La izquierda se resiste a que los trolebuses mendocinos tengan incidencia privada

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En la mañana de hoy, los representantes gremiales de los trabajadores de la Empresa de Troles, se reunieron con los integrantes de la comisión de Obras Públicas, Urbanismo y Vivienda para plantear su inquietud respecto del anuncio, formulado desde el gobierno provincial, de la posibilidad de implementar un gerenciamiento privado en la Empresa Provincial de Transporte.

Ante esta situación los empleados de la EPTM manifestaron a los legisladores su preocupación por el sostenimiento de la fuente de trabajo. El Bloque de diputados del FIT manifestaron su preocupación frente a esta ola de recortes que viene realizando desde hace meses el gobierno de Cornejo y el ingreso de manos privadas a empresas estatales.

Los gremialistas aseguraron que es posible “poner de pie a la empresa de troles” pero que para ello se necesita inversión y que desde hace años esto no ha ocurrido por lo que la situación de los unidades y del servicio se fue resintiendo”

Por su parte el presidente de la comisión, Jorge Sosa, dijo que “lo que se busca es crear una empresa mixta con participación estatal mayoritaria, para conseguir inversiones. Es verdad que están tratando el tema desde el Ejecutivo pero aun no hay una decisión tomada y en ningún caso he escuchado que hay intención de sacar gente de la empresa”.

“El compromiso de la comisión es hablar con los funcionarios para tener mas detalles sobre el particular”, señaló y anticipó que se comunicará con el secretario de Servicios Públicos, Sergio Marinelli, para cursarle una invitación para que asista al seno de la comisión de Obras en los próximos días.

Por otro lado, el diputado Héctor Fresina manifestó la posición del Bloque del FIT «rechazamos el planteo de Marinelli. El gobierno habla de que falta financiamiento, y que eso se resolvería abriendo las puertas al capital privado. Es al revés, el capital privado es el que ha desfinanciado al Estado Provincial a través del cobro de subsidios como los dueños del transporte, a través de la evasión y de exenciones impositivas, a través de licitaciones sobrefacturadas y a través de la estatización de deudas privadas». Lo que corresponde, señaló Fresina «es revertir el vaciamiento de la empresa con recursos provenientes del cobro a esos sectores de lo que les deben al Estado, creando una fábrica provincial de construcción de troles para evitar las ganancias patronales a cuenta del Estado, y que se abran los libros contables de la empresa».

Por último, el diputado del PO-FIT dijo «ninguna privatización ha mejorado el servicio, al revés, todas terminaron en vaciamientos y fuga de capitales por un lado, y despidos y precariedad laboral por el otro. Apoyamos el carácter estatal de la EPTM, que se otorgue mayor presupuesto para su funcionamiento y que esté bajo control efectivo de trabajadores y usuarios».

Para Sergio Marinelli, titular de Servicios Públicos, el Ejecutivo evalúa algún tipo de gerenciamiento privado. El proyecto “le será enviado al gobernador, Alfredo Cornejo, para que lo analice”, dijo el secretario a diversos medios.

El motivo es que las condiciones de los troles, y los requerimientos para mantenerlos, no están al alcance de la actual conducción estatal. Con el convencimiento de que “el Estado no puede comprar unidades” nuevas, ni afrontar la inversión para mejorarlas, es que Marinelli hizo este planteo.

No obstante,Jorge Chávez, de ATE, señaló “El personal entiende que peligra su fuente de trabajo”.

En realidad, la situación de los empleados es uno de los factores que lleva al Gobierno a tomar esta decisión. “Tenemos 487 empleados, con más de 100 choferes y sin embargo, falta gente para manejar los troles”, indicó el funcionario. Según su visión, el cambio servirá “para agilizar y hacer más eficiente” a la empresa.

En ese sentido, si bien no está definido aún, lo que se pretende es crear una sociedad del Estado o una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria (Sapem).

Son dos figuras distintas. La primera se rige por la ley 20.705, no tiene aportes privados, aunque está sujeta a las normas que rigen a las sociedades anónimas; no requiere autorización estatal para comprar ni debe informar al Tribunal de Cuentas. Además -algo que en la EPTM encajaría- puede entregar a privados tramos de sus recorridos, alternativa que parece tentar al Gobierno.

La segunda se rige por la ley de sociedades comerciales (19.550), implica una buena parte de aportes privados (un 51% es estatal) y se rige por el Derecho Privado.