La reciente adquisición del 12,7% de Challenger Gold por parte del magnate Eduardo Elsztain, líder del grupo inmobiliario IRSA, «titiritero» de Javier Milei, que ahora compró el canal TELEFE, marca un capítulo significativo en la historia de la minera argentina. Con una inversión de más de 6,6 millones de dólares, Elsztain reafirma su intención de consolidar su posición en el lucrativo sector aurífero. Sin embargo, esta maniobra empresarial no está exenta de controversias. Bajo el paraguas de un gobierno que aboga por la desregulación y los beneficios fiscales a grandes inversiones, como el de Milei, el avance del capital privado amenaza con profundizar las desigualdades y la dependencia económica de regiones como San Juan en Argentina
El proyecto Hualilán, situado en San Juan, ha sido promocionado como una «tierra de oro» por su riqueza mineralógica. Con una estimación de recursos de 2,8 millones de onzas de oro equivalente (AuEq), el yacimiento se presenta como uno de los más prometedores de Argentina. Elsztain, quien también controla la planta de procesamiento Casposo en la misma provincia, ha cerrado acuerdos clave para garantizar el flujo de material aurífero hacia esta instalación. El empresario pretende generar un flujo de caja inmediato gracias al alto precio internacional del oro, que actualmente supera los 2.500 dólares por onza.
Según los términos del acuerdo, Casposo procesará 150.000 toneladas anuales de mineral proveniente de Hualilán, mientras que la planta será remodelada con un préstamo de 7 millones de dólares otorgado por el Banco San Juan. Esta simbiosis entre recursos naturales, financiamiento local y capital privado parece una estrategia perfecta para maximizar ganancias. Pero ¿quién realmente se beneficia de esta bonanza extractivista?
La nueva pieza del entramado, cediendo el agua de Mendoza a Elztain
En medio de este entramado de saqueo minero, es necesario avanzar con una pieza fundamental: el agua… y que mejor que tentar a Sergio Marinelli en este gran negoción sin importar las consecuencias que traerá para el futuro de la calidad de vida de los mendocinos.
Es así que el hombre de Alfredo Cornejo, Sergio Marinelli, superintendente del Departamento General de Irrigación de Mendoza y «Gobernador del Agua de Mendoza», entregó nueve permisos de agua en zonas restringidas a empresarios ligados al poder. Uno de ellos, es el empresario mileísta Eduardo Elsztain (a través de su empresa CRESUD S.A.), aquel que alojó al luego presidente durante más de dos meses en el Hotel Libertador, de su propiedad. Los otros permisos fueron para Chimpay La Rioja S.A. -del empresario coreano Young Woo-, Grappolo S.A. -una bodega- y Pedro García Mateo.
Los pozos fueron autorizados en febrero de 2025, en la Subcuenca El Carrizal – margen derecha del río Mendoza (acuífero ya vulnerado por los pasivos ambientales generados por la refinería de YPF en Luján de Cuyo), en la localidad de Agrelo, una zona declarada en restricción en agosto de 2024 mediante la Resolución 1108, firmada por el mismo funcionario. La decisión contradice informes técnicos, jurídicos y científicos que recomiendan mantener la limitación para extraer agua de un acuífero considerado vulnerable.
Pese a su propia decisión, seis meses más tarde, Marinelli a través de la Resolución 125, autorizó los permisos para perforar basándose en que existe disponibilidad en los volúmenes remanentes.
El detalle de los permisos de perforación en las zonas con restricción denunciados es:
- Cresud SAFICyA (de Eduardo Elsztain), con 5 pozos para regar 424 hectáreas.
- Chimpay La Rioja S.A., (de Young Woo), con 2 pozos para 150 hectáreas en el emprendimiento Santa María de Los Andes.
- Grappolo S.A., de Walter Bressia (presidente de Bodegas de Argentina), con 1 pozo para uso industrial y recreativo.
- Pedro García Mateo, con 1 pozo para 18 hectáreas.
Como en cualquier territorio, el agua es un bien común esencial y su gestión es fundamental para la vida, más aún en una provincia con un clima árido y semiárido. A lo largo de la historia, incluso antes de la Colonia lo hizo la población originaria huarpe -despojada de este bien-, los pobladores supieron generar los denominados oasis, recurriendo al agua proveniente principalmente de las nieves derretidas de la cordillera de los Andes, almacenada en embalses y distribuida a través de una red de canales e infraestructuras hídricas. Hoy el agua es un elemento vital para la extracción minera.
Saqueo en bandeja
El gobierno de Javier Milei ha establecido un clima favorable para este tipo de inversiones a través del Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI). Este esquema ofrece exenciones fiscales y beneficios a empresas extranjeras y locales dispuestas a explotar los recursos del país. Mientras tanto, las comunidades locales y los trabajadores enfrentan condiciones laborales precarias y un deterioro ambiental irreversible.
El caso de Hualilán no es una excepción. Aunque se promueven cifras optimistas de empleo y desarrollo, los históricos patrones extractivistas en Argentina muestran un panorama diferente: contaminación, sobreexplotación de los recursos naturales y una participación mínima de las comunidades en las ganancias generadas. La historia parece repetirse, ahora con Elsztain como protagonista y el gobierno de Milei como facilitador.
Hualilán es presentado como una oportunidad para diversificar la economía de San Juan, pero detrás de los números dorados se oculta una realidad más sombría. La planta de Casposo, reactivada con financiamiento local, ya ha enfrentado cuestionamientos por su impacto ambiental. La promoción de «empleos directos» no compensa la pérdida de otras actividades productivas tradicionales que quedan relegadas o destruidas por la contaminación del agua y el suelo.
Además, el control de las ganancias sigue concentrándose en manos de grandes corporaciones y figuras como Elsztain. La distribución de regalías mineras y beneficios económicos apenas toca las bases sociales de la región, perpetuando una dependencia que debilita las economías locales. Las comunidades siguen siendo observadoras pasivas mientras el oro, un recurso no renovable, es extraído y exportado a mercados internacionales.
La complicidad del gobierno de Milei en el fortalecimiento de estas dinámicas de saqueo es innegable. Bajo su mandato, la regulación ambiental ha sido flexibilizada, y las voces críticas de las comunidades han sido sistemáticamente desoídas o reprimidas. El discurso de «libertad económica» del presidente no es más que un eufemismo para justificar la entrega de los bienes comunes a los intereses del capital privado.
El avance de proyectos como Hualilán plantea preguntas fundamentales sobre la soberanía económica y ambiental de Argentina. ¿Cómo es posible que un país rico en recursos naturales continúe atrapado en la trampa del subdesarrollo? La respuesta radica en la falta de voluntad política para transformar el modelo extractivista en uno que priorice el desarrollo integral y sustentable.
La apuesta de Eduardo Elsztain por el proyecto Hualilán no es más que una pieza más en el engranaje del saqueo sistemático de los recursos naturales de Argentina. Mientras las comunidades locales soportan los costos ambientales y sociales, las grandes fortunas celebran un sistema que perpetúa las desigualdades. El gobierno de Javier Milei, lejos de ser un mediador justo, se ha convertido en cómplice activo de esta dinámica.
¿Es este el futuro que queremos para nuestro país? La respuesta exige una revisión profunda de las políticas extractivistas, un compromiso real con el desarrollo sostenible y una defensa activa de los derechos de las comunidades afectadas. De lo contrario, el oro de San Juan seguirá brillando solo para unos pocos.
