El Fondo Monetario Internacional (FMI) consideró que las recientes leyes que aprobó el Congreso representan un aumento del gasto del 1,5 % del PBI, por lo que justificó el veto que se apresta a firmar el presidente Javier Milei.
Se trata del aumento del 7,2 % a las jubilaciones y pensiones, la prórroga de la moratoria previsional y la declaración de la emergencia en discapacidad.
En el staff report presentado este viernes, el organismo crediticio sostuvo que las leyes fueron aprobadas en un contexto de “creciente presión electoral” a nivel provincial y nacional y consisten en “costosas iniciativas del gasto”.
La advertencia se produce en momentos en que el Gobierno se comprometió ante el organismo a terminar el año con un superávit fiscal de 1,6 % del PBI, lo que implica mayor ajuste en el gasto estatal.
“El Congreso argentino propuso y aprobó recientemente nuevas y costosas iniciativas de gasto destinadas a aumentar las pensiones y las prestaciones por discapacidad, así como las transferencias a las provincias por un valor aproximado del 1,5 % del PIB”, describió el FMI.
La advertencia figura en el staff report que el organismo dio a conocer al aprobar la primera revisión técnica del programa y desembolsará US$ 2000 millones, pese a que la Argentina no logró cumplir a meta de acumulación de reserva previsto para mediados de junio.
Con obediencia debida, finalmente el presidente Javier Milei finalmente firmó este sábado los vetos a las leyes de aumento a jubilados y de emergencia en discapacidad, normas que habían sido aprobadas semanas atrás por el Congreso. Según informó NA, la publicación en el Boletín Oficial se concretará el lunes, cumpliendo con los plazos legales.
Con esta movida, el Ejecutivo abre un nuevo capítulo de alta tensión política, ya que la oposición ahora deberá reunir dos tercios de los votos en ambas cámaras para insistir con la sanción original. La batalla clave se dará en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo apuesta a que la oposición no logre ese número.
Maniobra dilatoria y promesas a cambio de votos
Desde el entorno presidencial reconocen que la demora en la firma del veto no fue casual. El Gobierno optó por dilatar el trámite para evitar que el tema volviera de inmediato al recinto, donde podría enfrentar una derrota legislativa. En paralelo, La Libertad Avanza abrió una ronda de negociaciones con gobernadores y bloques provinciales aliados.
Las conversaciones incluyen ofrecimientos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y acuerdos político-electorales a futuro. El objetivo es sostener el rechazo a las leyes vetadas, especialmente en Diputados, donde el oficialismo tiene mayor capacidad de tejer alianzas parlamentarias.
El argumento central del veto es fiscal. Milei ya había advertido que vetaría cualquier iniciativa que implicara un aumento del gasto público, en línea con su objetivo de alcanzar el déficit cero. El Ejecutivo calificó ambas leyes como “inviables” desde el punto de vista presupuestario.
¿Qué decían las leyes vetadas?
Recordemos que con 142 votos a favor, la Cámara Baja había dado la media sanción al incremento del 7,2%. La votación había mostrado un panorama variado en el Congreso. Unión por la Patria aportó 93 votos afirmativos, mientras que Encuentro Federal sumó 13, Democracia para Siempre 9, la Coalición Cívica 6 y el Frente de Izquierda 5. También se sumaron votos de diputados independientes como Sergio Acevedo (Por Santa Cruz) y Lourdes Arrieta (Transformación).
En tanto, en el radicalismo mendocino, el diputado nacional Julio Cobos había votado a favor del aumento de los jubilados y el respaldo urgente que necesitan las prestaciones básicas en cuanto a discapacidad… mientras que el cornejismo, representado en el Congreso por Lisandro Nieri y la «renueva» candidata Pamela Verasay, se abstuvieron! Agendalo, cuyano!
La nueva fórmula de movilidad jubilatoria, promovida por el peronismo y sectores dialoguistas, contemplaba aumentos mensuales atados a la inflación y a la evolución salarial. Además, fijaba un piso mínimo garantizado que superaba el actual sistema de actualizaciones por decreto.
En cuanto a la ley de emergencia en discapacidad, la norma buscaba restablecer prestaciones básicas, transporte y atención integral, frente al deterioro del sector por falta de pagos. Fue impulsada por distintos bloques tras el reclamo de organizaciones sociales y padres de niños con discapacidad.
El Congreso, nuevo campo de batalla
Ahora la pelota está en la cancha de Diputados, donde la oposición necesita alcanzar mayoría especial para revertir el veto. Aunque hay descontento en algunos bloques provinciales, el oficialismo confía en retener los votos clave con el respaldo de algunos aliados fluctuantes.
Mientras tanto, diversas organizaciones civiles anticiparon que realizarán movilizaciones frente al Congreso, en reclamo de una solución inmediata. El malestar crece entre sectores sociales que habían celebrado la aprobación de ambas leyes y que ahora se sienten defraudados.
