“Muchas mujeres no denuncian por cuidar la imagen del partido, hay un ‘espíritu de cuerpo’ mal entendido ¿y sus derechos humanos? (R.Menchú).
“…. democracia sin la participación igualitaria y activa de la mitad de la población es imposible, y la violencia representa una amenaza directa a la capacidad de las mujeres de participar libremente y sin temor en la política” (PNUD 2016)
Sin dudas, este es un tema de gran relevancia y actualidad atento a los elevados índices de violencia que las mujeres están sufriendo en el ámbito privado, lo cual, también se transpola a la esfera pública, en este caso, vamos a referirnos a los partidos políticos. Éstos, como sabemos, constituyen la “puerta de entrada” de la política institucional y determinan quiénes integran las listas electorales y la oferta electoral que tendrá la ciudadanía.
Sin embargo, las mujeres están ahí como hormiguitas, en todas las actividades de base del partido y detrás del candidato o del líder. Pero siempre les piden que se hagan cargo de la cocina, del protocolo, de la decoración, de asistir al líder y ‘llevarle su vasito con agua’. Y las mujeres, por una cuestión cultural, se prestan naturalmente a eso.
Tampoco se busca a las mujeres como líderes para que ocupen un espacio en la mesa principal y usen el micrófono, pero sí se las busca para tocar puerta a puerta, para el proselitismo. Hay un esfuerzo de la mujer de base, que está trabajando siempre, que no se reconoce por el partido, ni por muchos líderes.
Asimismo, se destaca la manifestación y preocupación generalizada sobre las prácticas y conductas agresivas y violentas de muchas mujeres políticas hacia las mismas mujeres, sean del mismo partido o de otros partidos políticos. Esto impide relaciones de trabajo conjunto con base en intereses comunes y establecimiento de alianzas, en detrimento de las propias mujeres del partido, pues “los hombres se alían fácilmente”.
El objetivo de este artículo, es hacer visible la problemática, así como facilitar algunas iniciativas que contribuyan al fortalecimiento de los procesos internos partidarios de democratización y promoción de relaciones igualitarias, no discriminatorias y no violentas. La profundización de los procesos democráticos en el ámbito de la política, exige cambios de distinta índole a las instituciones y a las personas actoras políticas para la construcción de una nueva cultura política
En ese marco, los partidos políticos mendocinos tienen el reto de asumir con plena responsabilidad las obligaciones de igualdad y no discriminación, así como la implementación eficaz de la paridad con alternancia, en concordancia con los principios constitucionales y electorales de democracia e igualdad. La mayor participación y representación de las mujeres, genera un efecto simbólico en el imaginario social y en el comportamiento del voto de la población, propiciando además nuevos referentes para el liderazgo de otras mujeres y para la renovación general de liderazgos partidarios. Ello contribuye a la modernización y al recambio del sistema de representación política.
La violencia contra las mujeres en la política, constituye una grave violación a sus derechos humanos y una amenaza a la democracia. Erradicar esas prácticas consideradas como “naturales” o “propias” del quehacer político, necesita no sólo la toma de conciencia al respecto, también la acción decidida de los partidos políticos para propiciar cambios cualitativos en la política tradicional. Más aún, la profundización de los procesos democráticos en el ámbito de la política, exige cambios de distinta índole a las instituciones y a las personas actoras políticas para la construcción de una nueva cultura política.
La paridad con alternancia es un importante “acelerador” de la presencia de mujeres, pero hay que ir más allá para resolver el problema de sub-representación. Hay que destacar que la escasa inclusión de mujeres en el primer lugar de las planillas. Es por ello que consideramos recomendable la redacción de un protocolo interno de atención a la violencia política en contra de las mujeres, como una herramienta que permita guiar la actuación partidaria en general.
La Ley de Protección Integral a las Mujeres (Ley N° 26.485, 2009) de Argentina contempla en la definición de violencia institucional aquella que se ejerce en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil.
Las manifestaciones de violencia hacia las mujeres políticamente activas, se clasifican en varias categorías comunes –psicológica, física, sexual y económica- que presentan particularidades por llevarse a cabo en el ámbito de la política.
Ante la violencia política en contra de las mujeres, la Junta electoral debería sancionar a los partidos y a sus autoridades o integrantes que la perpetraron, restaurar a una mujer en su puesto, garantizar y fiscalizar el uso de los recursos financieros que se destinen para la capacitación y formación política de las mujeres.
Lo más deleznable, es que en términos generales, se afirma que las mujeres son la mitad de la militancia partidaria, si bien actúan políticamente en un contexto cultural y de valores que subestima sus capacidades y desempeño. Esto ocasiona que -en la práctica- muchas veces no sean consideradas idóneas para el liderazgo o para los cargos de responsabilidad, aun cuando se reconozca el papel fundamental que desempeñan en los partidos. La violencia contra las mujeres políticamente activas es un problema grave que desincentiva a las mujeres de participar en los procesos políticos, constituye una violación fundamental a su dignidad humana, socava la democracia, y es un obstáculo para el fortalecimiento de sociedades igualitarias y no discriminatorias.
Finalmente, se han registrado ataques notorios a mujeres políticamente activas pero con una economía sólida. Sin embargo, cuando la violencia se dirige a mujeres con menos recursos o que carecen de sistemas de apoyo o estrategias de afrontamiento, esta tiene un mayor impacto en reprimir su voz y participación. Estas, debido a la extrema marginación o aislamiento físico o geográfico- son vulnerables a todo tipo de abuso y daño, así como a acciones que tal vez no parezcan violentas a primera vista. De allí que sea tan importante, que cada partido político dicte un protocolo interno, capacite a sus miembros (desde el más alto hasta el último), y disponga un 10% del presupuesto del partido para que las mujeres se encuentren en igualdad de condiciones que los hombres, a fin de que se les garantice la igualdad de participación política.
Por Mg Alicia C. Barrionuevo (Abogada)
