El abogado especialista en defensa del consumidor y referente del Frente Verde, Mario Vadillo, alertó sobre el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional para modificar la Ley 26.639 de Protección de Glaciares, una norma de presupuestos mínimos que hoy resguarda las principales reservas estratégicas de agua del país.
La iniciativa ya ingresó al Congreso de la Nación y podría ser tratada en el corto plazo. Para Vadillo, no se trata de un debate técnico ni académico, sino de una decisión política con consecuencias directas sobre el acceso al agua y el ambiente, especialmente en provincias cordilleranas como Mendoza.
“No estamos frente a una simple actualización normativa. Este proyecto busca debilitar una ley vigente, aplicada y declarada constitucional, que protege el agua de millones de personas”, advirtió Vadillo.
Mendoza y su dependencia absoluta de la nieve
Vadillo recordó que Mendoza es una provincia árida, sin lluvias regulares ni grandes ríos de llanura, y que su sistema urbano, productivo y social depende casi exclusivamente del agua que se acumula en la alta montaña.
“En Mendoza, el agua no cae del cielo: nace en la nieve. Glaciares y ambiente periglacial son la base de nuestra vida cotidiana, de la vitivinicultura, de la producción agrícola y del consumo humano”, sostuvo.
Según el Inventario Nacional de Glaciares, Mendoza concentra más de 4.000 cuerpos glaciares, además de una vasta superficie de ambiente periglacial, donde se encuentran los glaciares de escombros. Estas geoformas contienen grandes volúmenes de hielo y cumplen una función clave como reserva hídrica estratégica, especialmente en escenarios de sequía prolongada y cambio climático.
“Reducir la protección de estos ambientes no es solo un problema ambiental. Es poner en riesgo el abastecimiento de agua potable, el riego y la economía de una provincia que vive en el desierto”, remarcó.
El núcleo del proyecto: excluir el ambiente periglacial
El referente del Frente Verde explicó que el eje central de la reforma propuesta es introducir criterios restrictivos sobre qué glaciares y qué ambientes deben ser protegidos, incorporando el concepto de “función hídrica efectiva”.
“Ese término no es inocente. La ley actual protege todos los glaciares y el ambiente periglacial justamente para evitar interpretaciones discrecionales. Cambiar eso es abrir la puerta a exclusiones hechas a medida de intereses económicos”, denunció Vadillo.
La normativa vigente impide evaluaciones administrativas arbitrarias que habiliten actividades extractivas en zonas sensibles. Para el abogado, modificar ese criterio implica desarmar el corazón de la ley.
“Cuando empezás a discutir qué glaciar sirve y cuál no, el agua deja de ser un derecho y pasa a ser una variable de mercado”, afirmó.
Malargüe, el ejemplo concreto
Vadillo señaló que en Mendoza esta discusión tiene un correlato directo en Malargüe, donde se impulsaron decenas de proyectos de exploración minera, muchos de ellos ubicados total o parcialmente sobre ambiente periglacial.
“La prohibición de hacer minería en zonas glaciares y periglaciares es hoy el principal límite al avance extractivo. Por eso quieren cambiar la ley: no para proteger mejor, sino para adaptar la norma a los proyectos”, expresó.
Y agregó: “No es casualidad. Es funcional a un modelo que prioriza la renta de corto plazo por sobre el agua y el futuro”.
Un retroceso ambiental sin justificación legal
Vadillo recordó que la Ley de Glaciares ya fue debatida en el Congreso, cuestionada judicialmente y ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que confirmó su plena constitucionalidad.
“No hay vacío legal, no hay inseguridad jurídica y no hay nada que reinterpretar. La ley funciona y protege lo que debe proteger”, señaló.
En ese sentido, consideró que modificarla no implica modernizarla, sino retroceder en materia ambiental.
“Debilitar la única norma nacional que protege integralmente glaciares y ambiente periglacial es asumir un riesgo grave e irreversible. En Mendoza, ese riesgo se traduce en menos agua”, enfatizó.
Para Vadillo, el debate excede lo jurídico y se instala en el plano del sentido común y de la supervivencia: “Sin glaciares no hay agua. Sin agua no hay producción, no hay ciudades y no hay Mendoza. Defender la Ley de Glaciares no es ideología: es defender la vida”, concluyó.
