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Tras siete décadas de conflicto por el Río Atuel, la Corte Suprema de Justicia ordena a Mendoza acordar con La Pampa el manejo de aguas y este lunes ya se aceleran las gestiones

Tras siete décadas de conflicto por el Río Atuel, la Corte Suprema de Justicia ordena a Mendoza acordar con La Pampa el manejo de aguas y este lunes ya se aceleran las gestiones

Tras siete décadas de conflicto por el Río Atuel, la Corte Suprema de Justicia ordena a Mendoza acordar con La Pampa el manejo de aguas y este lunes  ya se aceleran las gestiones
diciembre 04
00:01 2017

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó a las provincias de La Pampa y Mendoza que, con la participación del Estado Nacional, presenten un plan de obras para el uso de las aguas del Río Atuel, tras rechazar la defensa de cosa juzgada planteada por el gobierno mendocino, ya que ahora existe un “problema ambiental”.

El máximo tribunal fijó un plazo de 120 días para que se presente, para su aprobación, un plan tendiente a la ejecución de tareas para la solución del conflicto que mantienen ambas provincias.

Además, por mayoría, la Corte dispuso que en el plazo de 30 días se fije un caudal hídrico apto para la recomposición del ecosistema que resultó afectado en el noroeste de La Pampa.

El gobernador de La Pampa, Carlos Verna, destacó que el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el aprovechamiento del río Atuel, motivo de disputa con Mendoza, es “un paso fundamental” para revitalizar la tierra pampeana.

“Los pampeanos logramos que la Corte Suprema de Justicia dé un paso fundamental para la revitalización de nuestra tierra, mediante la creación del Comité Interprovincial del Atuel inferior”, formado por La Pampa, Mendoza y el gobierno nacional, publicó en su perfil de Facebook.

Verna celebró así el fallo dictado el viernes por la Corte Suprema para resolver el conflicto que hace siete décadas mantenían La Pampa y Mendoza por el uso de los recursos del Atuel. “Yo soy uno más, entre todos los pampeanos, que ha transcurrido su vida sabiendo que los derechos de su provincia fueron violados. Venimos denunciando y luchando porque a La Pampa le robaron un río: le robaron el Atuel”, manifestó el mandatario pampeano.

La Corte indicó que programa de ejecución de obras deberá elaborarse en el marco de la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI), por ser el organismo creado por las propias provincias interesadas para dar respuesta al conflicto.

La decisión fue tomada en la demanda que La Pampa promovió contra Mendoza, en cuyo marco hace algo más de cinco meses hubo una audiencia “de conciliación” en la que cada una de las partes mantuvo sus posturas.

Según el voto mayoritario, del presidente Ricardo Lorenzetti y los ministros Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, el programa deberá contemplar alternativas técnicas por las particularidades del río, los costos de la construcción de las obras y su modo de distribución entre los tres Estados.

También deberá prever el aprovechamiento de los beneficios, las necesidades de las poblaciones vecinas, la defensa del acceso al agua potable, la participación de las comunidades originarias radicadas en la región y la actividad económica productiva.

Previo a expedirse sobre el fondo de la cuestión, la Corte admitió su competencia en la causa y rechazó la defensa de cosa juzgada planteada por Mendoza, cuyos representantes dijeron que se trataba del mismo tema en el que la Corte ya se pronunció en 1987.

La Pampa, que formuló la demanda invocando “el derecho humano al agua”, reclama el “cese del daño ambiental” que, según manifestaron sus autoridades en aquella audiencia, le provoca desde hace décadas Mendoza con el “uso abusivo” del río y una indemnización por los perjuicios que asegura haber sufrido.

“A La Pampa le robaron un río”, afirmó en aquella ocasión el gobernador pampeano, Carlos Verna, en tanto que las autoridades de Mendoza, entre ellas su gobernador, Alfredo Cornejo, dijeron estar dispuestas a una negociación “de buena fe”, que “atienda los intereses de ambas partes”, porque “no se puede distribuir lo que no hay”.

Al contrario de lo que manifestaron las provincias, la Corte concluyó ahora que el conflicto entre las provincias es distinto al que resolviera hace 30 años, ya que ahora existe un problema ambiental que debe superar el modelo “dominial” y los recursos naturales son “interdependientes” y deben ser cuidados de manera integrada.

Destacó, también, que debido a compromisos internacionales la Argentina debe otorgar prioridad a la lucha contra la desertificación y a mitigar los efectos de la sequía de acuerdo a la capacidad de cada Estado.

Sobre ese punto, marcó la “obligación” del Estado Nacional de destinar recursos para combatir la sequía grave o desertificación, con una visión que comprenda toda la cuenca del río, porque “la solución del caso requiere la adopción de medidas” que no se limiten a cuestiones de jurisdicción territorial.

El ministro Carlos Rosenkrantz, en minoría, consideró que, como en el caso no se había producido prueba sobre los hechos expuestos en la demanda, es “prematuro” adoptar medidas que, para ser justas y eficaces, requieren mayor información sobre la naturaleza, extensión y causas de los daños ambientales invocados por La Pampa.

En esta semana, el mandatario pampeano se reunirá con los técnicos de la UNLPam. Cornejo propondrá que las reuniones se hagan en Buenos Aires y que cuenten con un veedor de la Corte. En Mendoza también festejan el fallo.

Urgidos por los apretados tiempos que dispuso la Corte Suprema de Justicia, pero sobre todo por la oportunidad histórica que se abrió con el fallo del viernes, el gobierno pampeano comenzará mañana lunes una intensa agenda de movimientos para llevar a los hechos el mandato de rearmar la CIAI, determinar el caudal ecológico que le corresponde a La Pampa y diagramar el plan de obras a desarrollar. Mañana también, según diarios mendocinos, el gobernador Alfredo Cornejo intentará el primer contacto con Verna, vía telefónica.

Esta decisión tomó por sorpresa a los productores agrícolas que se abastecen del agua del Atuel, quienes entienden que actualmente el agua ya es escasa y ante esta determinación judicial, unos 6.000 chacareros podrían verse perjudicados en su actividad.

Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria en la zona Cuyo, se mostró alarmado por la rápidez con la que se analizó un conflicto que tiene gran complejidad en sus aspectos técnicos e históricos, que deberían haber sido estudiados con más profundidad.
“Están hablando de caudales mínimos pero no sabemos concretamente de dónde van a sacar el agua. Nosotros estamos atravesando varios años de la falta de este recurso, no se qué vamos a entregar”, dijo quien fue uno de los expositores en la audiencia informativa que fijó la Corte para dirimir en este pleito.

Achetoni manifestó que los usuarios del agua del Atuel están preocupados y están analizando el fallo para dimensionar las consecuencias y llegar a los organismos provinciales y plantear las desventajas.
“Nosotros vamos a ser los principales damnificados. Si esto llega a concretarse vamos a ser los que después vamos a tener que pedir un resarcimiento”, advirtió.

 

En La Pampa todos muy conformes con el Fallo

 

El procurador general de Rentas pampeano, Hernán Pérez Araujo remarcó este sábado la importancia que tuvo en el fallo de la Corte la audiencia en la que La Pampa pudo hacer valer sus argumentos en la demanda contra Mendoza por el corte del Río Atuel.

“El fallo de la Corte es de trascendencia vital, un hito en la lucha que La Pampa viene llevando adelante, en soledad, desde hace décadas”, afirmó a El Diario de La Pampa.

Dijo que desde el gobierno Provincial “esperábamos una resolución, para eso trabajamos, y esa fue la sensación con la que nos quedamos. No solo el equipo que participó de la audiencia del día 14 de junio, sino todos los pampeanos una vez concluida esta”.

“Creo que las posiciones volcadas allí fueron claras. La de La Pampa, por su lado, planteando cabalmente que este reclamo es de toda una provincia, de toda una comunidad, en defensa del ambiente y del derecho humano al agua; y la de Mendoza, por otro, con una visión sesgada y economicista, planteando un derecho de apropiación de un recurso que, como bien lo dice la Corte ahora, es, como parte del ambiente, de pertenencia comunitaria, de uso común e indivisible. Mendoza siempre puso énfasis en que no hay oferta hídrica. La Corte, dando por probada la desertificación del territorio pampeano, entiende que la demanda de agua en condiciones de reparar el ecosistema de nuestro oeste, excede incluso los límites geográficos e institucionales, siendo un deber no solo de las provincias sino del Estado Nacional asegurarlo”, analizó.

Para Pérez Araujo “la importancia de la audiencia para arribar a esta resolución ha sido mayúscula”. “Creo que el hecho de que hayan estado presentes todas las fuerzas políticas de nuestra provincia, oficialismo y oposición, en defensa de los intereses de todos los pampeanos, fue una demostración no solo de fuerza, sino también de cohesión política en la temática, que es una cuestión de Estado fortalecida además por la presencia de los exgobernadores.

Más allá de las cuestiones jurídicas, la presencia y el discurso del gobernador en la audiencia fueron elocuentes. Recordemos que le dijo, no solo a los miembros de la Corte sino a toda la Nación, que a La Pampa le robaron un río. La vehemencia de esas palabras quedó vibrando, y de algún modo, hoy se ven reflejadas en el fallo: la Corte nos está restituyendo el río robado”, afirmó.

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