Fuera de la burbuja de Rody, el pueblo mendocino sigue exigiendo dignidad en Salud y Educación pública en multitudinarios caravanazos

Actualidad Mendoza

Las calles de todos los rincones de la provincia de Mendoza están calientes… y no justamente por la llegada de la primavera. Nuevamente el pueblo mendocino manifiesta su disconformidad por las acciones de un gobierno provincial que no dialoga, porque no sabe escuchar. Ya lo vimos en la defensa del agua y de la Ley 7722 de diciembre del 2019… ahora, en un nuevo capitulo, sucede lo mismo contra la reforma de la Ley de Educación, una propuesta que recorta presupuesto para el aprendizaje, que genera inestabilidad laboral en los directivos y docentes, que precariza la labor educativa pública y gratuita, que retrocede derechos…

Y cuando el pueblo se enoja, se manifiesta públicamente en serio! Por eso se siguen realizando masivos caravanazos en diversos rincones de la provincia unidos con una misma consigna «No a esta reforma de la Educación», «La Educación no se negocia» y «La Educación pública es un derecho, no un servicio».

Más de 20.000 personas se movilizaron en las dos jornadas de caravanazo, el 29 y el 30 de septiembre, en rechazo al proyecto de ley de educación presentado por Thomas y el gobernador Suarez que, con su mirada neoliberal y privatista, atacan a la educación pública.

No solo las multitudes de mendocinos y mendocinas se movilizaron en autos, a pie, en bicicletas o en skaters por la Ciudad de Mendoza, sino también cientos de autos coparon las calles de los departamentos de General Alvear, Malargüe, San Rafael, San Martín, Rivadavia, el Valle de Uco y el Gran Mendoza. El mensaje es muy claro… lástima que el gobierno no escucha y solo se dedica a perseguir a los docentes con «encuestas» donde se piden datos personales para «marcar» a los disidentes o utilizan a las fuerzas de seguridad para «botonear» con el control de DNI a los mismos docentes que se manifiestan en los caravanazos. Un Estado mendocino monologuista y patrullero.

El otro caravanazo: En un claro mensaje para Suarez, la salud pública salió a las calles

Con una total y masiva adhesión, trabajadores de la salud salieron a manifestar su disconformidad ante las políticas sanitarias aplicadas por el gobierno de Rodolfo Suarez durante este jueves 1º de octubre, con banderas y pancartas colmadas de reclamos en 84 puntos de la provincia de Mendoza por: apertura de paritarias; aumento salarial de emergencia; reconocimiento de Lic. en Enfermería; y pases a planta por antigüedad.

AMProS realizó también un caravanazo que partió a las 9 desde el Hospital Humberto Notti hasta el Hospital Central y de allí, acompañaron a quienes a pie marcharon a la Legislatura Provincial, hasta Casa de Gobierno. El objetivo fue el reconocimiento de los Licenciados en Enfermería como profesionales de la salud según Ley 7759. Reclamaron por el cambio al Régimen 27 de quienes se encuentran en el Régimen 15 y el pase de contrato o prestación de profesionales que poseen cargo, a Mayor Dedicación.

Con aplausos sostenidos y las fotografías de fondo de sus compañeros caídos en la pandemia, entonaron el Himno Nacional Argentino de espaldas a Casa de Gobierno, en señal de reclamo ante la falta de respuestas del gobernador Rodolfo Suárez y la ministra de Salud Ana María Nadal.

La doctora María Isabel Del Pópolo, secretaria general de AMProS, enfatizó que “esta marcha es específicamente por los licenciados en Enfermería, porque son parte del equipo de salud y deben ser respetados. Pero sobre todo venimos a decirle a la ministra que tiene que cumplir con la apertura de la Comisión Negociadora. Necesitamos que lo hagan y ni siquiera la han tomado en cuenta para poner a sus representantes, a fin de que podamos sentarnos a negociar. Exigimos que se cumpla la ley y esperamos que pronto se reabra la comisión para dar cumplimiento y solución no solo a los problemas que atraviesan estos profesionales, sino a todo el equipo de salud”.

Cabe destacar que más de 700 profesionales licenciados en Enfermería están en condiciones de ser pasados a planta o de ser cambiados de régimen. «Nuevamente el Gobierno de Mendoza manda a la Policía y se niega a recibir a quienes están dejando su vida en esta pandemia. Es una vergüenza; se olvidan de que serán quienes los atenderán cuando se enfermen ellos o algunos de sus familiares. El gobernador se olvida de esto”, concluyó la licenciada Claudia Iturbe, secretaria adjunta de AMProS.

Por otro lado, el ATE Mendoza realizó un acto simbólico en las puertas del Hospital Central: “Esta medida de fuerza que realizamos hoy en toda la provincia y en el resto del país es para manifestarle a los gobiernos que tienen que poner los recursos y aplicar una justa distribución de la riqueza. Los que están poniéndole el pecho y dejando su vida frente a esta pandemia son los trabajadores de la Salud, quienes no están siendo reconocidos salarialmente: hablamos de enfermeros, licenciados en Enfermería, administrativos, mantenimiento, técnicos y demás integrantes del equipo integral sanitario”, apuntó Roberto Macho, secretario general de ATE.

En este sentido se pronunció también Adriana Iranzo, secretaria adjunta de ATE Mendoza, al señalar que “la situación de los trabajadores es alarmante, ya que tenemos compañeros aislados, otros que cumplen doble turno, cansados y extenuados, más los 11 fallecidos. Creemos que hay que valorizar la profesión de Enfermería, la cual está al pie del cañón contra la pandemia del COVID 19. El Gobierno tiene que destinar presupuesto al recurso humano y sus condiciones laborales, para mejorar la calidad de contención hacia la sociedad en todos los efectores sanitarios”.

La representante sindical fue tajante al enfatizar un claro mensaje hacia la clase gobernante, donde fustigó que “la crisis sanitaria y económica la atravesamos todos, pero la patronal no brinda soluciones a la falta de salario, aguinaldo, bono y contra la precarización que mantiene para con los que nos cuidan. Necesitamos una reivindicación inmediata, los trabajadores deben dignificar salarios y condiciones laborales. Somos un servicio esencial y el Gobierno no lo valora como tal”.