La discusión de fondo es dilucidar a ciencia cierta si María Teresa Day, la elegida por el gobernador Rodolfo Suarez, está en condiciones o no de ocupar el lugar que dejará libre Jorge Nanclares en la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza. Si cumple o no, para ser más claro, con los requisitos para ese cargo clave en lo más alto del Poder Judicial.
Puntualmente la oposición se refiere al artículo 152, inciso 3 de la Constitución, que expresa que para ser miembro se necesita “ser abogado con título de universidad nacional y con 10 años de ejercicio de la profesión u 8 de magistratura”. Teresa Day se recibió en 1995, hace 30 años trabaja en el Poder Judicial pero la oposición duda de si expresa y técnicamente ejerció su profesión ya que nunca ejerció en la profesión de abogada.
La noticia de hoy fue que ninguno de los que conforman «el gobierno de diálogo» de Rody Suarez asistió al cuarto piso del Poder Judicial para la audiencia de conciliación convocada por Mario Adaro, Omar Palermo y José Valerio, en las que se citaron a las partes del oficialismo y la oposición, para tratar si el pliego de María Teresa Day reúne las condiciones para postularse y ocupar el cargo vacante.
Si bien el Vicegobernador Mario Abed no asistió a la audiencia de conciliación, presentó una fuerte contestación a la Sala II de la Suprema Corte, al informar sus motivos por los que no fue, pedir que la resolución se realice en un plenario con todos los ministros y también anunciar que recusará a los miembros de la Corte si no archivan la cautelar por “mal desempeño de sus funciones”.
En su contestación, Abed indicó que la medida presentada por la oposición es improcedente ya que “la admisión de la misma implicaría la lisa y llana violación del principio de división de poderes, con la intromisión del Poder Judicial en cuestiones que escapan a su competencia, y que son de resorte exclusivo de la Cámara de Senadores”.
Es por eso que pidió que se declare “de inmediato” su falta de jurisdicción para entender en las presentes actuaciones, y ordenar el archivo de las mismas; pero destacó que “corresponde que lo haga la Corte en pleno puesto que se trata de un grave conflicto de poderes, pero también, para que la sociedad toda, sea testigo de la independencia, autonomía y objetividad permanente de ese Altísimo Tribunal. La calidad Institucional de nuestra Provincia así lo demanda”.
“No hay objeto que conciliar por cuanto, con base en lo expuesto, la competencia del Senado es de origen constitucional, improrrogable y de orden público”, señaló, y advirtió que los Jueces de la Sala II “corren peligro de configurar la causal de mal desempeño de sus funciones, si siguen adelante con la presente causa”.
La respuesta del diputado nacional José Luis Ramón
Harto de los caprichos del oficialismo provincial, el diputado nacional de Protectora, José Luis Ramón, escribió una columna de opinión respondiendo los dichos del vicegobernador y presidente de la Cámara Alta de Mendoza, Mario Abed.
Avanzan las mentiras de Cambia Mendoza y el amedrentamiento institucional
En la forma de un plan sistemático de mentiras y atropellos, Cambia Mendoza avanza una vez más sobre la institucionalidad y la Constitución provincial. Esta vez, comandados por la imagen de Mario Abed, responden de manera altanera, sobrepasando todos los límites de control del Poder que tiene el Ejecutivo provincial.
Sin duda, hemos pecado de ingenuos y no es menester de los funcionarios oficialistas dejar en el pasado las arbitrariedades, los negociados y los cambios de parecer según la funcionalidad y los intereses propios. Pero no pensamos, que llegaría el momento de estar viviendo semejante abuso de poder e impunidad para ejercerlo.
Ayer, Abed anunció mediante una recusatoria que no asistiría el día de hoy a la Audiencia de Conciliación fijada por la justicia mendocina, sobre lo expuesto por la oposición en el caso de María Teresa Day, como elegida para tomar el cargo de Jueza de la Corte Suprema de Justicia, cargo que dejó vacante hace un mes, Jorge Nanclares.
Sin más, y tal como lo hizo en un diario provincial, Abed se afirmó sobre las amenazas directas hacia los magistrados, sin temor él mismo de estar incumpliendo con sus labores como Vicegobernador y Presidente de la Cámara Alta de la provincia, quien debiera ser el primero en defender las formas y las leyes.
“… solicito a los miembros de la Corte, que procedan a excusarse en el trámite de estas actuaciones, conforme a las disposiciones del art. 12 del CPCyT, por una cuestión de decoro (…)”
“Es tan grave la situación que han generado los legisladores que han peticionado la intromisión del Poder Judicial en el Poder Legislativo, que los Jueces de esta Sala corren peligro de configurar la causal del art 12 inc. 4º, del CPCCyT, de mal desempeño de sus funciones, si siguen adelante con la presente causa, como ya dijimos.
Imagino la incomodidad y sorpresa que debe haber causado a los miembros de la Corte esta impensada presentación.”
¿No son acaso estas líneas, una amenaza concreta sobre el
cargo de los jueces ante su posible decisión de no recusarse, para así
continuar con el proceso que han iniciado? ¿Cómo es que creemos aún en un
partido que, con palabras formales y bien esgrimidas, intenta coaccionar sobre
jueces de nuestra provincia? ¿Por qué todavía no hemos abierto los ojos frente
a la cantidad de veces que, hablando desde la Constitucionalidad y el
republicanismo, Cambia Mendoza ha sometido leyes y poderes a su gusto y conveniencia?
Hemos establecido incontables veces, la sistemática utilización de valores democráticos por parte del partido oficialista, como método para ocultar sus prácticas más viles y perversas que logran solamente disgregar, aún más, la ciudadanía mendocina de los políticos mendocinos.
El uso y desuso a conveniencia de artículos, leyes y decisiones, además se han extendido tanto en la política mendocina, que hemos naturalizado la impunidad con la que se maneja el frente oficialista. Cuatro años de Cornejo, nos han segado de vicios y hoy debemos adelantarnos a una fractura institucional aún mayor.
No hay objeto que conciliar por cuanto, con base en lo expuesto, la competencia del Senado es de origen constitucional, improrrogable y de orden público.
Reitero mi solicitud, de que en forma inmediata esa Suprema Corte, declare su falta de jurisdicción para entender en el planteo realizado por los presentantes y ordene el archivo de las actuaciones, puesto que de no ser así se generará un evidente conflicto de poderes.
De este modo, el Poder Legislativo, se pone por afuera de la Constitución resolviendo cumplir con las órdenes judiciales según su propio criterio. El último Juez de la Constitución, es sin duda el Poder Judicial y en última instancia la Suprema Corte de la Provincia, no el Poder Legislativo a consideración de su titular.
Observemos, la Legislatura no se encuentra habilitada para juzgarse a sí misma, sí le corresponde siempre y en última instancia, al Poder Judicial. Por estas razones no pensemos que son ellos, hoy representados en la figura de Mario Abed, quienes defienden nuestras instituciones democráticas. Sus banderas flamean falsamente sobre cada uno de sus actos, que desprenden inconstitucionalidad y atropellos.
Debemos insistir en divisiones más claras entre los poderes de turno, y sin duda, hoy sostenemos la defensa de la autonomía del Poder Judicial y de sus magistrados para ejercer su labor. No seremos cómplices de abusos de poder, ni de escarnios judiciales y públicos debido a los caprichos del oficialismo.
Diputado Nacional José Luis Ramón
