Tras el acuerdo de la política y el lobby empresario de la avanzada minera de alto impacto ambiental, Cornejo como «el garante de responsabilidad», en la tarde-noche el pueblo copó las calles de Mendoza con una multitudinaria marcha al grito «No mientas, mercenario!»

Actualidad Mendoza

Por amplia mayoría, el Senado de Mendoza aprobó este martes la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto PSJ Cobre Mendocino durante una sesión que estuvo atravesada por protestas sociales y cuestionamientos de los sectores opositores que marcaron un avance decisivo del oficialismo radical sobre iniciativas que, según especialistas, ponen en riesgo recursos hídricos en plena crisis provincial.

El hecho más relevante de la jornada fue la sanción al proyecto San Jorge, rebautizado oficialmente como PSJ Cobre Mendocino, que habilita a la empresa Minera San Jorge S.A., integrada por capitales suizos y argentinos, a iniciar la etapa de factibilidad con una inversión proyectada de u$s559 millones y estimaciones productivas de hasta 70.000 toneladas de cobre fino al año, números que para el Gobierno representan un “hito productivo”.

Mientras el Ejecutivo celebró la aprobación como una señal de “previsibilidad” para los inversores, organismos como el Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Árida (IADIZ) y la Universidad Nacional de Cuyo advirtieron sobre deficiencias en el estudio ambiental, especialmente por el impacto sobre la cuenca del Río Mendoza, remarcando riesgos en el agua, el suelo y la biodiversidad, además de áreas estratégicas como la vitivinicultura. Dichas inquietudes movilizaron a miles de personas desde Uspallata y el Valle de Uco hacia la Plaza Independencia.

La Legislatura también dio vía libre a 27 proyectos exploratorios en el Distrito Minero Occidental II de Malargüe, un paquete que el oficialismo impulsó como segunda etapa del desarrollo minero provincial y que incluye exigencias de monitoreo en zonas altas.

En paralelo, el Senado aprobó la nueva Ley de Regalías Mineras, que redefine el cálculo, control y distribución de los fondos, establece trazabilidad obligatoria y destina una parte de los recursos a los municipios que adhieran al régimen, alineándose con la Ley Nacional de Inversiones Mineras.

Otra de las iniciativas votadas fue la creación del Fondo de Compensación Ambiental, pensado para financiar acciones de mitigación y restauración cuando los responsables de daños no puedan responder. 

En total, la aprobación del paquete minero se destrabó con amplias mayorías: la DIA de PSJ Cobre Mendocino obtuvo 29 votos a favor, 6 en contra y una abstención, mientras que las 27 iniciativas del Distrito Minero Occidental II y las leyes de regalías y del Fondo de Compensación Ambiental superaron los 30 apoyos, con apenas entre 3 y 6 rechazos según cada proyecto.

Pese a las advertencias, legisladores oficialistas y afínes a este insistieron en que la DIA de San Jorge pasó por un proceso técnico “riguroso”. Por su parte, la oposición anticipó judicializaciones y vecinos autoconvocados volvieron a advertir en la calle que “el agua no se negocia”, consigna que marcó una jornada que reabre un conflicto histórico en Mendoza.

La «Gesta libertadora por el agua», de la cual participaron miles de personas, desembarcó en la capital de Mendoza para exigir que el Senado provincial rechace la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de extracción de cobre y oro. Sin embargo, con 27 votos positivos, contra seis negativos y una abstención, los legisladores ratificaron la norma, desoyendo la manifestación que rodeó el edificio.

Ciudadanos y ciudadanas señalaron que la iniciativa pone en riesgo el agua y afecta el ambiente. De forma masiva, personas en auto, a pie y en bicicleta, se unieron a la caravana bajo la consigna «El agua no se negocia» y tras la aprobación impulsaron una nueva marcha para expresar un contundente rechazo.

La marcha y concentración terminó a altas horas de la noche, donde en la tarde se fue sumando cada vez más gente, llegando a copar 15 cuadras de protesta contra la entrega del agua por parte del gobernador Cornejo al lobby megaminero.

El repudio en la calle fue multitudinario, donde se contaron unas 50 mil personas en el centro mendocino. Una movilización conformada por caravanas que llegaron desde todos los puntos de la provincia. Esta concentración mostró que la minería no tiene licencia social en la provincia.

Javier Milei apoyó la iniciativa este lunes, respaldando al gobernador aliado Alfredo Cornejo, en medio de un clima de tensión en la provincia, donde hace dos días comenzó la caravana de más de cien kilómetros. Durante la votación, el mandatario provincial se encontraba en la Casa Rosada, en una reunión del Consejo de Mayo, preparando otro proyecto polémico: la modificación de la Ley de Glaciares, para avanzar de a poquito por los Periglaciares.

Con una publicación en redes sociales, el Presidente manifestó que «traerá una inversión de 600 millones de dólares para poner en producción una mina de 40.000 toneladas por año de concentrado de cobre». 

La normativa aprueba la extracción con una proyección de 27 años, en pueblos donde la crisis hídrica va en aumento.

El agua en peligro

Los manifestantes sostuvieron que el proyecto San Jorge -recientemente rebautizado como PSJ Cobre Mendocino- representa un grave riesgo para la disponibilidad de agua en la región, considerada una zona ambientalmente frágil. Además, destacaron que la minería no provoca un impacto económico favorable para la región ni puestos de trabajo. 

Las y los ciudadanos advierten la posibilidad de contaminación de la cuenca del Río Mendoza, que abastece al 75% de la población. 

La movilización se consolida como una de las protestas más significativas del movimiento ambientalista mendocino desde las masivas manifestaciones de 2019 por aprobación de la Ley 7722, que regula la mineria y prohíbe verter sustancias tóxicas. En ese momento, la Legislatura tuvo que dar un paso atrás y por la presión social no pudo avanzar con el proyecto de extracción.