Durante esta semana y como consecuencia de la anterior, siguieron usando el sistema de “manos amigas” -o ya podríamos llamarlo “familiares ricos”- a los efectos de bajar la cotización del dólar norteamericano. El saldo utilizado en el mercado cambiario normal (spot), como en el futuro, fue de un total de USD 4.400 millones. Con ello, durante la semana anterior lo bajaron $13, a $1.485, y esta semana terminó en $1.499, habiendo usado en la actual solo USD 1.200 millones de esos USD 4.400 millones. O sea, resta decir que el tipo de cambio tiene una tendencia a la suba, sobre todo después de que el nuevo vocero Ravier, la directora del FMI y parte de los ruralistas expresaron que el precio óptimo para ellos hoy es de $1.800.
Aunque allí el problema que se le presenta al Gobierno es un traslado a precios y, por supuesto, el corolario en una suba de la inflación anual que ubique la acumulada en el orden del 50 %, contra un 40-42 % que venimos anunciando desde diciembre de 2025. Estos datos terminan cumplimentando lo que ya expresamos en Criterio Kristalino y el dólar actual y futuro.
Esta semana se conoció el IPC de la Ciudad del mes de julio, el cual brindó un dato de 2,9 %, versus el 1,8 % de junio, marcando una aceleración que es lógica en los meses de julio, agosto, noviembre y diciembre de todos los segundos semestres, que son inflacionarios por sí mismos. El problema es el nivel del salto y, como siempre viene adelantando y condicionando el dato nacional, ello significa que el jueves 13, a las 16 horas, el dato tendría que estar entre 2,3 % y 2,4 %. Esto es consecuencia de que los bienes y servicios que toma el INDEC para su cálculo corresponden al año 2004, dándole más preponderancia a los bienes, mientras que en la Ciudad poseen más importancia los servicios y dieron un dato superior al 3 %.
El BCRA y sus datos
Ya hace mucho tiempo que avisamos que en las reservas brutas del BCRA se encuentran contempladas las 11 toneladas de oro que el Estado nacional recompró durante 2021, luego de que las pusieran de garantía por un REPO de USD 500 millones y no se pagó en marzo de 2019. Al viernes pasado tenían un valor de cotización de USD 5.090 millones. Al descontarlas, por no encontrarse los lingotes ni los contratos de resguardo que digan dónde se encuentran, obtenemos un total de USD 44.364 millones, en lugar de los USD 49.455 millones informados por la entidad a última hora de ese mismo día.
Pero, así y todo, nos encontramos en un momento posterior al viernes 7 de agosto en el que desapareció del mismo BCRA la cantidad de $4.000 millones, o sea, la friolera de casi USD 2,7 millones, y desde la Presidencia de la entidad financiera no pueden decir dónde se encuentran.
Parece que esto se constituyó en algo habitual en esta entidad, como también que no respondan pedidos de información pública, administrativos ni judiciales. Por lo cual, hoy, desde la Auditoría General de la Nación, tendrían que presentar una demanda tanto al presidente del BCRA como al ministro de Economía de la Nación, puesto que la Carta Orgánica vigente establece que deben trabajar en coordinación para sostener la economía y las finanzas del país en orden. Pero, además de ello, para dar cumplimiento a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) o a las normas de la INTOSAI (ISSAI 100), básicamente en los puntos 20.2, 22 y 24, que establecen las tareas necesarias para los auditores en el sector público.
Endeudamiento y morosidad
Seguimos con el tema de los morosos: nos encontramos con un total de 21 millones de personas en la base de datos de endeudados del país, de las cuales 7 millones corresponden a la categoría de morosos casi irrecuperables. Cuando esta semana les preguntaron tanto al presidente del BCRA, Santiago Bausili, como al ministro de Economía, Luis Caputo, qué pensaban hacer con la situación, ambos contestaron: “Nada, porque es una relación entre privados y deben solucionarla entre ellos”. Complementando las declaraciones típicas de alguien que no reconoce sus propios errores, dijeron: “Nadie les puso un revólver en la cabeza para que se endeuden”.
Pero la realidad no es así y marca que esta es realmente una consecuencia de una política económico-financiera ordenada por el presidente de la Nación y ejecutada tanto por quien nombró como ministro de Economía como por el presidente del BCRA desde el 12 de diciembre de 2023, cuando estableció los recortes totales en las obras públicas y ordenó paritarias salariales por debajo de la inflación -a la baja- y/o quitando salario indirecto en jubilaciones y/o a través de prestaciones en temas de discapacidad, oncología y trasplantes, siendo todo ello con injerencia adicional del ministro de Salud.
Eso desencadenó suspensiones, despidos y cierres de empresas que generaron que cerca de 380.000 argentinos, hasta hoy, perdieran su trabajo en relación de dependencia registrado -en blanco- y tuvieran que salir a endeudarse para poder llegar comiendo al último día del mes. Podemos decir, mejor, que no usaron su caudal de crédito -tarjeta, préstamo y/o sobregiro en cuentas corrientes- para capitalizarse o aumentar su patrimonio, como si fuera una propiedad o un auto, sino para comer y/o cubrir tratamientos médicos que antes cubrían las obras sociales y prepagas, pero hoy los limitan.
Entonces, aunque no les guste, se lo vamos a decir: es todo culpa de la política económico-financiera del Gobierno actual o, si quieren, el Gobierno les colocó una pistola en la cabeza para poder cubrirlo y no ver cómo se mueren los seres queridos por maniobras directas del PEN, que serían factibles de demandas penales por las muertes ocurridas. Tal como está pasando ya hace meses con el estado de las rutas nacionales y los muertos que ocurren en ellas, consecuencia de no usar los fondos recaudados por el ICL en los litros de combustibles para su fin específico y destinarlos a la generación de un superávit que nunca tuvieron, para pagar una deuda que hoy vuelve a ser ilegal, como la externa declarada en las causas Olmos I y II.
Por Fabián Medina
ANALISTA ECONOMICO Y TRIBUTARISTA
