Diputados y 350 ONGs presentaron el proyecto de ley de Aborto Legal Seguro y Gratuito

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Con el compromiso de debatir en el recinto el derecho al aborto, 41 diputados junto a 350 organizaciones presentaron este jueves el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). El encuentro se realizó en el segundo piso del Anexo del Congreso de la Nación con la presencia de diputados de diferentes bloques.

Elaborado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito es la sexta vez que se presenta la iniciativa en la Cámara de Diputados, con cambios acordes a las reformas del Código Civil.

«Agradecemos el acompañamiento de los distintos partidos políticos, del periodismo y activistas del país que hace posible que hoy estemos presentando este proyecto en Diputados», destacó Marta Alanis integrante de la Campaña.

«Es hora del debate», dijo la dirigente social, pedido que tomaron las diputadas Victoria Donda (Libres del Sur), Carolina Gaillard (Frente para la Victoria), Miryam Bregman y Soledad Sosa (Frente de Izquierda), Carla Carrizo (Unión Cívica Radical), Alicia Ciciliani (Partido Socialista) y Sergio Wisky (Propuesta Republicana), que hablaron en representación de sus bloques. También se sumaron Pablo López del Frente de Izquierda – PO, de activistas del movimiento de mujeres, entre ellas Vanina Biasi del Plenario de Trabajadoras.

«La deuda que tiene la democracia con nosotras es no dejarnos decidir, por eso, debemos discutir el proyecto en el recinto, acompañando el debate social», dijo Donda.

Por su parte, Carolina Gaillard aseguró que «en Diputados somos cómplices de las muertes clandestinas por aborto; responsables por omisión, por no legislar. Los abortos existen, dejen de esconderlos. Debemos legislar ya». «Diputados y senadores estamos en falta; somos culpables por omisión, por todas las muertes producidas por aborto clandestino», señaló la entrerriana Gaillard, presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara baja, del Frente para la Victoria.

La vocera de la UCR en tanto recordó que «los derechos no tienen partido, por eso a este proyecto lo firmamos representantes de todo el arco político. Debatamos. Tenemos derecho a debatir». Carla Carrizo defendió la constitucionalidad del proyecto, «Ningún Código Civil puede prohibir aquello que la Constitución no prohíbe. Se trata de poder ejercitar la libertad individual de las mujeres en plenitud en un Estado democrático como la Argentina», señaló la dirigente de la UCR.

El diputado Wisky, del Pro, compartió que «los que trabajamos en salud vemos las consecuencias practicas de negar este derecho de las mujeres, que lo reconoce la Constitución».

Por su parte, Soledad Sosa diputada nacional por Mendoza,  tomó la palabra por el Bloque del FIT – PO, saludando la campaña que permitió desplazar de la presidencia de la Comisión de Familia al Diputado Dindart (UCR-Cambiemos), motivo que fue festejado por el conjunto de la nutrida concurrencia felicitando todos a la Diputada como autora de dicha campaña.

«Nos parece fundamental destacar la importancia de la movilización callejera y de las mujeres organizadas de manera independiente del Estado, ya que esa será la forma en que este proyecto se materialice en una ley nacional para que se dejen de vulnerar los derechos de las mujeres.» destacó Sosa.

El diputado López explicó a los medios presentes la campaña que se está desarrollando en Salta por la derogación del decreto 1170 que bloquea el acceso al aborto no punible, denunció que Urtubey impidió el tratamiento del tema en la última sesión y destacó la aberración cometida contra la niña wichi violada e impedida de abortar «Estamos trabajando para que se cumpla con el reclamo popular para que nunca más se le niegue el derecho a una niña a ser atendida en el sistema de salud publico adecuadamente, para que se cumpla con el aborto no punible y para que los responsables de la violación sean castigados».

La diputada nacional Myriam Bregman (PTS-Frente de Izquierda) señaló que “mientras algunos diputados del PRO suman su firma a este proyecto, el Gobierno nacional desmantela el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud; paraliza el Programa de Educación Sexual Integral y sigue destinando un mísero presupuesto de 4,50 pesos por mujer para la implementación del Plan Integral de Atención a las Víctimas de Violencia”.

La presentación estuvo a cargo de tres integrantes de la Campaña y contó con 37 firmas de integrantes de todos los bloques. El único que ha firmado completo es el del FIT. Marta Alanís explicó las modificaciones que tiene el proyecto este año, Analía Bruno de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir destacó la necesidad de garantizar con todos los instrumentos el derecho al acceso a la salud y  Soledad Deza, abogada de la joven encarcelada y condenada en Tucumán, destacó la importancia de la legalización del aborto y reclamó la liberación de Belén, «una de las que espera es Belén, que está presa por un aborto espontáneo hace 832 días» en Tucumán, y adelantó que la semana que viene se presentará como amicus curiae (amigos del tribunal) un grupo de organizaciones para pedir la libertad de la mujer.

Estas voces y otras se escucharon en una de las salas del Anexo de Diputados, donde más de 150 personas con los pañuelos verdes de la Campaña abarrotaron el lugar, mientras en la calle se realizaba una manifestación en apoyo al proyecto.

También firmaron la iniciativa las diputadas Alcira Argumedo, Margarita Stolbizer, Carla Carrizo, Cecilia Moreau, Juan Villalonga, Carlos Heller, Julio Raffo, Samanta Acerenza, Brenda Austin, Karina Banfi, Miguel Bazze, Graciela Cousinet, Lucila De Ponti, Edgardo Depetri, Lucila Duré y Alejandro Echegaray. Además firmaron Gabriela Estévez, Araceli Ferreyra, Leonardo Grosso, Andrés Guzmán, Silvia Horne, Pablo López, Federico Masso, Raúl Pérez, Néstor Pitrola, Héctor Recalde, Olga Rista, Gabriela Troiano, Marcelo Wechsler, Lucila Dure, Luis Basterra, Adrian Grana, Silvia Risko, Remo Carlotto, Daniel Lipovetzki y Lautaro Gervasoni.

Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Católicas por el Derecho a Decidir y la Asociación de Abogados de Buenos Aires, fueron algunas de las organizaciones que participaron del acto.

El proyecto prevé que la interrupción del embarazo pueda realizarse durante las primeras 14 semanas del proceso gestacional, en el sistema de salud público, privado y obras sociales.

Propone además que la mujer acceda a una IVE cuando el embarazo es producto de una violación y cuando corre riesgo su salud.

El acceso al aborto legal incluye a adolescentes entre los 13 y 16 años, acorde con lo establecido en el reformado Código Civil.

«Ni Una Menos es también terminar con la violencia que niega derechos a las mujeres», concluyó la diputada Horne.