sobre la urgente necesidad de que el Estado empiece a trabajar seriamente por los derechos humanos de todos los argentinos.
“YA NO PODEMOS CONCEBIR UN PAÍS CON BEBÉS ROBADOS”
48 Años al Servicio de la Impunidad
Argentina lleva 37 años de Democracia. La confluencia entre democracia política y participación ciudadana ha permitido alcanzar conquistas sociales largamente esperadas.
Sin embargo, cuando creemos que damos pasos firmes en pos de garantizar derechos, nos atraviesa la noticia de una red de venta de bebés que llevaba operando en nuestro país (y en Mendoza) por lo menos 48 años. La impunidad y el aparato boicoteador de Derechos Humanos ha seguido manejando los hilos de la vida de miles de bebés sustraídos al nacer, de mujeres y de familias víctimas de la sustracción forzosa de sus hijos e hijas.
En nuestra provincia el Colectivo Mendoza por la Verdad, viene denunciando estos aberrantes hechos, y trabajando para cambiar tan dura realidad. Como Legisladora Provincial, decidí acompañarlos en titánica tarea y ponerme a trabajar codo a codo juntos a ellos.
Por ello, en Agosto de 2019, logramos la aprobación de la Ley 9182 que tiene como fin brindar las herramientas necesarias para que toda persona en situación de búsqueda, pueda contar con un espacio donde sentirse acompañada y guiada para emprender la faraónica tarea de buscar sus orígenes o sus hijos e hijas sustraídas al nacer. Esta política reparatoria, en cierta medida viene a poner luz y palabras donde tanto silencio y ocultamiento existe.
A partir de la Ley 9182 en Mendoza junto a la sanción de otras cinco leyes provinciales hemos tenido avances que nos permitieron recuperar derechos conculcados y proyectarlos hacia nuevas formas de integración y participación en pos de brindarles un espacio de acompañamiento, contención, y asesoramiento para lograr los tan anhelados reencuentros con la Verdad.
Muchos de estos avances ya nos parecen tan “naturales” que imaginamos que llegaron para quedarse para siempre en la vida argentina. Sin embargo, organizaciones delictivas de trata de personas siguen operando entre nosotros, no se resignan y adaptan el modus operandi para lograr mayor rentabilidad explotando a seres humanos. Estos sectores están abroquelados en mantener el cruel delito de trata de personas.
Ya no podemos concebir un país con venta de bebés en las calles; con un Estado ausente; con mujeres que desconocen el destino de sus hijos e hijas; sin un Banco Nacional de Datos Genéticos Universal, sin restricciones por fecha o circunstancias de nacimiento; con espacios cerrados o restringidos dentro de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; con falta de leyes que penalicen la compra de seres humanos; con personas sin su verdadera Identidad de Origen; con instituciones que naturalizan las apropiaciones de bebés; con prioridad hacia los Derechos Humanos de unos en detrimento de los Derechos Humanos de otros.
Entender la lucha llevada adelante por los Organismos de DDHH no vinculados a delitos cometidos durante la última dictadura militar, Activistas, y Buscadores de su Verdadera identidad de origen o de sus bebes sustraídos al nacer por hechos no relacionados al terrorismo de Estado, es fundamental para entender desde donde nos situamos al escribir esta nota.
El Estado debe reconocer que la vulneración de la identidad de las personas es un delito que aun hoy se practica en nuestro país. Reconocer es el primer paso para efectivizar la tan esperada protección legal y reparatoria que millones de personas hoy esperan en Argentina. Por ello, seguiremos insistiendo en que esta práctica es transversal a nuestra sociedad y que se arraigó hace muchísimos años, no dejemos que se perpetúe.
Diputada provincial María José Sanz. UCR- Cambia Mendoza
