El Partido Verde pedirá la nulidad de la audiencia pública del proyecto San Jorge

Actualidad Mendoza

El Partido Verde de Mendoza anunció que iniciará acciones judiciales para exigir la nulidad de la audiencia pública convocada por el proyecto minero San Jorge, tras denunciar una serie de irregularidades que, según el espacio, convierten el procedimiento en una simulación de participación ciudadana, en violación de leyes provinciales, nacionales e internacionales.

El sábado 3 de agosto, durante el primer día de la audiencia realizada en Uspallata, se registraron múltiples obstáculos para el acceso presencial de legisladores, organizaciones sociales, ciudadanos y participantes inscriptos. Entre ellos, el diputado provincial Emanuel Fugazzotto, quien relató que se le impidió el ingreso al recinto: “Se nos negó el derecho a participar, a pesar de estar debidamente acreditados. Esta audiencia fue un acting armado para fingir cumplimiento de la norma, no un verdadero proceso de consulta pública”.

En la misma línea, Mario Vadillo, presidente del Partido Verde y candidato a diputado nacional, recordó que el espacio ya había advertido esta situación: “Cuando se publicó la convocatoria, presentamos un recurso administrativo de nulidad parcial. Lo que ocurrió el sábado no hizo más que confirmar nuestras denuncias. No dejaron entrar ni a participantes, ni a legisladores. Más de 40 personas quedaron afuera y el orden de las exposiciones fue manipulado para beneficiar al oficialismo, impidiendo escuchar posiciones críticas desde el comienzo”.

Vadillo también cuestionó la falta de conectividad en la zona, que dejó sin posibilidad de intervención a decenas de participantes que debían exponer de forma remota. “No alcanza con decir que la audiencia fue transmitida por internet. En Uspallata no había señal. La gente no pudo conectarse. Y la presencialidad fue limitada a discreción”.

Desde el Partido Verde adelantaron que, tras agotar la vía administrativa, presentarán un recurso judicial exigiendo la nulidad total de la audiencia. “No se respetaron ni los principios de participación plena, ni el derecho a la información ambiental, ni el acuerdo de Escazú, ni la Ley General del Ambiente. Este proceso no tiene legitimidad y debe rehacerse”, sentenció Fugazzotto.