El presidente del Partido Verde y abogado especializado en defensa del consumidor cuestionó la formación de precios de frutas y verduras en Mendoza y señaló la existencia de prácticas abusivas que perjudican tanto a productores como a consumidores.
El abogado especializado en defensa del consumidor y presidente del Partido Verde, Mario Vadillo, advirtió sobre graves distorsiones en la cadena de comercialización de frutas y verduras en Mendoza, y denunció la existencia de un sistema de formación de precios que calificó como un “manso negocio”, sostenido por la concentración, la falta de transparencia y la ausencia de controles efectivos por parte del Estado.
Según explicó, el análisis surge a partir del testimonio directo de un productor frutícola radicado en la provincia desde hace siete años, quien decidió reconstruir el recorrido completo de su producción, desde la finca hasta la góndola. “No estamos hablando de teorías ni de opiniones de redes sociales. Estamos hablando de alguien que produce, que pierde por granizo, por sequía, por falta de agua y, sobre todo, por falta de precio”, señaló Vadillo.
Durante ese recorrido, el productor pasó por empacadoras, mercados concentradores, logística, transporte y verdulerías, y encontró un patrón repetido en todos los eslabones. “Todos dicen perder, todos hablan de costos, todos aseguran que ganan poco. Pero el sistema sigue funcionando igual y los precios al consumidor no paran de subir”, explicó.
Un precio que no se negocia, se impone
Vadillo sostuvo que uno de los puntos más graves es que el precio no surge de una negociación entre partes iguales. “El productor no fija el precio de lo que produce. Espera que alguien se lo diga. Eso no es mercado, es subordinación económica”, afirmó.
Según detalló, los grandes operadores del mercado reconocen márgenes de alrededor del 14% sobre el precio pagado al productor, pero aclaran que no fijan precios. “El precio lo termina imponiendo el comprador minorista: el verdulero compra donde encuentra más barato y el que no acepta ese valor no vende. Y el que no vende, pierde la mercadería”, explicó.
“No hay precios de referencia públicos, no hay información transparente, no hay negociación real. Hay una elección forzada: vender barato o tirar la fruta. Eso es presión, no mercado”, remarcó Vadillo.
Del campo a la góndola: una brecha injustificable
El abogado puso como ejemplo el caso del durazno. “Al productor le pagan entre $250 y $670 el kilo, según calidad y destino. Ese mismo durazno aparece en la verdulería a $2.500, $3.000 o incluso $6.000 el kilo. La pregunta es inevitable: ¿dónde queda esa diferencia?”, planteó.
“No es el productor, no es el clima y no es el comercio de barrio. Es un negocio armado para que siempre gane el que no produce, no arriesga y no explica”, sostuvo.
En cuanto a los costos logísticos, Vadillo detalló que transportar un camión con 25.000 kilos de fruta durante unos 900 kilómetros implica un costo que ronda los $120 por kilo solo en flete. “Ahí no hay ganancia ni margen. Solo mover la fruta. Después viene un recargo minorista cercano al 100%. El consumidor paga caro y el productor sigue perdiendo”, explicó.
Acuerdos previos
Uno de los aspectos más preocupantes, según Vadillo, es la existencia de acuerdos previos entre grandes puesteros y empacadoras. “Antes de que la fruta salga de la finca, ya existe un techo de precio. Antes de que el productor pregunte cuánto vale su producción, alguien ya decidió cuánto no puede valer”, denunció.
“Eso explica por qué el productor nunca sabe el precio, por qué siempre ‘espera a ver cuánto vale’ y por qué el sistema se repite año tras año sin escándalo. No es natural, es funcional”, afirmó.
Un problema de derechos del consumidor
Vadillo recordó que este tipo de prácticas no solo perjudican al productor, sino también al consumidor final. “Cuando hay concentración, acuerdos previos y ausencia de competencia real, el consumidor paga más y no puede elegir”, señaló.
En ese sentido, citó el artículo 42 de la Constitución Nacional, que obliga al Estado a garantizar la defensa de la competencia, la lealtad comercial y los intereses económicos de los consumidores. “No es una opción política, es un mandato constitucional. Cuando el Estado elige ser manso frente a los poderosos, deja de ser neutral y se convierte en cómplice por omisión”, advirtió.
Finalmente, Vadillo concluyó: “El problema no es la fruta, no es el productor ni el comercio chico. El problema es un manso negocio sostenido por el silencio, la costumbre y la falta de control. Mientras eso no se discuta en serio, el productor seguirá esperando precio y el consumidor seguirá pagando caro”.
