El Gobierno nacional formalizó este lunes el envío al Congreso del proyecto de reforma de la Ley de Glaciares, una iniciativa que busca redefinir el marco de protección de los glaciares y del ambiente periglacial y otorgar otro protagonismo a las provincias en la determinación de las áreas donde podrían desarrollarse actividades productivas, incluida la minería.
Desde ya vale la pena remarcar que la ministra de Ambiente del cornejismo Jimena Latorre mintió al negar que Cornejo impulsaba la modificación de la ley de Glaciares.
La cornejista había dicho el mes pasado «puede haber llevado a confusión esto que estamos trabajando con la Secretaría de Ambiente de la Nación, que es una guía para relevar (zonas periglaciares). Pero no ha habido ninguna propuesta».
«Que nosotros tengamos conocimiento, no hay un proyecto oficial y menos que menos ha salido de la letra de esta Provincia el proyecto», completaba Latorre. Una vez más, la ministra mendocina mintió.
Milei lo mandó al frente
La Ley de Glaciares forma parte de la agenda de proyectos a tratar por el Congreso Nacional en sesiones extraordinarias.
El mismo presidente de la Nación Javier Milei se entusiasma con la idea «Está la zona glaciar y la periglaciar, que es el perímetro a partir del cual se pueden empezar a hacer actividades mineras. La ley que estamos enviando al Congreso es devolverle el federalismo a las provincias y que cada provincia determine cuál es la zona periglaciar».
Milei afirmó: «Tenemos el potencial de crear de manera directa un millón de puestos de trabajo. Por eso es tan importante una de las leyes que vamos a estar mandando, que tiene que ver con la ley de los periglaciares».
Y remató: «La contracara va a ser una gran inversión en minería, por eso es tan importante esta ley de periglaciares. Esa idea ni siquiera es mía, es del gobernador de la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo».
Marco constitucional
Según el comunicado oficial, la reforma apunta a “ordenar el marco normativo”, terminar con “interpretaciones arbitrarias” y consolidar un esquema de federalismo ambiental acorde con la Constitución Nacional. El texto sostiene que, a más de 15 años de su sanción, la norma vigente generó inseguridad jurídica, paralizó inversiones y afectó las competencias provinciales sobre los recursos naturales.
La iniciativa reafirma los artículos 41 y 124 de la Constitución, que establecen la protección del ambiente y el dominio originario de los recursos naturales por parte de las provincias. En ese marco, según la mirada oficial, fortalece el rol de las autoridades provinciales en la evaluación de impacto ambiental, reconoce su capacidad técnica y promueve una articulación con el Inventario Nacional de Glaciares.
Cuestionamientos científicos y ambientales
Sin embargo, la reforma reavivó cuestionamientos de especialistas y organizaciones ambientales, que recuerdan que la Ley de Glaciares fue aprobada tras un amplio debate social y científico y que su constitucionalidad fue ratificada en 2019 por la Corte Suprema de Justicia, que priorizó los derechos colectivos -como el acceso al agua- por sobre intereses individuales.
Los científicos advierten que los glaciares y el ambiente periglacial son reservas estratégicas de agua y alertan sobre los efectos del cambio climático en la reducción de caudales, la degradación del permafrost y el aumento de riesgos aluvionales.
El Poder Ejecutivo pidió al Congreso un tratamiento rápido del proyecto y aseguró que el proceso legislativo deberá garantizar la participación ciudadana. El debate se perfila como uno de los ejes ambientales y productivos más sensibles de la agenda parlamentaria de fin de año.
La «joya» que entrega Mendoza
La reserva estratégica de agua de Argentina está guardada en 16.073 glaciares, son 5.780 Km2 de hielo, lo que equivale a más de cien veces la superficie de la Ciudad de Mendoza.
En tanto, Mendoza es la segunda provincia con mayor superficie de glaciares del país: 1.230 km2 y 4.172 cuerpos inventariados. En primer lugar se ubica Santa Cruz (3.421 km2 y 2.420 unidades), en tanto en tercer lugar está San Juan (614,94 km2 y 4.572 unidades). Por el contrario, las provincias relevadas con menos superficie cubierta de hielo en el país son Jujuy y Tucumán.
La casi totalidad (96%) de los glaciares mendocinos y sanjuaninos tienen una superficie inferior a 1 km2, en tanto los diez mas grandes superan los 10 km2. El de mayor tamaño en esta región es el Tunuyán, con 57 km2, ubicado en la cuenca del río del mismo nombre.
Los glaciares son cruciales para la minería, no porque la minería se beneficie directamente de su existencia, sino porque representan la principal fuente de agua dulce para las actividades mineras y para las comunidades, la agricultura y la generación de energía en las zonas circundantes.
Las actividades mineras, especialmente la megaminería a cielo abierto, pueden contaminar o acelerar el derretimiento de estos cuerpos de hielo y su ambiente periglacial circundante, poniendo en riesgo la disponibilidad de agua para el consumo humano y los ecosistemas a largo plazo.
Esperan que en inversiones por los 6 proyectos que se conocen en cobre ingresen en los próximos años hasta u$s 35.000 millones, que hasta 2032 se traducirán en exportaciones adicionales del sector por u$s 12.000 millones. Si no se avanzara en la ley, estiman que el 75% de las inversiones revisarían su decisión.
Pero los millones del lobby minero entusiasman más que la protección de los recursos naturales de la provincia y de la calidad de vida de los mendocinos. Por eso el gobernador Alfredo Cornejo y el asesor presidencial Federico Sturzenegger desde el Consejo de Mayo, pusieron toda su energía para mejorar las condiciones de inversión de las megamineras, es decir facilitar el eje en la explotación de recursos naturales y la apertura comercial, a través del derrumbe de la Ley de Glaciares.
La ley actual prohíbe actividades que puedan alterar la condición natural de los glaciares y el ambiente periglacial, incluyendo la minería y la exploración de hidrocarburos, con el objetivo de proteger estas reservas estratégicas de agua dulce. Para Cornejo estas representan «trabas» para la inversión del lobby extractivista megaminero.
Cornejo considera que el objetivo de estas reformas es mejorar la competitividad y la productividad del país, “ya que la Argentina necesita reglas de juego claras para crecer”. En ese sentido, remarca que el equilibrio fiscal es una condición indispensable pero no suficiente para el desarrollo: “El equilibrio fiscal es condición sine qua non, pero no garantiza el crecimiento por sí solo. La Argentina solo crecerá si a ese equilibrio se le suman reformas estructurales que impulsen la inversión, la creación de empleo y las exportaciones”.
En su análisis, sostiene que muchos de esos problemas se originan en las trabas que impone la propia legislación y en la ausencia de reglas de juego estables (a favor del extractivismo). Considera que “la Argentina necesita incentivar la inversión y que la actual estructura impositiva, salvo excepciones como el Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI), desalienta la reinversión de utilidades y penaliza la generación de empleo”. Por eso, ya la ley mendocina 7722 no tendría valor alguno, por sobre el RIGI y la desaparición de la Ley de Glaciares.
La reforma propone otorgar un mayor protagonismo a las provincias en la gestión de sus recursos naturales, respondiendo a pedidos de gobernadores de zonas mineras como Mendoza, San Juan y Catamarca, para habilitar nuevas inversiones productivas, especialmente en proyectos de litio y cobre.
Mendoza busca impulsar la minería como actividad productiva. Por eso el Gobierno adecuó las normativas y segmentó el plan para promocionar un área donde, en principio, no hay oposición social. Por eso se creó el “Malargüe Distrito Minero Occidental”, una especie de subregión que en realidad es un mega proyecto de exploración que incluye más de 20 mil kilómetros cuadrados de superficie, cientos de propiedades mineras y también intereses cruzados.
Esa zona se presume que es rica en cobre y otros minerales, aunque ha sido poco explorada. Como en toda la cordillera, es también una fuente de otros recursos naturales renovables, como el agua, y no renovables, como el petróleo.
Justamente uno de los recursos más importantes de la cordillera de los Andes lo constituyen los glaciares. Se trata de la “caja de ahorro” del agua, una fuente de reserva fundamental que tiene una funcionalidad ambiental: aportan recursos en años de escases y acumulan en períodos de abundancia. “Los glaciares y partes que se descongelan de las crioformas tienen una contribución muy importante al caudal de los ríos andinos ya que aportan volúmenes significativos de agua de deshielo a la escorrentía ayudando a minimizar los impactos de las sequías en las actividades socioeconómicas de los oasis de regadío”, explica el IANIGLA en el Inventario de Glaciares. Por ley, esos reservorios están protegidos y no se pueden realizar actividades extractivas.
En el Distrito minero Malargüe hay 635 glaciares inventariados, según figura en el Informe Impacto Ambiental. De ese total 51 son glaciares descubiertos, es decir Cuerpo de hielo permanente visibles por períodos de al menos 2 años y de un área mayor o igual a una hectárea. Justamente el Inventario Nacional de Glaciares registró a todos los cuerpos de hielo que tienen al menos esa superficie.
Otros 30 son glaciares cubiertos, es decir cuerpos de hielo con una “cobertura detritica significativa». La mayor concentración corresponde a glaciares de escombros activos e inactivos, que suman 461 en total.
Todos los glaciares del Distrito cubren una superficie de 70,73 kilómetros cuadrados. Para tener un marco de comparación, toda la Ciudad de Mendoza tiene una superficie de 57 kilómetros cuadrados. Pero es solo un 0,34% del total de superficie del Distrito. La mayor cantidad está en el «Sector Norte de la Cuenca del Río Grande». En esa zona es donde hay mayor concentración de glaciares descubiertos. Según el Inventario Nacional, las alturas de los cuerpos de hielo detectados oscilan entre los 2.629 y los 4.528 metros sobre el nivel del mar.
“Se trata de una gran cuenca hidrológica que aporta al río Colorado. En total se han inventariado 452 glaciares, los cuales ocupan una superficie de 60,30 km2 . Toda la subcuenca del río Grande ocupa una superficie de 10.308 km2 , por lo que tan sólo el 0,6% de esta gran subcuenca está cubierta por glaciares”, determinó el Inventario realizado por el IANIGLA. Como detectaron también en el Informe de Impacto Ambiental del Distrito Minero, la zona norte es la más relevante en cuanto al recurso hídrico. Este sector de la subcuenca limita hacia el norte y el noreste con la cuenca del río Atuel, hacia el este con la cuenca de la laguna Llancanelo y al oeste con Chile.
Cornejo va por todo! No solo entrega el agua a las megamineras, sino también «las fábricas» generadoras de agua, es decir, los glaciares ¿Estás de acuerdo?
Hoy es una realidad, actualmente, el proyecto de ley ha sido enviado al Congreso para ser tratado en sesiones extraordinarias!
