El por entonces candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, exponía en el cierre del Congreso Económico Argentino en La Rural, en el 2023 marcando los primeros trazos de lo que con el tiempo fue consolidando su actual modelo de gestión de entrega de los recursos naturales a las corporaciones multinacionales.
Milei, decía que «una empresa puede contaminar un río todo lo que quiera», afirmó que el valor del agua es «cero» y propuso la apropiación de esos cauces por parte de intereses privados, lo que abrió una nueva polémica sobre sus propuestas y despertó variadas críticas de todos los demás sectores políticos.
???? Un archivo que genera terror ambiental
— El Prensero (@El_Prensero) December 15, 2025
Se hizo público un video donde Javier Milei, en una conferencia ante empresarios afirmó que “las empresas pueden contaminar todo lo que quieran porque sobra el agua”. ????☠️
Una reflexión alarmante que expone no solo su irresponsabilidad… pic.twitter.com/9eeD6FA9Ir
En aquella intervención, Milei sostenía que la contaminación no sería un daño real y afirmó que el verdadero problema es la falta de derechos de propiedad sobre el agua. Según su argumento, cuando el recurso empiece a faltar, alguien verá una oportunidad de negocio, reclamará su propiedad y recién entonces se terminará la contaminación.
«En el caso de una empresa que contamina el río, lo que no está bien definido es el derecho de propiedad. Esa empresa puede contaminar el río todo lo que quiera», dijo en su disertación y se peguntó: «¿Adónde está el daño? ¿Dónde está el problema ahí? Eso, en realidad, habla de una sociedad a la que le sobra el agua, y el precio del agua es cero».
«El problema en realidad radica en que no hay derechos de propiedad sobre el agua, cuando falte el agua, alguien va a ver un negocio ahí y va a reclamar los derechos de propiedad. Van a ver cómo ahí sí se termina la contaminación», agregaba el líder ultraderecha en ese momento.
En Argentina, como en gran parte de Latinoamérica, el agua dulce enfrenta riesgos crecientes ligados al avance del extractivismo minero, la presión sobre zonas periglaciares y la disputa por áreas estratégicas que hoy interesan también al negocio de la inteligencia artificial.
A este escenario se suma la política “desarrollista” del gobierno de Javier Milei, que aceleró el vaciamiento de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y permitió una mayor injerencia de Mekorot, la empresa estatal israelí que asesora a provincias en procesos extractivos con menor control social y ambiental.
Lo prometido se cumplió. Casi en las sombras, ya en medio de la presidencia de Javier Milei, la empresa pública de Israel, Mekorot, ya diseña y gestiona los planes hídricos en la mitad de las provincias argentinas.
Los convenios de Mekorot se establecieron sin consulta pública, con escaso acceso a la información respecto a su contenido, la poca información que trascendió revela condiciones desfavorables y violatorias de derechos de la población en general y de comunidades de pueblos originarios en particular. Actualmente, en las distintas provincias y a nivel nacional se lleva adelante una campaña de difusión y sensibilización para denunciar estos convenios y exigir su anulación.
La intervención de Mekorot en Mendoza
La relación de Mekorot, la empresa israelí en Mendoza y otras provincias argentinas es un tema controvertido, marcado por la firma de acuerdos en 2022 entre el gobierno nacional y varias provincias, incluyendo Mendoza, para la gestión del agua, lo que ha generado fuerte rechazo de asambleas socioambientales y movimientos críticos que denuncian una posible privatización, mercantilización y discriminación del recurso, vinculando su modelo con el «apartheid hídrico» palestino y una agenda colonialista, mientras que el gobierno defiende estos convenios como modernización de la gestión hídrica.
Mendoza es una provincia que depende fuertemente de la nieve para sus recursos hídricos, con una gestión tradicional a cargo del Departamento General de Irrigación, por lo que la llegada de Mekorot y la inminente reforma de la Ley de Glaciares genera alarmas sobre el futuro de su sistema.
En paralelo, la reacción social vuelve a ocupar un lugar central. Las recientes movilizaciones masivas en Mendoza contra el proyecto San Jorge -un emprendimiento minero de cobre a cielo abierto que busca instalarse en la precordillera- muestran que las comunidades no permanecen pasivas.
La Legislatura provincial aprobó el proyecto minero, y la votación se dio tras un extenso debate y un fuerte operativo de seguridad. Con mayoría oficialista, el gobierno de Alfredo Cornejo, con respaldo de Javier Milei, logró avanzar pese a los reclamos por los posibles riesgos para el agua en la zona, que ya atraviesa una crisis hídrica.
La defensa del agua se enlaza así con una tradición de movilización que disputa, en las calles, el rumbo de las políticas extractivas y poco soberanas de quienes conducen el país.
En la última década –con el aumento de las temperaturas, el retroceso de los glaciares y el descenso de las nevadas- y la «necesidad de diversificación de la matriz productiva», la provincia ha intentado derogar ambas leyes. Para poder emplazar los proyectos de explotación minera -principalmente de cobre (PSJ Minera San Jorge)- sancionó la reforma del código minero y buscan promover- análisis y consultoría de Mekorot mediante – un Anteproyecto de Código de Aguas. También, sin licencia social.
Mendoza seca
Mendoza enfrenta una megasequía severa, exacerbada por el cambio climático y el uso intensivo, afectando seriamente sus acuíferos y la disponibilidad de agua, con consecuencias como cortes de suministro y estrés en la producción agrícola, lo que exige un uso responsable del recurso hídrico, especialmente el subterráneo, ya que está sobreexplotado y es crucial para la provincia, según fuentes de 2025.
El Departamento General de Irrigación (DGI) presentó el Pronóstico de Escurrimientos 2025-2026, que anticipa un nuevo año de baja disponibilidad hídrica en la provincia. Según los informes técnicos y declaraciones del superintendente Sergio Marinelli, todas las cuencas de Mendoza atravesarán sequías meteorológicas de escasa a moderada intensidad, con excepción del río Mendoza, donde la situación podría ser severa.
La agricultura concentra el 83% del consumo total, seguida por el uso poblacional con el 11%, según datos del Departamento General de Irrigación.
El 6% restante se reparte entre usos públicos y recreativos (2% cada uno), mientras que la actividad petrolera y la industrial representan apenas el 1% cada una. Hasta ahora, la minería no figuraba en el mapa hídrico, pero eso está a punto de cambiar con la ratificación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto PSJ Cobre Mendocino, en Uspallata.
“El río Mendoza, por ejemplo, tiene un promedio histórico de 1.345 hectómetros cúbicos y este año cuenta con 835 hectómetros. Si restamos los 250 hectómetros que se destinan al agua potable, el resto de los usos quedará en una sequía severa”, precisó Marinelli sobre uno de los caudales que más preocupa.
El superintendente señaló que la situación no es excepcional, sino parte de una tendencia sostenida. “Desde 2017 venimos insistiendo en que esto no es una emergencia puntual, sino un problema permanente. Los estudios del Plan Maestro Hídrico y del convenio con Mekorot muestran una tendencia declinante hasta 2050, agravada por el retroceso de los glaciares”, detalló.
Cuando el emprendimiento entre en etapa operativa —algo que podría ocurrir dentro de unos tres años—, su consumo pasará a integrar el uso industrial del agua, hoy dominado por bodegas, secaderos, frigoríficos y papeleras. Sin embargo, la medición exacta de su impacto será compleja, ya que el proyecto utilizará agua del arroyo El Tigre, una fuente que no forma parte del cálculo base de los diques principales de la provincia.
Según el informe ambiental aprobado, PSJ Cobre Mendocino demandará 141 litros por segundo de agua fresca durante unos 16 años (casi el 50% del caudal del arroyo El Tigre), que es el tiempo estimado de explotación de la mina. El caudal medio actual del arroyo El Tigre es de 314 litros por segundo, aunque esos valores volverán a medirse durante los estudios de factibilidad que la empresa debe presentar en el próximo año.
De mantenerse esos números, la extracción implicaría una reducción del 8% en la recarga del acuífero que alimenta la ciénaga de Yalguaraz, lo que equivale a una baja anual del 1% del volumen total almacenado. Es un dato sensible en una provincia donde el agua no solo escasea, sino que también se gestiona con altos niveles de ineficiencia.
“El desafío no es solo cuánta agua hay, sino cómo se usa”, remarcó el titular de Irrigación, Sergio Marinelli. Según explicó, hoy existe un 50% de ineficiencia tanto en el uso agrícola como en el consumo poblacional, una pérdida que podría reducirse con tecnología y mejores prácticas de gestión.
En cuanto al río Tunuyán, el pronóstico prevé 535 hectómetros cúbicos, es decir, un 65% del promedio histórico, también con sequía hidrológica moderada. En las estaciones de medición, los registros de nieve indican un 20% de los valores medios, lo que confirma una sequía meteorológica moderada.
La situación se repite en el río Diamante, donde se proyectan 975 hectómetros cúbicos, el 52% del promedio histórico. A pesar de contar con embalses en buen nivel, la baja acumulación de nieve condicionará los caudales para la próxima primavera.
En la cuenca del Atuel, el escenario es similar, con reservas moderadamente altas pero pronóstico de sequía hidrológica moderada. En tanto, el río Malargüe se ubica en un nivel de escasez, sin alcanzar la categoría de sequía. Por su parte, el río Grande, el más austral, presenta un volumen estimado de 1.825 hectómetros cúbicos, lo que representa 57% del promedio histórico y corresponde también a una sequía hidrológica moderada.
¿Para quién es el agua de Mendoza?
El Superintendente General de Irrigación, Sergio Marinelli, ocupa el cargo más importante de la provincia. Alineado a Cornejo, Marinelli firmó en 2024 una resolución de restricción de una zona de la Subcuenca de El Carrizal para perforaciones, pero luego dio marcha atrás y volvió a autorizar perforaciones mediante la resolución 125, expedida este mismo año, en el mes de febrero.
Sin información de las cuencas subterráneas, Marinelli benefició así- con 9 pozos de agua a un grupo selecto de empresas y empresarios de peso, entre ellos Cresud SAFIC A –firma del Grupo IRSA, presidido por el sionista cercano a Milei, Eduardo Elsztain–, Chimpay La Rioja SA,hoy de Young Woo, empresario coreano (ligado a Marcelo Tinelli, Juliana Awada, y el ex Superintendente de Irrigación, Eduardo Frigerio), Pedro García Mateo y la bodega Grappolo SA, del reconocido enólogo Walter Bressia.
Aunque Marinelli salió a defenderse, ya lo alcanzó el recurso solicitado por el ex legisladot y abogado ambiental, Marcelo Romano, a la Corte Suprema de Justicia, una acción de inconstitucionalidad contra la resolución 125 de Irrigación que otorga 5 permisos de perforación a Elzstain, en una zona donde está prohibido otorgar pozos de agua.
No solo eso. Este viernes 12 de septiembre, la Fiscalía de Estado ordenó al Departamento de Irrigación, actualizar los reglamentos, que participen organismos competentes y específicos en el manejo del agua en la provincia y exigió el cumplimiento claro de la Ley de Aguas.
Estas irregularidades parecen venir con el cargo. Eduardo Frigerio -gestión anterior de la Dirección General de Irrigación (DGI)- fue destituido por el otorgamiento de pozos de riego a una empresa ligada a sí mismo. La independencia necesaria para ejercer el cargo más importante en la administración de un bien tan indispensable y escaso como el agua en una provincia desértica no existe.
Con ese mismo espíritu, desde el Ejecutivo impulsan -en el Anteproyecto de Código de Aguas- las facultades para romper las prioridades establecidas por ley con respecto al agua (en la Ley General de Aguas son: consumo humano doméstico, agricultura, ganadería, industrial), quebrando además el Principio de Inherencia del Agua a la Tierra.
Convenios mediante, la poderosa empresa pública israelí, Mekorot, aparece para diseñar un Plan de Manejo Hídrico a la medida de la avidez minera y la especulación inmobiliaria en terrenos que, hoy sin agua, valen monedas, violando el artículo 124 (“corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”) de la Constitución Nacional y la Constitución Provincial.
El objetivo es claro. Marinelli y Cornejo avanzan en la mercantilización del agua, sacando el agua a las fincas pobres para darle a los emprendimientos propios, generando grandes negocios de un recurso natural escaso de gran valor para la minería, y del que los israelíes también se llevarán su buena tajada.
En medio de este entramado de saqueo minero, es necesario avanzar con una pieza fundamental: el agua… y que mejor que tentar a Sergio Marinelli en este gran negoción sin importar las consecuencias que traerá para el futuro de la calidad de vida de los mendocinos.
Es así que el hombre de Alfredo Cornejo, Sergio Marinelli, superintendente del Departamento General de Irrigación de Mendoza y «Gobernador del Agua de Mendoza», entregó nueve permisos de agua en zonas restringidas a empresarios ligados al poder. Uno de ellos, es el empresario mileísta Eduardo Elsztain (a través de su empresa CRESUD S.A.), aquel que alojó al luego presidente durante más de dos meses en el Hotel Libertador, de su propiedad. Los otros permisos fueron para Chimpay La Rioja S.A. -del empresario coreano Young Woo-, Grappolo S.A. -una bodega- y Pedro García Mateo.
El convenio secreto entre UNCuyo y Mekorot ¿Qué se esconde?
Aunque en todas las provincias se presentaron solicitudes de acceso a la información pública, solamente se consiguió acceder a seis convenios —de los diez que se firmaron— y a un solo contrato (el de Río Negro), que es donde “figura la letra chica”, expone Silvia Ferreyra, integrante de la campaña Fuera Mekorot. Entre la información recibida llamó la atención una noticia caduca: el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) —organismo disuelto por el gobierno de Javier Milei— también había firmado un convenio marco de colaboración con Mekorot, que había concluido en 2021.
Otro ejemplo, el gobierno de Mendoza publicó los informes realizados por la empresa israelí en su jurisdicción, pero mantiene bajo llave los términos del contrato.
El negocio del agua, un interés geopolítico
“Somos la compañía nacional de aguas de Israel”, se presenta Mekorot en su sitio web oficial. Registrada en 1937 con el nombre de Mekorot —“fuentes”, en hebreo—, la compañía antecede en poco más de una década a la creación de ese Estado emplazado en Oriente Medio, en 1948. Para Ferreyra, la constitución de la empresa precede la conformación del Estado de Israel porque surge con “una idea bien clara, planificada, de ocupar el territorio. Sin agua es imposible, es inviable la ocupación”.
El memorándum de asociación que dio origen a la sociedad limitada fue firmado por representantes de la Agencia Judía, el Fondo Nacional Judío, la central sindical Histadrut y el Centro de Agricultura. En este documento, el objetivo de la flamante compañía se explicitó como “ejecutar y hacer todo lo necesario o apropiado para obtener agua, recogerla, venderla, entregarla, distribuirla o crearla”, según cita la organización Stop The Wall. En menos palabras, la propia empresa lo resume: “Water is our business” (El agua es nuestro negocio).
La empresa estatal israelí ha hecho pie en diversos países de África, Europa y Asia y en Estados de Latinoamérica como México, Uruguay y República Dominicana. Esta expansión mundial se explica por “un interés más político que económico”, opina Ferreyra. Aunque el secreto pesa sobre casi todos los acuerdos firmados por las provincias, el acceso al contrato con Río Negro confirma el pago de un millón y medio de dólares a la empresa, mientras que Chubut había acordado una cifra que no alcanzaría —al valor actual— la suma de 230 mil dólares, según una publicación de la CCAI. “No es cuestión de plata”, sostiene Ferreyra.
“La empresa necesita ampliar su marco de acción porque es una empresa que, como todas las empresas imperialistas trasnacionales, necesita expandirse”, opina Ferreyra y señala que una forma de lograrlo es a través de las consultorías que ofrece. Así, más que comercial, el vínculo que establece con otros países “es político, porque necesitan legitimar al Estado de Israel”, apunta Ferreyra. Esa legitimación se realiza “con todo un andamiaje económico, político, cultural y académico”, en el que Mekorot juega un rol importante, al intentar instalar al Estado israelí como “líder en gestión del agua”, afirma.
La propia empresa señala, en su página oficial, que “los logros de Mekorot, a lo largo de los años, la han posicionado como una de las principales compañías de agua del mundo y han contribuido a la consolidación de Israel como una potencia del agua, al igual que es una potencia de alta tecnología, una potencia de defensa y una potencia económica y miembro de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico)”.
Con información de ANRed, Comité por los Derechos Humanos en América Latina (CDHAL), Perycia, NDI. Red
