Las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Asuntos Administrativos y Municipales del Senado realizaron una primera ronda de consultas sobre el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que establece un régimen de contratación público-privada celebrado entre la Administración Pública Nacional, Centralizada y Descentralizada y Sujetos Privados.
La iniciativa, que comenzó a debatirse este mismo martes, busca implementar “un nuevo modelo de ejecución y control” de la obra pública, la mejora de la eficiencia, la baja de costos, la mayor competencia y sobre todo la publicidad de cada una de las licitaciones”, según explicaron desde el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación.
La jornada de debate realizada en el Salón Azul del Senado duró casi cuatro horas y contó con las exposiciones de invitados especiales: Horacio Reyser, asesor presidencial de financiamiento internacional; Paula Bertol, secretaria de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete; René Cornejo, del Banco de Desarrollo de América Latina; Gastón Astesiano, del Banco Interamericano de Desarrollo; y Gerardo Martínez, líder de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA).
La discusión continuará este jueves a las 9.30 con la participación del ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio; de John Pollner del Banco Mundial; de representantes de la Cámara Argentina de la Construcción, así como de un grupo de gobernadores.
Las exposiciones
Horacio Reyser, asesor de financiamiento internacional del Poder Ejecutivo, anunció que «estamos presentando una ley moderna que va a generar grandes oportunidades para incrementar la producción y generar empleo».
«Es importante entender que venimos de una situación y un marco legal débil», indicó Reyser sobre la relación público-privada, tras lo cual aseguró que “a nuestro país se le abren oportunidades de inversión, producción, infraestructura, transparencia y herramientas de financiación» y que este régimen «es fundamental para lograr desarrollo económico sostenido».
Además, el asesor indicó que «este proyecto no elimina la ley de obras públicas: es una forma probada de acceder a nuevas fuentes de financiación».
Por su parte, Paula Bertol manifestó que «este es un proyecto ambicioso de régimen de contratación público-privada, clave para la generación de empleo y para que se materialice una gran inversión en infraestructura”.
“Agradecemos al Senado por recibirnos y festejo que esta casa haya retomado la discusión y el diálogo. En lo que va del año, funcionarios del Poder Ejecutivo asistieron a ambas Cámaras en 77 oportunidades. Hace muchos años que no vemos este trabajo conjunto entre el Poder Ejecutivo y lo celebramos», destacó la secretaria de Relaciones Parlamentarias.
René Cornejo, en representación del CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, indicó que «el contrato de producción público-privada cambia el foco: de contratar una obra a contratar la prestación de un servicio» y que «así, en lugar de contratar la construcción de una carretera lo que se contrata es la transitabilidad de la misma».
«Esto asegura que funcione el servicio más allá de la obra, siempre que el contrato se cumpla y las penalidades se apliquen», resaltó.
Poco después, el líder de la UOCRA, Gerardo Martínez, sostuvo que «hablar de la industria de la construcción es hablar de políticas de Estado porque se apuesta a la generación de empleo», al tiempo que señaló: «el clima social está un poco complicado y el tema laboral no merece ninguna especulación política».
«Pretendemos que el Estado actúe con pragmatismo y dinámica cuidando los recursos públicos de todos los ciudadanos», agregó en otro tramo de su exposición, y concluyó: «si es una buena propuesta, me parece que vale la pena ponerla en vigencia lo antes posible».
