En medio de la crisis presupuestaria más profunda que atraviesa el sistema universitario argentino en décadas, la fórmula universitaria integrada por Ismael Farrando y María Jimena Estrella Orrego presentó una acción de amparo colectivo contra el Estado Nacional —Jefatura de Gabinete de Ministros, hoy encabezada por Manuel Adorni— para exigir el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario. _
La presentación judicial introduce un elemento político y jurídico de enorme impacto: según el planteo, la aplicación de la Ley 27.795 no está frenada por una imposibilidad técnica ni legal, sino por una decisión política del actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El amparo sostiene que Adorni posee facultades constitucionales y legales concretas para reestructurar partidas presupuestarias y garantizar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial Docente, una norma que el Congreso ratificó con los dos tercios de ambas cámaras y que continúa plenamente vigente.
Según la presentación, la propia Constitución Nacional establece que el jefe de Gabinete es el responsable de ejecutar el Presupuesto Nacional, mientras que la Ley de Administración Financiera y la actual Ley de Presupuesto lo habilitan expresamente a realizar reestructuraciones y reasignaciones de partidas.
Jimena Estrella e Ismael Farrando, candidatos a vicerrectora y rector de la UNCuyo, respectivamente.
Por eso, la tesis central del amparo es contundente: Manuel Adorni puede resolver administrativamente el financiamiento universitario, pero políticamente decide no hacerlo.
La acción impulsada por Farrando y Estrella busca que la Justicia Federal ordene el cese inmediato de la “omisión inconstitucional” de la Jefatura de Gabinete y obligue al Estado a ejecutar las partidas necesarias para recomponer salarios y financiar adecuadamente a las universidades nacionales.
